Con el análisis de datos de Gianfranco Huamán y la colaboración de Abel Cárdenas. 

Aunque los niveles de deforestación exponen el violento avance de la minería ilegal en el Perú, el Congreso eligió, el fin de semana, a un congresista vinculado a esta actividad. Eduardo Salhuana, legislador de Alianza por el Progreso (APP) y cercano a César Acuña, se impuso como presidente de la Mesa Directiva, a pesar de sus antecedentes en la promoción de normas que debilitan el control de este negocio ilegal.

El parlamentario por Madre de Dios —la región más afectada por la destrucción de la minería aurífera— ha impulsado, por lo menos, seis proyectos a favor de estos mineros (tres de ellos ya convertidos en leyes). Ha sido, también, abogado del gremio que defiende la actividad informal: la Federación Minera de Madre de Dios (Fedemin).

Al inicio de su tercer período legislativo, al que llegó como invitado por APP (se afilió en 2022), declaró un patrimonio superior a los S/662.700, conformado, entre otras propiedades, por cinco inmuebles (tres de ellos en proceso de transferencia). Dos años después, este se redujo en, aproximadamente, 10% (declaró algo más de S/593.697).

En el actual periodo parlamentario, Salhuana Cavides ha impulsado, por lo menos, seis proyectos a favor de la minería ilegal y la informal”.

Desde que inició el actual periodo parlamentario, Salhuana Cavides hizo nueve viajes al extranjero, tres de ellos a Brasil. Además, como ha advertido OjoPúblico, se ha reunido con dirigentes mineros, en los días previos al debate de normas que favorecen directamente al negocio ilícito o permiten continuar las actividades de aquellos que todavía no han terminado sus etapas de formalización, cuyo proceso ya tiene cuatro ampliaciones y una más en marcha.

La formalización, que empezó en 2012, tuvo un hito importante cinco años más tarde, con la creación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un listado de las personas o empresas en vías de regularización que buscó ordenar la actividad.

Aunque, inicialmente, estaba previsto que funcionara durante un plazo excepcional de 24 meses, ha tenido cuatro ampliaciones por parte del Congreso y el Ejecutivo. Y, actualmente, está pendiente de debate una nueva prórroga que ha sido rechazada por procuradores y fiscales ambientales debido a que los inscritos en el Reinfo están eximidos de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.

En los últimos cinco años, como constató este medio, las fiscalías ambientales del país han abierto 10.008 expedientes por ese delito. Entre ellos, destacan importantes investigaciones por lavado de activos y organización criminal, donde el primer eslabón delictivo recae en los mineros.

Desde 2020, las personas y empresas dedicadas a esta actividad extractiva que quieran formalizarse deben presentar una declaración semestral de producción de oro obligatoria.

Sin embargo, tras analizar miles de datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) relacionados al tema, OjoPúblico detectó que esto no se cumple y que el Estado no supervisa a los infractores: solo entre 2021 y 2023, más de 5.800 de los inscritos en el Reinfo no declararon su producción semestral, pese a ser un requisito exigido por ley.

Entre 2021 y 2023, más de 5.800 personas y empresas inscritas en el Reinfo no declararon su producción semestral, aunque es obligatorio”.

Además, este medio identificó importantes incongruencias en la información del sector. En 2023, por ejemplo, la cantidad de producción de oro declarada en el Reinfo es 500.000 veces mayor que los datos que maneja el Minem. Estos superan, incluso, 114.000 veces las cifras de exportaciones del mineral desde Perú.

En el mismo listado también hay evidencia de que el proceso de formalización está roto: entre enero y diciembre de 2023, el Gobierno reportó que la producción de oro en Madre de Dios fue de 1,4 toneladas (más de 1’400.000 gramos finos), mientras que, en la data a la que accedió este medio, se identificaron por lo menos 8,5 toneladas (8’500.000 gramos finos) ese mismo año.

OjoPúblico accedió a esta información y construyó una base de datos a través de insistentes pedidos de acceso a la información, que se prolongaron por cuatro meses.

Inicialmente, el Minem se negó a entregar los reportes a pesar de ser de interés público. En su argumento el Gobierno señaló que la información “podría resultar en un perjuicio, respecto a los derechos personales y económicos protegidos de los administrados”. Este medio apeló la respuesta, y fue el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia quien obligó al sector a proporcionarlos.

