En el informe que hace un par de semanas presentó Amnistía Internacional, se realiza un análisis que toma como parámetros la concentración de protestas y el número de muertes por represión, teniendo como referencia la base de datos de la Defensoría del Pueblo de Perú.
Las cifras y el análisis que desarrolla Amnistía Internacional deberían interpelarnos como sociedad. ¿Qué dice el informe? Un primer dato es que el número de posibles muertes arbitrarias por la represión estatal se encuentra concentrado de manera desproporcional en regiones con población mayoritariamente indígena.
Además, se subraya que, mientras los departamentos o regiones con población mayoritariamente indígena apenas representan el 13% de la población total de Perú, estos concentran el 80% de las muertes totales registradas desde el inicio de la crisis. No hay que olvidar que en Juliaca, Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población quechua y aymara, el pasado 9 de enero, en un solo día, fueron asesinadas 17 personas en un contexto de la represión policial.
Viendo estas cifras, cómo no volver a pensar en el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003), en el que, precisamente, se señalaba hace 20 años que en regiones como Ayacucho, Apurímac, Huancavelica, Puno y otras vecinas, “se concentró el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país”. El mismo informe también subraya las enormes fracturas sociales que existieron y que, a todas luces, todavía siguen existiendo en nuestra sociedad; así como la evidente relación que se produjo entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia y; a las desigualdades de índole étnico-cultural que predominan en el país: “la tragedia nunca fue asumida por el resto del país, el cual se ha mantenido ajeno al conflicto, demostrando un velado racismo”(1).
Transcurridos 20 años del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y 40 años de la violencia que golpeó el país, pareciera que nada sustantivo ha cambiado. Como señala José Carlos Agüero, “hay cosas que están ahí y que no hemos querido tomar en serio”(2). “¿Qué esperaban las élites del país que suceda con esa población a la que se ha denigrado y estigmatizado? ¿Qué se quede sentada?”.
Es el continuum de la violencia. Es también el continuum del racismo y la exclusión. De la manera cómo resolvamos esta crisis va a depender si en el Perú se abre un proceso que permita comenzar a cerrar las enormes brechas que arrastramos, desde una perspectiva de inclusión y de reconocimiento de derechos o, por el contrario, entramos a una nueva espiral de autoritarismo, violencia y dictadura.
Fuente: Noticias SER.PE
