Al momento de escribir esta columna, es inminente la llegada de la misión de observación de la OEA solicitada por el poder ejecutivo. Un resultado deseable por muchos es que dicha visita impulse una mesa de diálogo entre el ejecutivo, la oposición y la sociedad civil para implementar la salida de la crisis actual. Para ello recurramos a la historia, haciendo un análisis comparativo de lo sucedido aquel entonces (2000) y el presente.

EL CONTEXTO POLITICO

En el 2000 teníamos una crisis de la democracia misma, donde se evidenciaba un quiebre del estado de derecho por haberse roto la independencia de poderes y la vigencia de la ley, así como una sistemática violación de lo derechos humanos. Los poderes legislativo y judicial estaban totalmente a merced de la presidencia. La mayoría oficialista del congreso, logrado con amenazas, sobornos y prebendas obedecía las indicaciones de Vladimiro Montesinos. El resultado de las votaciones se dictaba por medio de mensajes electrónicos (bíper) que eran acatados sin dudas ni murmuraciones.  Los nombramientos de jueces y fiscales eran definidos por el SIN, y el PJ en el día a día era manejado por una comisión ejecutiva nombrada por el gobierno. La libertad de expresión no existía debido a que la mayoría de los dueños de los medios, especialmente la televisión abierta, estaban sometidos por medio de sobornos o amenazas.  Era una crisis de la democracia misma en la forma de una dictadura de baja intensidad.

La realidad hoy día es diferente. Contrariamente al 2000 no existe sometimiento alguno de un poder sobre otro. Es más, el gobierno ha invocado la Carta Democrática justamente alegando abusos en su contra por parte de los otros poderes y un Fiscalía de la Nación que, según la presidencia lo persigue injustamente. El meollo de la crisis es por un lado la corrupción claramente evidenciada en la misma presidencia de Pedro Castillo,  por los nombramientos de funcionarios incapaces resultado del cuotaje que el presidente efectúa con sus aliados en el congreso para evitar que se alcancen los votos para una vacancia y la consecuente incapacidad del ejecutivo a gestionar al menos mínimamente el estado.

Entonces mientras el 2000 era democracia y derechos humanos, hoy es la corrupción y la ingobernabilidad.

RESPALDO INTERNACIONAL

En el 2000 la posición crítica de la OEA en contra del gobierno de Alberto Fujimori contaba con el abierto respaldo de importantes miembros, destacando Estados Unidos y Canadá, Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la joya de la corona de la OEA condenaba al gobierno peruano por sus violaciones a los derechos humanos, destacándose la matanza de estudiantes en la universidad La Cantuta, y la aniquilación de ciudadanos inocentes en barrios altos. En ese entonces la OEA intervino con la amenaza de la aplicación de la resolución 1080 de la Asamblea General que dictamina medidas contra estados donde se interrumpe la democracia y el estado de derecho.

Hoy en día si algún sesgo se distingue en la Comisión Permanente de la OEA y su Secretario General, éste seria a favor del gobierno de Castillo. Hay que considerar que el Perú fue anfitrión de la Asamblea General de la OEA el presente año, y en la Comisión Permanente el Perú cuenta con el respaldo de países afines a la ideología de izquierda populista y polarizante de Pedro Castillo, tales como Chile, Argentina y Colombia. Otros piensan que lo hecho por la Comisión Permanente en lenguaje diplomático es acatar lo que explícitamente dicta la Carta Democrática en los artículo 17 y 18 invocados por el Perú y consecuentemente no existe sesgo alguno.

Sin embargo, lo que sería un indicio de una futura posición pública de los Estados Unidos, menciono la declaración del portavoz del Departamento de Estado Ned Price en el sentido que la rendición de cuentas es vital para una democracia: “Estamos dando seguimiento muy de cerca a la situación política de Perú y creemos que la rendición de cuentas es vital para un sistema político democrático”[1] , efectuada el mismo momento en que la Comisión Permanente de la OEA analizaba el caso peruano. Sin duda esta declaración no es casualidad, y más bien indica que para EEUU el caso peruano atenta contra la democracia misma, y podría tomar una posición más activa en el futuro próximo, como lo hizo el 2000 impulsando misiones al Perú.

EL ORIGEN

El año 2000, como es usual, en mayo del 2000 vino al Perú una misión de observación al proceso electoral donde Alberto Fujimori postuló por tercera vez, al amparo de una modificación del marco legal efectuado por el mismo Fujimori, considerado ilegítimo por muchos. Dicha misión presidida por el excanciller guatemalteco Eduardo Stein, en su informe final, a pesar de que no declaró vicios insalvables en el proceso mismo, puntualizó la ilegitimidad de las elecciones por el contexto que para la misma había creado el gobierno de Fujimori.

