Investigadora principal del Grupo de investigación Urbes Lab
El 5 de noviembre pasado, un equipo periodístico destapó un secreto a voces en la academia peruana: la existencia de un mercado de compra y venta de coautorías en investigaciones científicas. Si le sumamos las diversas denuncias de compra de tesis, plagios de tesis, o tesis inventadas para obtener grados académicos y títulos profesionales, no solo de ciudadanos de a píe, sino de autoridades como presidentes, congresistas, gobernadores regionales, fiscales, y un largo etcétera, nos damos cuenta del paupérrimo estado de una gran parte de la academia peruana. En esta columna reflexiono sobre la normalización de estas prácticas y sus posibles causas.
La historia de la universidad peruana a lo largo del siglo XX está llena de desafíos para asegurar su calidad. La reforma universitaria empezada en Córdoba en 1918 caló en el Perú como una primera reforma con halo democratizador, pero no necesariamente aseguraba la calidad de la educación universitaria, pues la escasez de recursos materiales y favores políticos imperaba en las universidades peruanas. En muchas universidades públicas la plana docente fue integrada no por sus méritos académicos, sino más bien atendiendo a sus relaciones políticas (Lynch, 2005), situaciones que dan cuenta de la poca preocupación del Estado por incrementar la calidad de la educación superior. Salvo contadas excepciones, se instaló un ambiente de mediocridad educativa.
Para la década de 1990, con el giro neoliberal impulsado por el gobierno de Fujimori, el Estado peruano intensificó su retirada en la provisión de derechos fundamentales como la educación. Por un lado, se permitió que el sector privado ofreciera el servicio de educación universitaria sin mayor control de calidad, así, la educación como negocio tuvo su mayor auge con la creación de las universidades “chicha” (Lynch, 2019), universidades donde no se aseguraba la calidad educativa pero sí la expedición rápida de títulos universitarios y grados académicos. Gran parte de los docentes que enseñan en universidades en todo el país son producto de este tipo de educación. Por otro lado, se estableció el bachillerato automático restando importancia a la investigación como práctica formativa. Se instauró la idea de que las tesis de bachillerato eran una limitación para alcanzar los títulos profesionales, de ahí que se establece el grado de bachiller como un mero trámite administrativo al culminar los estudios de pregrado, omitiendo que es el primer grado académico que debe obtenerse luego de que los y las estudiantes demuestren que tienen capacidad crítica y analítica con la elaboración y ejecución de una tesis, en cualquier campo de especialización.
En términos de recursos materiales, a pesar del considerable crecimiento económico de las dos últimas décadas, el Perú solo destina el 0.08% del PBI a la investigación (CONCYTEC, 2017), cifra muy por debajo de países vecinos como Colombia (0.25%) o Brasil (1.24%) y este poco presupuesto se destina mayoritariamente a investigaciones aplicadas y de desarrollo experimental, dejando relegada la investigación en ciencias sociales, humanidades y artes. Es decir, hay poco dinero para apoyar la investigación en el país y la creencia de que hay investigaciones que sirven y otras que no mucho. Sin embargo, las universidades públicas que se ubican en regiones mineras reciben recursos obtenidos por canon, sobre canon y regalías por la explotación de sus recursos minerales. Ancash, Arequipa, Tacna e Ica son las que reciben mayores recursos, pero entre el 2012 y 2021 solo han logrado ejecutar el 39% del total del presupuesto destinado a fomentar la investigación, mejorar la infraestructura y promover la transferencia tecnológica (El Peruano, 2022). Entonces, si bien se entiende las limitaciones de algunas universidades públicas por no contar con recursos suficientes, ¿qué explica que la situación no sea muy distinta en las universidades públicas y privadas donde sí existen recursos?
Con el riesgo de simplificar la respuesta, y con base en la breve historia de la educación universitaria descrita en los párrafos anteriores, considero que el factor más importante que explica el bajo nivel académico y la muy limitada producción científica de las universidades peruanas es la falta de preparación de los docentes en su propia disciplina y en enfoques metodológicos y éticos para desarrollar investigaciones. Por su puesto no es un problema individual, es el resultado de décadas de agonía educativa de las universidades públicas y la gran mayoría de universidades privadas, donde no solo falla la calidad educativa, sino las lamentables condiciones laborales que se les ofrece a los docentes –salarios bajos, contratos temporales, etc.– Esto, entre otros efectos, ocasiona que la práctica docente universitaria se vea como un trabajo extra a otros ejercicios profesionales, lo que conlleva a que los docentes no se preparen adecuadamente ni actualicen sus conocimientos y en las aulas formen a profesionales con poca capacidad de análisis, reflexión y pensamiento crítico. Un círculo vicioso que no va a desaparecer en el corto plazo.
A pesar de los esfuerzos reformadores de la nueva Ley Universitaria que entró en vigor en el 2017 y la SUNEDU, que exigen mejorar la producción científica en las universidades, ¿cuánto se puede hacer si no hay docentes preparados para alcanzar estas métricas? Al verse acorraladas, las universidades públicas y muchas privadas empezaron a ofrecer incentivos para que sus docentes publicaran en revistas indexadas. El “publicar o perecer” se volvió un mandato para todas las personas que se desempeñan en el mundo académico peruano, tal como ocurre en otros espacios académicos en el mundo. Los rankings internacionales –el mercado académico– impulsa un tipo de competitividad agresiva, que en países como Perú donde hay poca formación en investigación, el incentivo para investigar se transforma en la creación de un mercado de venta de publicaciones que permite elevar al estatus de investigador a cualquier persona que pueda pagar por aparecer en la publicación.
En resumen, la academia “bamba” no refleja a un puñado de inescrupulosos docentes universitarios, sino que deja al descubierto los graves problemas de calidad, ética y formación del sistema educativo universitario peruano. Urge que las políticas públicas se direccionen, por un lado, al monitoreo de la calidad educativa universitaria más allá de los rankings universitarios y publicaciones, para asegurar que la enseñanza impartida en las aulas corresponda a los altos estándares que se pretende lograr, dejando de lado también los intereses de los grupos de poder detrás del negocio de la educación que buscan contrarrestar las reformas –aunque no perfectas– que se ha iniciado con la SUNEDU. Y por otro lado, al fortalecimiento y necesaria renovación de la plana docente de las universidades públicas, lo que incluye (i) adecuadas condiciones laborales para atraer profesionales altamente capacitados que puedan contribuir a mejorar la producción científica; e (ii) inversión para el desarrollo de investigaciones que cumplan estándares metodológicos y éticos; con objetivos útiles para entender nuestra realidad nacional y, por su puesto, ayudar al desarrollo tecnológico y productivo del país.
