¿Que los aportantes a las AFP puedan disponer de parte de su ahorro previsional aún arriesgando su futura pensión, es una mala idea? Depende. Así como es verdad que la pensión de mañana depende del ahorro de hoy, también lo es que, para cobrar esa pensión, hay que llegar vivo a mañana.
Por otro lado, si dejaran su dinero sin tocar, ¿eso les garantizaría una pensión? De nuevo, depende. Si consideramos que antes de la pandemia y los retiros ya era improbable que la mayoría de los afiliados a las AFP hubieran de recibir una pensión de jubilación suficiente, después de los retiros, dicha probabilidad es hoy más lejana.
En la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) hay una extensa base de datos que permite, por ejemplo, revelar que de las 8.8 millones personas afiliadas a las AFP, apenas 3.6 millones (menos de la mitad o el 41%) realizan aportes o que 2.4 millones (casi el 30%) no tienen ni un sol en su cuenta individual de capitalización.
Pero hay un dato importante que no publica la SBS: la tasa de reemplazo que pagan las AFP. Es decir, si yo gano 1000 soles al mes, ¿cuál es el porcentaje de ese monto que me va a dar mi AFP cuando me jubile? ¿Cuál es esa tasa de reemplazo en la actualidad? ¿Por qué no está ese número? Quizás, porque la transparencia suele ser un subproducto del buen desempeño.
De manera extraoficial, se estima que la tasa de reemplazo ronda el 40%, es decir, que si ganabas 1000 al mes, tu pensión será de 400, igual que en la ONP, pero sin tope de pensión. Los datos de la SBS también revelan que hay cuatro personas jubiladas de las AFP “por enfermedad terminal o cáncer” que reciben —en promedio— apenas 700 soles al mes.
Cuando se crearon las AFP, en 1992, se calculaba y se afirmaba que si una persona aportaba durante 40 años el 10% de su sueldo mensual, el día de su retiro recibiría una pensión que equivaldría al 65% o 70% de sus últimos ingresos (la OCDE y el Mercer CFA Institute dicen que debe ser 70%). ¿Desbordante optimismo e ilusión, mal cálculo, lógica de vendedor de autos usados o un poco de todas las anteriores?
En Chile, las AFP acaban de cumplir 42 años. En 2015, hace ocho años, el Informe Final de la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones determinó que hasta un 50% de los afiliados a las AFP recibirían una pensión equivalente al 15% de sus últimas remuneraciones. Esto se sospechaba desde antes, así que en 2008 (¡hace 15 años!) incorporaron un “pilar solidario” (hoy reemplazado por la pensión garantizada universal o PGU) que, en términos muy simples, completaba lo que le faltaba a los jubilados para alcanzar una pensión mínima.
Justo lo que proponen aquí las AFP, década y media después.
ORÍGENES
Las AFP fueron creadas con el propósito expreso y cacareado de aliviar al Estado de la carga, el costo y la responsabilidad administrativos, logísticos y financieros de la jubilación de sus ciudadanos. Privatizarla la haría —afirmaban— sostenible, justa y masiva.
Hoy, del total de personas que trabajan en el Perú (unos 17.4 millones de personas, PEA, 2022), los cotizantes a las AFP representan apenas el 20% o, dicho de otro modo, de cada cinco peruanos en edad de trabajar, apenas uno aporta a una AFP. ¿Ese único aportante logrará tener una pensión que le permita vivir decorosamente cuando se jubile? A partir de los datos de la SBS no es posible asegurarlo, pero, como reveló IDL-Reporteros en este informe en noviembre de 2015, dado que el sistema privado de pensiones peruano está basado en el chileno, lo más probable es que obtener una pensión suficiente sea un lujo de una pequeñísima minoría.
Cerca del 80% de los trabajadores peruanos estará desprotegido cuando ya no pueda seguir trabajando y dependerá de su familia (hijos, si los tiene), de lo que le pueda dar el Estado (Pensión 65 es solo para las personas en extrema pobreza) o vivirá en la indigencia. Esa debería ser la discusión de fondo considerando, además, que para el 2050 la población peruana en edad de trabajar (de 15 a 65 años) crecerá 20%, mientras que la población mayor de 65 años lo hará en más de 130% (de 2.9 millones a 6.9 millones). ¿Cómo se van a financiar esas pensiones? ¿De qué van a vivir?
Se requiere generar ingentes recursos reales para sostener una nueva y costosísima organización del sistema de pensiones que deberá velar para que, en el Perú, volverse viejo deje de significar volverse pobre.
El diseño de Sistema Privado de Pensiones (SPP) peruano se basó en el chileno: cada uno se hace cargo de uno mismo ahorrando para su vejez; las AFP, administradoras privadas supuestamente ultra especializadas y eficientísimas, le ahorrarían un dineral al erario y pagarían pensiones justas a cambio de una (en comparación) pequeña comisión. Ese era el slogan con el que se vendía el nuevo sistema.
