Otra práctica cultural acaso más importante que la gastronómica para la convivencia democrática se ubica, curiosamente, en los niveles de exigencia opuestos: nuestro consumo mediático. Al ir al cine, encender la televisión o leer una noticia, los niveles de exigencia de los peruanos parecen más bien nulos. Nos venden titulares de un homicidio con una voz de tráiler de película, nos entregan la cobertura de una noticia absolutamente sesgada o, incluso, somos testigos de sesgos racistas en una publicidad y a los usuarios nos da lo mismo. No decimos nada.
Hace poco el actor Reynaldo Arenas se atrevió a cuestionar que el programa de Magaly Medina —epítome de nuestra oferta mediática— manifestado que no aporta nada bueno y solo recibió airadas respuestas de la audiencia sintetizadas en aforismos del tipo: “si no te gusta, usa tu control remoto”. Cabe preguntarnos, entonces, si la calidad de un medio de comunicación es un asunto de voluntad y gustos personales.
La Ley de Radio y Televisión, promulgada en 2004, no trajo consigo mecanismos que permitan monitorear y realizar un seguimiento adecuado a las quejas de los ciudadanos[1]. Según el Consejo Consultivo de Radio y Televisión (Concortv), creado por esa misma Ley, la mitad de los ciudadanos no tenemos idea de que es posible reclamar a los medios ni sabemos cómo hacerlo[2]. Que el espectro electromagnético por el que emiten sus señales sea público, a nadie le significa nada. No hiere. No interpela. No cuestiona. La calidad de los contenidos mediáticos no es entendida como un derecho irrenunciable en una sociedad democrática. La información, reconocida por la Unesco[3] como un bien público, es tratada en el debate político como una cuestión privada y accesoria. La calidad de los medios en el Perú no pasa de ser un discurso fatuo lleno de moralina y lugares comunes. No somos con los medios de comunicación esos comensales pesados y exigentes que tienen las herramientas para emitir un juicio sobre el sabor y calidad de los platos, o elaborar una alternativa a nuestra discrepancia. Más bien, nos hemos autoasignado el papel de una audiencia acrítica, consentidora y resignada, como si no fuera igual importante para la salud social diseñar filtros que nos permitan una interacción más sana con los contenidos producidos desde los medios.
Analfabetismo mediático: ¿con qué se come?
El punto de partida para entender la relación entre las audiencias y los medios de comunicación es el concepto de mediatización. Desde este, los medios son comprendidos no solo como inocuos canales de información o herramientas didácticas para una clase escolar, sino como actores sociales centrales cuya presencia en nuestra vida es permanente y relevante. Vivimos mediatizados porque discutimos sobre la información que nos ofrecen los medios y porque el enfoque con que presentan esa realidad termina, en buena medida, modelando una forma particular de ver el mundo. Desde hace poco más de un par de décadas, con la aparición de plataformas digitales de intercambio de información (blogs, comunidades virtuales, y ahora medios sociales como Facebook o Youtube), nuestra relación con los medios se hizo más compleja aún, sacándonos del rol de receptores para convertirnos también en productores de contenido. Este cambio en nuestro estatuto como usuarios de medios encendió nuevas alarmas en relación al rol que juega en una sociedad democrática el ecosistema informativo, ya no solo determinado por los grandes proveedores. Como dicen diversos especialistas, estas plataformas ya no solo reflejan lo social, sino que producen las estructuras sociales en las que vivimos[4].
Pero la preocupación sobre este tema no nace con las llamadas “redes sociales”. Ya en los tiempos donde el universo de medios tradicionales se contaba con los dedos de una mano (radio, televisión, prensa y poco más), organizaciones como la Unesco impulsaron en el mundo un cambio de paradigma. En 1982, por ejemplo, una Declaración de expertos convocados por esta entidad advertía que “los sistemas políticos y educacionales deben asumir las obligaciones que les incumben para promover entre los ciudadanos una comprensión crítica de los fenómenos de la comunicación”. Empezar a alfabetizarnos sobre los medios de comunicación implica, entonces, empezar a cambiar las estrategias de acercamiento desde los hogares y las escuelas. Por cierto, también demanda de los Estados tomar una actitud más clara respecto al papel que cumplen los medios y cómo promover entornos más sanos democráticamente hablando.