El informe elevado a la Comisión Permanente, con la oposición del Perú por parte de su representante Beatriz Ramacciotti mas con el apoyo de Estados Unidos y Canadá, se acordó que el tema sería tratado en la Asamblea General a realizarse en Windsor (Canadá) en Junio del mismo año. En dicha asamblea, EEUU y Canadá presionaron para tomar acción sobre la materia ante el crítico informe de Eduardo Stein y otro reporte de la CIDH en el mismo sentido. Dichos países a puerta cerrada lograron que Fernando de Trasegnies, canciller del Perú, acepte la venida de una misión de alto nivel. Así se acordó en la asamblea el envío de una misión para coadyuvar en el esfuerzo de la democratización del marco legal electoral y la división de poderes en el Perú, así como el restablecimiento de la libertad de prensa, entre otros.

En efecto, la a Resolución 1753 del 5 de Junio del 2000 resolvó lo siguiente: “Enviar al Perú de inmediato una Misión integrada por el presidente de la Asamblea General y el secretario general de la OEA con el fin de explorar, con el Gobierno del Perú y otros sectores de la comunidad política, opciones y recomendaciones dirigidas a un mayor fortalecimiento de la democracia en ese país, en particular medidas para reformar el proceso electoral, incluidos la reforma de los tribunales judiciales y constitucionales y el fortalecimiento de la libertad de prensa”[2].

Antes de la llegada de dicha misión, la OEA elaboró una agenda con la oposición peruana para tratarse en la misión de alto nivel. Así las cosas, la misión de alto nivel llega al Perú a fines de junio, con una abultada agenda de 29 temas a tratarse. El gobierno de Fujimori acepta la formación de mesas de diálogo del gobierno, la oposición y sociedad civil.

Como se distingue, el proceso para iniciar el diálogo abarcó desde mayo hasta agosto del año 2000, y fue posible por la voluntad de la OEA de avanzar rápidamente en el tema, involucrando la Asamblea General, con la posición activa de Estados Unidos y Canadá.

Se puede decir que hoy estamos en el primer paso, y a diferencia del 2000 no es una misión electoral quien inicial el proceso, más bien es una invocación a la Carta Democrática por el poder ejecutivo. Solamente si la misión que llegaría este noviembre toma una posición objetivamente neutral y consecuentemente reporta la contundencia de evidencia que existe contra el presidente Castillo, reconoce que la situación no es un intento vacador abusivo por parte de la oposición, distingue el vacío legal que existe en el Perú que no permite la solución del problema y asocia el problema actual como un peligro a la vigencia de la democracia podremos avanzar hacia una mesa de diálogo.

LOS ACTORES

El 2000 se constituye la mesa de diálogo con la participación por parte del oficialismo de una Comisión especialmente creada para esta materia (Comisión Presidencial para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas), los tres partidos oficialistas en el congreso (Cambio 90. Nueva Mayoría y Vamos Vecinos), por la oposición los 4 partidos en el congreso (Perú Posible, APRA, Acción Popular, Solidaridad Nacional y Avancemos) y por la sociedad civil la CONFIEP, CGTP, Defensoría del Pueblo, la Conferencia Episcopal Peruana, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Consejo por la Paz.

En el día de hoy los miembros tendrían que ser los adecuados para la circunstancia. Además del ejecutivo y el oficialismo y la oposición en el congreso habría que considerar al Poder Judicial y al Ministerio Público, y entidades de la sociedad civil conocedoras de los asuntos constitucionales y legales, entre otros (Colegio de Abogados, Facultades de Derecho, expertos en filosofía del derecho y mecanismos de interpretación y cambio de la Constitución)

Cabe mencionar que el año 2000, la oposición entre al diálogo manteniendo sus diferencias entre ellos como ocurre rutinariamente en el Perú, más ante la perspectiva de poder aprobarse en la mesa cambios constitucionales y legales los que serían aprobados tal cual por el congreso, se unieron en un solo bloque. Esta lección se debe aprender hoy, si se quiere llegar a buen puerto.

Si se llega a un planteamiento de diálogo, que muy posiblemente proponga la sociedad civil, se requiere de la aceptación expresa de los poderes del estado, lo que está por verse.

No es claro que Pedro Castillo al invocar la Carta Democrática haya tenido el horizonte el llegar a mesa de dialogo, y es posible que no acepte esa vía al no tener aliados fuertes para mandarlos como sus representantes, como si los tenía Fujimori (al iniciarse el diálogo, la popularidad de Fujimori bordeaba el 50% de la población, mientras Castillo tiene un 25%).

Por otro lado, el Congreso no se muestra muy dispuesto al diálogo puesto que son ellos a quienes se le impondrían una agenda legislativa detalladamente dictada por la mesa de diálogo. Dicho esto, siempre existe la posibilidad que el Congreso se vea impulsado a hacer lo pertinente en estas circunstancias por aparecer en el horizonte una mesa de dialogo que le recorte poder.

