De las reacciones del gobierno en la última semana y de la entrevista que hoy publica El Comercio a la dictadora Boluarte se pueden sacar dos conclusiones. La primera: que no ha aprendido ninguna lección y está dispuesta a sostener el mismo discurso y, por tanto, la misma estrategia abusiva, autoritaria, racista y mentirosa. Las segunda: que la coalición que cogobierna está, por fin, quebrada. Y las grietas son su debilidad más fuerte.
La más importante conclusión, sin duda, es la segunda. La primera, me temo, es una constatación a la que ya estamos acostumbrados a estas alturas, pero no resignadas. Del “Puno no es el Perú” a no reconocer ningún error de su gobierno excepto “no estábamos preparados para una violencia de esta naturaleza” no hay realmente ninguna distancia. Sigue hablando de azuzadores ideologizados que “engañan” y manipulan a los y las peruanas demostrando nuevamente su racismo campante. Sigue denunciando como negativo que quienes protestan tengan demandas políticas en lugar de sólo sociales, quitándole el derecho de hacer política a quienes exigen su renuncia, el adelanto electoral o una nueva Constitución.
Sigue señalando que la culpa del proceso de movilizaciones es de Pedro Castillo quien, según ella, con sus consejos de ministros descentralizados sembró el caldo de cultivo para que el Perú se movilice. Como si el hecho de que por fin el Estado apareciera en determinados lugares del Perú fuera malo. Como si nuestros y nuestras compatriotas no supieran muy bien lo que significa que así como no respetan sus votos, no quieran respetar su voz a la hora de decidir cómo ha de gobernarse un país que es también suyo. Y, finalmente, el discurso de la víctima que nos recuerda a cada agresor que después de golpearte te dice “es que tú me has hecho reaccionar así”. Lo sabemos bien las mujeres, ¿verdad? En efecto, Dina Boluarte -y Otárola también en su respuesta al informe de la CIDH- demuestran que no han aprendido ni quieren aprender ninguna lección de este proceso y que la apuesta es seguir echando gasolina, despreciando a miles de peruanos y discriminando y terruqueando al incómodo.
Pero la segunda conclusión es la más importante. Tal vez la única importante. Una victoria -sí, victoria- de ese Perú movilizado que lleva dándonos lecciones de dignidad democrática desde diciembre del año pasado. Que Boluarte evidencie hacia afuera, públicamente, que son las FFAA y la PNP las que han actuado según sus “protocolos” y, por tanto, serían las responsables de lo que los informes internacionales califican como violaciones a los derechos humanos, es la evidencia más contundente que tenemos en los últimos meses de la grieta que se ha abierto en la coalición que gobierna. Y este dato no sólo no es menor, es fundamental.
Sabemos ya, desde diciembre, que el gobierno de Boluarte sólo podía sostenerse si lo hacía sobre el apoyo de los diversos poderes que, curiosamente, perdieron en 2021. Por un lado, en el poder político expresado en los escaños de ese Congreso de un dígito de aprobación y los partidos que así lo pactaron con ella. El apoyo de López Aliaga en Lima o Acuña en el norte también fueron claves para que con la constante desaprobación mayoritaria en el Perú, Boluarte se sintiera de algún modo arropada políticamente. Por otro lado, el poder judicial (fiscalía y aparato judicial) era un poder fundamental que le permitiría construir una arquitectura legal que amparara detenciones arbitrarias, prisiones preventivas, allanamientos de locales, toma de una universidad, etc.
Cuando menos, podría garantizarle que no actuarían en contra de su despliegue de política por la fuerza. Y, en efecto, vemos cómo Patricia Benavides se volvió el principal alfil para sostener a la dictadora. Por otro lado, el poder económico. Ese que con Castillo emitía comunicados firmados por la CONFIEP o que enviaba a sus portavoces principales a los medios de comunicación a hablar de la subida del dólar, la caída en las inversiones o el aumento del pollo y que hoy calla cuando el pollo está 14 soles porque no les importó nunca ni la lucha contra la corrupción ni cuánto te costaba la canasta básica, sino que estuviera uno de los suyos en Palacio.
Sin duda, nada de esto servía sin el gran poder de disputa ideológica de estos tiempos: el poder mediático. Y hemos visto durante estos ya cinco meses cómo el oligopolio mediático del Perú, pero también la gran prensa satélite que órbita sobre las mismas coordenadas ideológicas, hicieron de propagandistas principales de Boluarte. La aplaudieron pese a no llamar a elecciones en su primer mensaje a la nación, terruquearon a todo aquel que se manifestaba, acusaron de vándalos a quienes hoy sabemos que no originaron acciones que se les imputaron y, hoy, siguen vendiéndote a esta dictadura como el mal menor. Pero a todos estos poderes les falta uno fundamental. Llamémoslo “el poder de la fuerza”.