De esta manera, la Unesco creó el concepto la Alfabetización Mediática e Informacional (AMI) y la presentó como requisito esencial para la formación de ciudadanos. No hablamos aquí del aprendizaje de tecnologías para formar recursos humanos –también necesario–, sino de la adquisición de capacidades que nos permitan comprender mejor qué hay –siguiendo la analogía culinaria– en la “cocina de los medios”. Conocer cuáles son los ingredientes, sus propiedades y características, quiénes los venden y compran, cómo se cocinan y sirven y, también, claro, comprender por qué nos gustan tanto. Esta expansión del concepto típico de alfabetización que antaño aludía solo a los textos escritos, incluye hoy otras textualidades sonoras, visuales, táctiles y digitales, propias de los formatos e interacciones de los “nuevos medios”.
La idea del filtro crítico para seleccionar mejor información no debe entenderse como una cortapisa moral para dejar de consumir algún producto –culinario o mediático–, sino con el hecho básico de tomar consciencia sobre nuestros usos mediáticos y las consecuencias de nuestras decisiones. La consciencia de lo que implican nuestras decisiones podrán permitirnos mantener una dieta balanceada para intercambiar información o cualquier otro contenido disponible en un medio de comunicación de manera crítica, eficaz y creativa. Dado que nuestras decisiones, desde las más triviales hasta las más profundas, pasan por relacionarnos con estos contenidos que nos llegan por los medios, debería preocuparnos el asunto de formar estas capacidades lo antes y lo mejor posible.
Algunos avances se han conseguido en los últimos años en materia de verificación de información y contextos polarizados. El llamado fact-checking se ha convertido en una práctica promovida y adoptada por varias instituciones estatales y medios de comunicación, con el fin de dar una respuesta a la crisis de la desinformación[5]. Sin embargo, y a pesar de contar con evidencia de que esta práctica ha empezado a formar parte del modus operandi de los peruanos cuando consumimos información, se trata de un filtro tercerizado (no somos nosotros los que operamos estos filtros, sino otros de quienes dependemos para hacerlo).
El derecho a una formación crítica sobre los medios debe ocupar un lugar central en la mesa, pues los medios de comunicación y la calidad de sus productos impacta al problema de institucionalidad democrática
La pertinencia de la AMI es mayor en el actual contexto de desconfianza hacia los medios y desinformación. El Digital News Report 2022 del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, el informe de mayor prestigio mundial sobre el consumo de noticias a nivel global, concluye que la disminución de confianza en los medios en el mundo es sostenida, particularmente en el sector más joven, que se informa mediante contenidos distribuidos por plataformas como Facebook, Youtube, Instagram o Tiktok (que en apenas tres años ha quintuplicado su uso como medio informativo entre los jóvenes de 18 a 24 años): “Si bien la televisión es una fuente importante de noticias, la mayoría de las principales emisoras sufrieron declives este año, siguiendo tendencias más generales. Los peruanos son grandes usuarios de redes sociales; Facebook, YouTube y WhatsApp resultan las más utilizadas para consumir noticias”[6]. Del otro lado del espectro generacional, los adultos mayores, como hallamos en una investigación en curso en la Universidad de Lima[7], se sienten impelidos a compartir casi cualquier noticia que llega a ellos por los grupos de chat, con el afán de avivar su participación social. Dicho esto, la alfabetización mediática pasa por comprender las (nuevas) prácticas y usos que damos a los medios de comunicación, para diseñar a partir de ello un plan alfabetizador pertinente y efectivo. Pero también, y sobre todo, reside en el diseño de políticas públicas que se promuevan desde los estados. A diferencia del gusto sibarita, el gusto mediático debe ser formado con conocimientos, habilidades y actitudes desde la edad más temprana posibles
Un instrumento de la Unesco para diagnosticar el estado de preparación de un país para implementar iniciativas y políticas AMI, propone hacerlo separando tres niveles: uno mayor,donde se encuentran los tomadores de decisión de políticas públicas sobre medios e información; uno intermedio, donde están las instituciones educativas y otras organizaciones de la sociedad civil, y un nivel más personal, donde desarrollamos de forma sostenida capacidades críticas para usar los medios medios: desde saber nuestros derechos, hasta conocer cómo se produce la información, de qué fuentes viene, con qué intereses, cómo apela a nuestros sentidos y, en suma, cómo nos afecta.
