Abogado especialista en derecho electoral, Fernando Velezmoro, opina sobre inscripción del partido A.N.T.A.U.R.O.
En medio de la polémica generada por la inscripción del partido político Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), que lleva las iniciales de Antauro Humala, el abogado especialista en derecho electoral, Fernando Velezmoro, indicó que el Congreso de la República tiene un papel clave para introducir cambios en la norma vigente a fin de que personas condenadas por delitos contra el Estado no postulen en futuros procesos electorales.
En diálogo con El Poder en tus Manos de RPP, Velezmoro consideró que estos cambios podrían impedir que personajes como Antauro Humala, condenado en el 2009 los delitos de homicidio simple, secuestro, daños agravados, sustracción o arrebato de arma de fuego y rebelión, postulen a cargos de elección popular. Ello, al considerar que sentenciados por infringir el sistema democrático “han demostrado con su conducta que no creen” en la forma democrática de gobierno.
“Creo que el Congreso de la República tiene la responsabilidad de introducir las modificaciones legales que, en mi opinión, no permitan que personas que han cometido ciertos delitos, vinculados a infringir los principios del sistema democrático, como los delitos de rebelión, sedición o delito de corrupción de funcionarios, no puedan participar en procesos electorales”, señaló.
Inicialmente, el hermano del expresidente Ollanta Humala fue sentenciado a 25 años de cárcel por el caso ‘Andahuaylazo’. Luego, en el 2011, la Corte Suprema redujo la sentencia a 19 años. Finalmente, fue liberado a fines de agosto del 2022 después de que el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aceptara su solicitud para acceder a la redención de pena y tras haber purgado 17 años, 17 meses y 14 días en la cárcel.
Velezmoro señaló que el Parlamento cuenta con tiempo suficiente de cara a las elecciones generales del 2026 para “asegurar que personas, que han infringido la ley y que han cometido delitos contra el Estado, no puedan participar, aún cuando tienen el derecho a la resocialización y a la rehabilitación una vez transcurrido su pena”.