ENTORNO CAMBIANTE IMPACTA LAS MESAS DE DIÁLOGO

El 2000 al inicio del diálogo, Alberto Fujimori despachaba en palacio de gobierno como presidente, Vladimiro Montesinos estaba en el SIN. Posteriormente se hizo público el video Kouri-Montesinos que causó el anuncio del recorte del mandato de Alberto Fujimori, la huida y retorno al país de Vladimiro Montesinos, y finalmente la fuga de Alberto Fujimori, su renuncia por fax y su destitución por parte del congreso.

Este entorno cambiante modificó los objetivos del diálogo. Al inicio solo se hablaba de los cambios legales para restituir la separación de poderes y similares, para terminar, dando legitimidad al gobierno de transición ante la caída de Fujimori.

Si bien se llegaron a algunos acuerdos sobre cambios legales y constitucionales que fueren aprobados tal cual por el Congreso, ante la designación de Valentín Paniagua a la presidencia de la República la mesa de diálogo perdió su razón de ser puesto que Paniagua se dedicó a implementar las reformas que eran materia de la agenda del diálogo.

Pero esto no significa que la mesa de dialogo no sirvió. Al contrario, fue bastante útil en el proceso, pues constituyó entre otras cosas un puente sobre el cual se estructuró el régimen de transición de Paniagua. Por ello la intervención de la OEA y una eventual mesa de diálogo tienen el efecto promover que los mismos poderes del estado actúen para salir de la crisis.

De la reacción del congreso, que no se muestra dispuesto a efectuar las reformas requeridas por si solos, depende mucho la eficacia de la intervención de la OEA y una eventual mesa de diálogo. Mal haría el Poder Legislativo en no ser proactivo con la misión, mas bien deben prepararse para que la misión recoja la información objetiva requerida. Al respecto hay dos hechos preocupantes efectuados recientemente por el presidente del Congreso José Williams: el primero es haber enviado una comunicación al presidente del Consejo Permanente de la OEA incluyendo como único sustento la acusación al presidente Castillo de casi 400 páginas de la Fiscalía, lo que muestra que en realidad que a la fecha el Congreso no ha hecho nada al respecto, y. Segundo, el pedido al Tribunal Constitucional de resolver una consulta sobre el artículo 117 de la constitución cuando es sabido que el TC no absuelve consultas, por lo cual fue rechazado el pedido.

CONCLUSIONES

El camino a una mesa de diálogo puede ser algo largo, pero los que se van a sentar ante la misión de noviembre deben tener claros sus objetivos.

El oficialismo probablemente buscará que el informe sea impreciso, sin declaraciones objetivas, y termine siendo un difuso llamado a la calma y serenidad, aplacando las iras de la oposición, invocando a un diálogo interno que nunca se daría, buscando así que se dé una cohabitación con Pedro Castillo hasta el 2026.

La oposición deberá buscar que la misión vincule a la corrupción e ingobernabilidad actual como claros peligros para la democracia; que incluya la contundencia y objetividad de los argumentos de la Fiscalía que hacen insostenible la presidencia de Pedro Castillo (aunque no lo expresen exactamente así) y que reconozca que en el marco legal actual no se tiene normas como el “impeachment” presidencial que sería la salida a la actual circunstancia. Así sin necesidad de condenar o apoyar a ninguna de las partes, se abre la puerta para posteriores acciones conducentes a la restitución de la institucionalidad en los poderes del estado, donde no se descarta como la vía la salida de Pedro Castillo de la Presidencia de la República.

ULTIMO MINUTO

Al cerrar esta columna se anuncia la inminente llegada al Perú de la misión de la OEA.  El grupo estará conformado por los cancilleres de Argentina, Santiago Cafiero; Belice, Eamon Courtenay; Ecuador, Juan Holguín; Guatemala, Mario Búcaro y de Paraguay, Julio Arriola. También está integrada por los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil, y Costa Rica, Christian Guillermet. Asimismo, por Eladio Loizaga, ex canciller de Paraguay y representante de la Secretaría General de la OEA[3]

La presencia en la mision de los cancilleres de Argentina y Ecuador, así como la vicecanciller de Colombia es al menos incómoda, dada la afinidad de dichos gobiernos con el de Pedro Castillo, siendo todos populistas y polarizadores.

Mas el caso de Argentina es seriamente preocupante, puesto que su canciller Santiago Cafiero, peronista, está abiertamente defendiendo a Cristina Kishner acusada por corrupción por el poder judicial argentino, argumentando lo mismo que Pedro Castillo: persecución. Sería para el  gobierno argentino un gran precedente que la misión de la OEA proteja a Castillo, como antecedente para el caso de la señora Kishner. Es un conflicto claro de intereses que puede comprometer la neutralidad de la mision. Mas es un éxito de Torre Tagle en el servicio que le brinda a Pedro Castillo, pero muy malo para el estado de derecho en el Perú.