En el Perú de hoy —una pandemia y bastante más de 200 mil muertos después— resulta obvio que desmantelar los servicios de seguridad social de un país —salud y pensiones— para encargárselos al sector privado puede tener resultados desastrosos. Pero en los años 90 de Fujimori, como en los 80 de Pinochet, el objetivo era desaparecer al Estado de la ecuación.
La mitad de los aportantes a las AFP (50.1%) está en Lima y Callao. En Puno, Ayacucho y Apurímac sumadas, apenas hay cotizantes (3.5%). En estas tres regiones sólo una de cada 10 personas en edad de trabajar aporta a una AFP. En Lima y Callao es una de cada tres.
¿ALGUNA NUEVA PROPUESTA?
Hace unas semanas, la Asociación de AFP (AAFP) presentó algunas propuestas para mejorar el sistema de pensiones peruano.
Cuatro de ellas (pensión mínima universal, contribución equiparada, devolución del 1% del IGV y capital semilla) requieren que el Estado complete lo que le falte a cada afiliado para alcanzar una pensión mínima; o que deposite dinero en los fondos individuales de cada futuro pensionista o afiliado para asegurarse de que cuando se jubile su fondo alcance para tener una pensión mínima.
Las otras dos propuestas son: aumentar la competencia y que las comisiones que cobran las AFP empiecen a depender —en alguna medida— de su desempeño.
Nada nuevo y lo último se cayó de maduro hace mucho.
Casi todas esas propuestas tienen al Estado y sus recursos como protagonistas y a las AFP gestionando todos esos recursos adicionales a cambio, como es lógico, de una comisión. ¿Se compensará el potencial recorte de comisión por desempeño con las comisiones que pagarán todos esos fondos adicionales que pondría el Estado y que ellas van a gestionar?
Desde la Asociación para Más y Mejores Pensiones (entidad que tiene una página de Facebook desde febrero de este año, pero ya ha aparecido en varios medios y que está representada por el director ejecutivo de la Asociación de Contribuyentes por Respeto, José Ignacio Beteta), proponen que el 4 o 5% del IGV debería ir hacia los fondos previsionales para asegurar una pensión: la gente compra y ahorra. Decir “estamos haciendo la torta más grande para todos” tendría sentido en un sistema de reparto, no en uno de cuentas individuales, como es el SPP peruano.
Financiar las pensiones con el consumo es una idea que se estudia desde hace al menos 15 años, que el economista mexicano Santiago Levy propuso en el 2014 (hace 9 años) y que, en ese momento, implicaba un alza de 2% en la tasa del IGV en el Perú, es decir, que este debía pasar de 18% a 20% para que dicha política sea viable para el Estado. Hoy hay más peruanos trabajando en la informalidad, más pensionistas potenciales y la población es más vieja que en 2014.
Esta propuesta no ha resuelto el costo fiscal: es decir, qué se deja de pagar para que un porcentaje de lo que el Estado recauda por IGV se pueda ir a las pensiones. Eso ya se sabía hace 10 años. La idea, que es muy buena —que el consumo pague parte de la pensión futura— no toma en consideración, sin embargo, cuánto costará financiar el sistema de pensiones para hacerlo funcional en el tiempo.
Es verdad que el sistema público estaba desfinanciado, que se volvió insostenible cuando se convirtió en parte de la caja fiscal. Es cierto también que devolverle al Estado la administración de las pensiones, a la luz de las evidencias, es una pésima idea. Pero, a la luz de las evidencias, también lo es sostener que lo que le hace falta al sistema de pensiones es seguir parchando el parche de hace 31 años.
Es verdad que los mejores y más sostenibles sistemas de pensiones del mundo existen en economías en las que la informalidad es marginal (Reino Unido, Países Bajos, Alemania), o que tienen poblaciones relativamente pequeñas (el caso paradigmático en América Latina sería Uruguay); pero también lo es que países ricos con bajísima informalidad (Japón, Arabia Saudita) también tienen sistemas pensionarios poco sostenibles. Nunca fue cierto que se podían pagar pensiones adecuadas sin la intervención del Estado.
Es comprensible que las AFP no conciban un sistema previsional sin ellas, pero podrían reimaginar su rol, trabajar en reajustarlo para incorporar lo aprendido en estos 31 años en el Perú, 42 en Chile y 27 en Bolivia. Adaptarse a las actuales condiciones sociales que determinan nuevas condiciones de mercado, hacer el esfuerzo de no quedarse apoltronadas en el lugar que les tocó cuando fueron creadas: con mercado cautivo, ahorro previsional compulsivo e ingresos desligados de su desempeño. Pocos negocios tienen tanta suerte.
Pero en vez de eso, solo proponen que el Estado se meta la mano al bolsillo y cubra lo que haga falta, que financie a los que se quedaron afuera y obligue a aportar a los independientes y a los informales (este es un pedido refrito), mientras ellas cobran comisiones por administrar todo ese negocio adicional que ellas no produjeron.