La AMI en el Perú: ¿Una demanda sin oferta?
Desde hace algunos años, la Alfabetización Mediática e Informacional ha logrado colarse y encontrar un pequeño espacio en la mesa del debate público en el Perú. El enorme golpe provocado por el COVID-19 transformó abruptamente nuestras formas de interacción social y empujó debates postergados sobre el sentido de educarnos en tecnologías de información comunicación (conocidas por sus siglas TIC), tales como la radio, la televisión o una página web. Desde muchos sectores se puso en cuestión el sistema en su conjunto por su falta de conexión con las realidades y necesidades más concretas y urgentes ligadas a los medios. A pesar de que el Currículo Nacional (2017) ya reconoce la importancia de “educar en competencias TIC”, esto no se ha traducido en propuestas formativas que desarrollen capacidades socioculturales más complejas. Lo tecnológico parece aún demasiado atado a las habilidades técnicas, sin alcanzar el enfoque de derechos que nos permitirán –siguiendo la analogía culinaria– determinar cuál es el mejor contenido a consumir y compartir en nuestros entornos mediáticos más próximos.
La ausencia de una mención explícita sobre lo que implica la Alfabetización Mediática e Informacional en el Currículo Nacional o en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), choca con el interés que manifiestan los docentes y estudiantes peruanos[8]. En efecto, desde que la pandemia los empujó a usar las TIC para enseñar a distancia, los profesores se han visto cada vez más confrontados a cuestionar la mejor forma de emplear estas herramientas con sus alumnos, pero, sobre todo, persisten las dudas del impacto que estos tienen en la educación y en la vida de sus alumnos. Todo ello, sumado a una creciente confrontación a las realidades (y dificultades) asociadas a la sociedad digital – memes y redes sociales, pero también temas más delicados como el cyberbullying – hace que los docentes sientan una creciente necesidad de tocar temas de Alfabetización Mediática e Informacional con los estudiantes y entre sí.
En este mismo contexto, y por encargo de la Oficina en Perú de la Unesco, un grupo de consultores redactamos un informe que contó con la participación de especialistas de todo el país y servidores públicos de distintos sectores. Entre sus principales conclusiones, el informe señala que existe un amplio desconocimiento del término AMI, lo que impacta negativamente en la articulación entre iniciativas que la impulsan y en la falta de recursos para sostenerse en el tiempo. Desde luego, el desarrollo de la AMI exige que el país invierta lo suficiente en infraestructura digital para solucionar la brecha de accesibilidad que sufrimos. Además de excluir a un porcentaje importante de la población, esta carencia relega cualquier proyecto AMI bajo la excusa de que la prioridad debe ser resolver el problema de acceso. Finalmente, desde el punto de vista de actores relevantes —tanto los educadores desde las escuelas, como los comunicadores sociales desde los medios— tienen una misión imprescindible que no están cumpliendo: la formación de docentes. Si bien existen marcos normativos y documentos de Estado suficientes para permitir el despliegue de estrategias de alfabetización mediática (desde la Ley General de Educación hasta la Agenda Digital peruana, aprobada el 2022), no aparece aún la voluntad política.
El derecho a una formación crítica sobre los medios debe ocupar un lugar central en la mesa, pues los medios de comunicación y la calidad de sus productos impacta al problema de institucionalidad democrática. Por lo tanto, saber qué exigirles resulta vital para asumir el mismo rol del comensal exigente del que hablamos al inicio. Los peruanos no nos deberíamos conformar solo con el “derecho a comer rico”, mientras lo que producimos y consumimos a través de los medios de comunicación sigue causando conocidos y peligrosos niveles de indigestión.
Escrito por Revista Ideele N°308.