Cuando un gobierno es ilegítimo no le queda otra vía que sostenerse sobre la fuerza. Sobre las balas, el autoritarismo y la sangre. Lo estamos viviendo. La legitimidad de este gobierno estuvo siempre en cuestión, guste más o menos. Porque la legitimidad no es un tema de leyes, sino de sentidos comunes hegemónicos en la sociedad. Esa misma sociedad que pidió la renuncia de Boluarte desde que se puso el fajín presidencial y que hoy, pasado el tiempo, vemos que siempre tuvo razón. Muchas veces el análisis político de las calles es bastante más agudo que el de los sets de televisión o columnas de opinión. Y, por ello, Boluarte sabía que necesitaba de la alianza directa y sostenida con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, las que ostentan el monopolio de la fuerza. Las que le darían lo que necesitaba para sostenerse en Palacio de Gobierno. Esta alianza hoy está quebrada.
Que Boluarte y Otárola hayan respondido al informe de la CIDH tanto hace unos días como en la entrevista de hoy, planteando que con las FFAA y la PNP las responsables de las masacres, ejecuciones extrajudiciales y todo aquello que conocemos y documentan los informes internacionales, demuestran que en aras de sobrevivir, Boluarte y compañía empiezan a separarse de sus aliados castrenses. Sabe que es o ellos o ella, aunque su análisis es torpe. Serán ellos pero también ella. El fin de esta alianza acabará también con la dictadura porque los necesita para gobernar. ¿Por qué? Porque es ilegítima. Porque no es la presidenta. Porque es una dictadora.
Y esta es una clave fundamental de lo que podemos anticipar que veremos en los próximos días. En las FFAA y la PNP no ha caído nada bien este desmarque de “la jefa”, del mismo modo que en el mismo poder mediático se empieza a ver que esa separación ha de ser remplazada con algo si lo que quieren es sostener la dictadura o, en todo caso, garantizar un proceso electoral donde solo se puedan presentar quienes a ellos (a los poder) no les suponga mucho problema. Las piezas se mueven.
Las grietas en Palacio son bastante más grandes y agudas de lo que parecen.
Es fácil que en cinco meses de resistencia popular democrática haya momentos de bajón, de impotencia, de tristeza por no lograr cosas. Algunas llevamos diciendo ya mucho tiempo que está movilización popular en Perú ya tiene victorias que en los medios no se consideran victorias pero lo son. Pese a los analistas del régimen como Alvarez Rodrich o Tafur, pasando por Chincha que cree que Boluarte es “el mal menor”, lo cierto es que en estos cinco meses de movilización se han logrado muchísimas cosas que son victorias exclusivas del Perú movilizado. Se ha logrado volver un sentido común que este gobierno es ilegítimo y que Boluarte debe renunciar. Esto en enero no era así.
Se ha logrado que la nueva Constitución como vía de salida a la gran crisis de fondo que es sobre la democracia en deje de ser un tema periférico o exclusivo de sectores politizados de izquierdas, para volverse una variable de discusión en la agenda pública. Esto en enero no era así. Se ha logrado que la gobernabilidad de esta dictadura esté totalmente neutralizada. No la presidenta ni sus ministros pueden pisar las calles del país que dicen gobernar sin rechazo social. Están acorralados y esta es una victoria de la movilización. Se ha logrado que internacionalmente se conozca la situación peruana tanto por las violaciones contra los derechos humanos cometidas en estos meses, como por la lección democrática que está dando la ciudadanía al no rendirse. Esto en enero no era así. Esto, con Fujimori, tampoco. Se ha logrado reivindicar las acciones de resistencia de pueblos que han sido históricamente discriminados y que hoy gozan de admiración por parte de quienes se movilizan sumándose a ellos y ellas. Es el caso del pueblo aimara. Los vinculo de unidad entre compatriotas que antes nos mirábamos menos de lo que luchamos juntos ahora, no existían antes de estos cinco meses. Son lazos fuertes de unidad que resiste y son una victoria del Perú movilizado.
Hoy, que vemos que la dictadura además de acorralada, empieza a mostrar las grietas y divisiones de su propio gobierno, tenemos una victoria más. No es el informe del CIDH el que hace la grieta, es el pueblo que ha creado y sostenido las condiciones de posibilidad para que ningún informe o nuevo caso de asesinato o masacre sea invisibilizado. A cada hecho, respuesta. A cada vulneración, resistencia. Y gracias a ese tesón y firmeza vemos que la dictadura está en uno de sus momentos más difíciles en lo que va desde diciembre. Porque si las FFAA y la PNP le bajan el dedo a Boluarte, también cae el dominó.
¿Quién dijo que las movilizaciones no logran nada? Hoy vemos, en primera plana del diario del poder en el Perú, que en Palacio hay un temblor de alta magnitud. Un temblor que podría llevárselos a todos. Atentos a lo que ocurre en los próximos días.
