L.C. tenía 13 años cuando quedó embarazada producto de una violación. Desesperada intentó suicidarse y quedó parapléjica. El personal de salud le negó una intervención quirúrgica de urgencia de la columna para estabilizarla y recuperar algo de movilidad, bajo el argumento de que se pondría en riesgo el feto. Recién fue operada 4 meses después, cuando sufrió un aborto espontáneo.

A K.L., de 17 años, se le negó la posibilidad de acceder al aborto legal de un embarazo de feto anencefálico, y se le obligó a llevar a término el embarazo y dar de lactar. A todas luces, un trato cruel, inhumano y degradante.

En los dos casos mencionados, el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respectivamente, hallaron responsable al Estado peruano por negarles el acceso al aborto terapéutico, una práctica que es legal y totalmente despenalizada en el Perú desde 1924.

A pesar de ser un derecho constitucional para las personas gestantes que están en grave riesgo, las mujeres y personas con capacidad de gestar en el Perú enfrentamos muchas barreras para acceder al aborto terapéutico. Y es que, lamentablemente, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos no nos pertenece.

Forzar a una niña a llevar un embarazo y parir es tortura, y pone en riesgo su vida. Sin embargo, 1.623 niñas de entre 11 y 14 años fueron obligadas a ser madres durante el 2022. A pesar de este panorama, el 14 de abril, 70 congresistas votaron a favor de un proyecto de ley que podría llevar a confusión al personal de salud y a las usuarias respecto a la legalidad de la aplicación del aborto terapéutico. Se trata del Proyecto de Ley 785, que propone reconocer derechos al concebido.

En este contexto, organizaciones feministas y personas defensoras de los derechos humanos emitimos un pronunciamiento recordando a las autoridades y a la ciudadanía que el aborto terapéutico es legal en el Perú, y que su constitucionalidad ha sido confirmada recientemente en un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.

Con P.L. 785 o sin él, el próximo año cumpliremos cien años de legalidad de aborto terapéutico en el país, pero… ¿a qué costo? El Estado no cumple la norma vigente y, además, vienen avanzando narrativas y acciones en el Congreso que ponen en peligro el derecho a la salud y la vida de las mujeres.

No todas las mujeres quieren ser madres ni todos los momentos o circunstancias son los más adecuados para serlo. Debemos proteger la autonomía de nuestros cuerpos y nuestra dignidad, como parte del ejercicio de nuestros derechos sexuales y reproductivos.

En Perú, el aborto es una cuestión de vida o muerte. Urge regular el acceso al aborto como cualquier otro servicio de atención médica, para evitar prácticas inseguras que en tantos casos cuestan la vida. El desafío es ver el aborto como un derecho humano y como un problema de salud pública.