En el escenario político actual del Perú, es evidente que los actores que manejan el gobierno, tanto desde el Congreso como desde el Ejecutivo, no comparten una visión homogénea ni un proyecto de nación unificado. Lo que los une no es un compromiso con el desarrollo del país, sino una coincidencia de intereses que les permite mantener el control sobre las instituciones del Estado. Este tácito acuerdo entre fuerzas políticas aparentemente dispares ha dado lugar a una peligrosa dinámica de cooptación de las instituciones, amenazando con consolidar un sistema que responde a los intereses de grupos ilegales, economías ilícitas y el crimen organizado.
La situación es alarmante. La falta de una visión compartida y el predominio de intereses particulares han llevado a una decadencia institucional que socava las bases del Estado de derecho. Si estos actores logran copar todas las instituciones, el Perú corre el riesgo de convertirse en un narcoestado, un escenario en el que las estructuras del poder político y económico estarían profundamente entrelazadas con actividades ilícitas. Este no es un problema futuro, sino una realidad que ya se vislumbra en la creciente influencia de la economía ilegal y el crimen organizado en la política nacional.
Frente a esta crisis, es urgente que las fuerzas sanas del país —aquellas comprometidas con la democracia, la transparencia y el bien común— asuman un rol protagónico. No basta con denunciar la corrupción o el avance de las economías ilegales; es necesario trabajar de manera responsable y coordinada para ofrecer una salida democrática que permita recuperar al país de la corrupción, el crimen y la ilegalidad.
Esta salida debe incluir, en primer lugar, la defensa irrestricta de las instituciones democráticas. Es imperativo fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas, garantizar la independencia del poder judicial y promover una reforma política que impida la captura del Estado por parte de grupos de interés. Además, se requiere una estrategia integral para combatir las economías ilegales y el crimen organizado, que incluya no solo medidas represivas, sino también políticas sociales y económicas que ofrezcan alternativas viables a las comunidades más vulnerables.
El Perú se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la posibilidad de caer en un narcoestado que perpetúe la corrupción y la ilegalidad; por otro, la oportunidad de reconstruir un sistema democrático que priorice el bienestar de todos los peruanos. Las fuerzas sanas del país tienen la responsabilidad histórica de liderar este proceso, trabajando de manera unida y decidida para recuperar la institucionalidad y devolver al Perú el camino del desarrollo y la justicia.
