El presidente Pedro Castillo ha sido colocado bajo sospecha por los casos de la presunta mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por colusión y tráfico de influencias, ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú por tráfico de influencias, por presunto delito de encubrimiento personal, por presunto plagio agravado en la tesis de maestría y por el caso Petroperú en la compra de Biodiesel contra la administración pública y tráfico de influencias; a la fecha no está probada la presunción del delito; lo que es evidente el escándalo de la prensa y la TV, las acusaciones de los operadores de la corrupción vinculados a grandes empresarios y a diferencia de gobernantes fugados o suicidas el presidente de la Republica acata el proceso de investigación iniciada por el Ministerio Público.
Los opinólogos minimizan o desfiguran este paso adelante a favor de la transparencia y se mezclan con lo más nefasto elevando a Karelim López y Zamir Villaverde, a “héroes”; ahora el séptimo ex – Ministro del Interior Mariano Gonzales es motivo del escándalo; ¿era el caballo de troya?. A las puertas del primer año de gobierno la mayoría parlamentaria francotiradora ha impuesto el tiempo récord de casi mes y medio para el cambio de un nuevo Ministro del Interior ¿qué plan puede funcionar?; su actuación en vez de fortalecer una política de Estado contra el caos, la inseguridad y la corrupción, la deterioran aún más.
Se ha instalado una controversia en la esfera jurídica, Ministerio Publico y Poder Judicial, y aun no ha concluido en apelación ante la Corte Suprema, por la investigación presidencial abierta; al no tener final de acusación formal en este periodo político o se estaría montando la ¿vacancia presidencial? que sería posible por las divisiones de lo que fue el partido del gobierno ya debilitado y sin solidas alianzas políticas y sociales.
Es evidente el vació constitucional para formalizar investigación preliminar y menos acusar y procesar al Presidente de la República – inmunidad presidencial de acuerdo con el articulo 117 de la Constitución-; por lo que ¿están viciadas las cinco investigaciones abiertas por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a pesar de la resolución judicial que ampara su disposición?; se advierte por la defensa dos peligros, una actuación que está cuestionada por la constitución vigente vulnerando la seguridad jurídica y al que agregamos la actual colisión competencial de los poderes del Estado donde se hace impredecible la actuación de los poderes públicos.
La política de gobernabilidad esta frente a un conflicto complejo e intratable motorizada por los oligopolios, burguesía testaferra mercantilista y operadores mafiosos que ha desencadenado una guerra brutal con una mayoría parlamentaria que ha logrado su blindaje y el desbalance del equilibrio de poderes, a su favor, teniendo el amparo del Tribunal Constitucional; a partir de la cual, lo han convertido en el fortín de la alianza fascistoide racista pro – oligárquico y falso centro democrático; poco les importa sus excesos y desprestigio real, allí esta la poca vergüenza de la ex – Mesa Directiva Maricarmen Alva de extender seis meses de beneficios de gasolina, chofer, seguridad y otros fuera del cargo a pesar de haber sido derogados por Daniel Salaverry.
Esta en marcha el continuismo megalómano que unifica a la burguesía testaferra y mercantilista en su ambición exagerada de poder; para lo cual requiere frenar el proceso constituyente para frenar y torcer a su favor la voluntad de cambio con la vuelta a la bicameralidad, es el caballo de troya que modifica 53 artículos usurpando el poder constituyente que solo podría modificarla de manera integral; y tiene como finalidad el control desmedido del poder y de los órganos electorales, la Superintendencia de Banca y Seguros, Banco Central de Reserva.
Hay un hartazgo con desesperanza por la sucesión no solo de gobiernos cleptocráticos por el peso gravitante que tienen en el presupuesto ejecutado; también por la interacción de redes que actúan en la legalidad y la ilegalidad, en lo ilícito y la formalidad y que suman para sus intereses la renta fiscal y diversas actividades evasivas que se vinculan a actividades ilícitas y delictivas como contratos lesivos al país y hasta ahora blindados, el narcotráfico, trata, extracción del oro, biopiratería, el tráfico de terrenos, y otros, en nexos con la criminalidad organizada que tiene alta letalidad y degradación; no solo se cooptan los poderes públicos, se perfora el Estado privatizando la política y el Estado, vinculados a grandes empresarios, magistrados como cuellos blancos, funcionarios que hacen de puerta giratoria, operadores corruptos, prontuariados.
“Convoca.pe, que ha construido una base de datos con más de 500 personajes y 200 empresas en la que aparecen con mil 524 presuntos delitos vinculados a prácticas corruptas en informes finales de comisiones investigadoras del Congreso de la República, entre 2001 y 2016”; están casos como el Odebrecht y el Club de la Construcción, los receptadoras del dinero de Odebrecht y la caída de PPKucsinsky a partir de la denuncia por recibir 3,4 millones de dólares entre 2004-2017 – documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera mostrados por el fujimorismo en el Congreso de la República, el caso del empresario petrolero Samir Abudayeh si “… tiene corona” con millonarios contratos (SUDACA, por Alfonso Ramos, 13-4-22) ¿y los narcoindultos, la centralita, manos limpias, etc?; pero no deja de ser preocupante la limitación de no poder revisar en su totalidad la mas de 24 MIL MILLONES de registros de operaciones transaccionales de las entidades públicas en cada periodo fiscal e identificarlos para el interés nacional de lucha contra este flagelo; hasta ahora el limitado alcance entre el monto examinado respecto del total de la ejecución presupuestal, millonarios con signos de riqueza no explicable, invisibles al control.
La proclividad a la renta por la corrupción y la inconducta funcional publicada por la Contraloría General de la República, muestran esta continuidad perniciosa
| PERJUICIO ECONOMICO DEL PRESUPUESTO EJECUTADO POR PERIODO ANUAL | |||
| AÑOS | Perjuicio económico (S/.) | Del Presupuesto ejecutado (%) | |
| 2018 | |||
| 2019 | 13 670 737 714 | 13.9 | |
| 2020 | 22 059 000 000 | 12.6 (3.2% PBI) | |
| 2021 | 24 262 964 827 | 13.6 | |
Fuente : CGR – 2018 – 19, 2020, pub. 2021
La racionalidad rapaz que frena el desarrollo esta institucionalizada, como lo investiga Alfonso Quiroz hasta el 2000, “el Perú perdió o distribuyó mal el equivalente de aproximadamente 40 a 50 por ciento de sus posibilidades de desarrollo” (p.554 Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción en el Perú). Después de 20 años de recuperación de la democracia, este fenómeno regresivo que es parte del gran problema nacional es el equivalente acumulado del 60% del PBI que proviene de la renta fiscal. El negocio corrupto desde dentro y fuera del Estado tiene como actor activo grandes empresarios y sus operadores.
Los grandes grupos empresariales doblegan voluntades y han logrado hacer que salga de la agenda el impuesto a las sobreganancias, acostumbrados a dar ovolos, apoyo“humanitario”; en el caso de REPSOL que ha ocasionado un daño irreparable por el derrame de petróleo en nuestro mar de Grau obtiene extraordinarias superganancias aprovechando el manejo especulativo de las tarifas de los combustibles en medio de la crisis energética “Para la petrolera española, la crisis energética global es sinónimo de rentabilidad récord: ganancias netas de 1.392 millones de euros, lo que supone un 115% más con respecto a los 648 obtenidos en 2021…En apenas tres meses, Repsol consigue dos tercios de las ganancias previstas para todo el 2022… El 69% de toda su rentabilidad lo generó fuera de España, a través del área de Exploración y Producción que desarrolla en el exterior, con sede principal en Latinoamérica.”(LaPoliticaOnline (Madrid)28/04/2022, “REPSOL aprovecha el aumento del petróleo y duplica sus ganancias en el primer trimestre del año”); lo que ha sido la causa principal del paro del transporte en estos últimos meses.