DEVASTACIÓN. Sobrevuelo organizado por FCDS – Perú, en la que participó un equipo de OjoPúblico.

Imágenes: Dirección de Vigilancia Amazónica y Nacional, de la FAP.

Datos dispares e inexistentes

La investigación de OjoPúblico también expone la incongruencia en los datos. Según los cifras oficiales del Minem, 16.447 personas y empresas tienen su proceso de formalización vigente. Pero en la lista a la que accedió este medio sobre los que declaran su producción de oro solo aparecen 10.595. Es decir, 5.800 no reportan y podrían perder sus derechos por incumplimiento de la norma.

De acuerdo a un decreto supremo, publicado en enero de 2020, la declaración semestral es un requisito para continuar en el Reinfo. Esta es realizada por los propios mineros, luego de acceder al sistema digital del sector; que, a la vez, sirve de sustento para culminar el proceso y garantizar la formalización de sus actividades.

En 2023, la cantidad de producción de oro declarada en el Reinfo es 500.000 veces mayor que los datos que maneja el Minem”.

Otra inconsistencia en la información proporcionada por el Minem es el valor declarado por los mineros en la plataforma del Reinfo. OjoPúblico identificó, por lo menos, 72 casos con valores por encima de lo permitido por ley para la pequeña minería. En esta categoría, la producción no debe sobrepasar las 350 toneladas métricas diarias o las 127.750 al año.

A detalle, estas cantidades fueron excedidas por 33 personas o empresas en 2021; otras 15 en 2022; y 24 en 2023. La norma especifica que los topes no deben ser superados, pero no brinda detalles respecto a las consecuencias de hacerlo.

Para identificar la sobreproducción, este medio agrupó los reportes por año y estandarizó las cifras a la unidad de toneladas métricas. Luego, identificó a las personas y empresas que superaron la cantidad de pequeña minería. Se empleó el tope declarado debido a que los datos del Minem no diferencian si elminero pertenece al rubro artesanal o al pequeño.

El año pasado, por ejemplo, José Alberto Calloapaza Zamata reportó en el sistema de Reinfo más de 46 millones de toneladas métricas de oro producidas desde el distrito de Santa Lucía, en Ayacucho. Esta cifra equivale al 72% de todo lo declarado en 2023 y es más de 36.000% mayor que lo permitido para un pequeño minero. En sus declaraciones de 2022 y 2021, los montos no superaron las 81.000 toneladas. Es decir, estaban dentro del límite permitido.

Otro declarante llamativo es Juan Jorge Baltodano Palomino, quien el año pasado reportó en el Reinfo más de 1,5 millones de toneladas métricas de oro desde el distrito de Pataz, en La Libertad. En esta región tiene tres derechos mineros, dos de ellos suspendidos.

OjoPúblico identificó, por lo menos, 72 casos con valores por encima de lo permitido por ley para la pequeña minería”.

La situación del Consorcio C & G es similar. En 2023, la empresa, con 20 derechos mineros distribuidos en las regiones de Lambayeque, La Libertad y Piura, reportó más de 960.000 toneladas de oro.

En el rubro de la minería artesanal, mientras tanto, la producción no debe superar las 25 toneladas por día o las 9.125 al año. Al no contar con detalle de la categoría declarada en el Reinfo, este medio consideró el tope para la pequeña minería. No obstante, si se considera a los mineros solo dentro de la categoría artesanal, se tendrían 164 casos donde se superó lo establecido en 2021; otros 190 para 2022; y 230 en 2023.

CENTRO. La zona de La Pampa, en la región Madre de Dios, todavía es uno de los puntos con mayor presencia de minería ilegal en la Amazonía peruana.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

Julia Cuadros Falla, economista e investigadora de la ONG Cooperacción, indicó a OjoPúblico que, las cifras oficiales de exportación y producción, deberían ser un reflejo de lo declarado en el Reinfo, pero “no cuadran”; lo que muestra que el sistema no está funcionando.

“No existe una institucionalidad para determinar de dónde proviene el oro. No hay un mecanismo y el país está dejando de percibir impuestos”, dijo Cuadros Falla. También recordó que la exportación formal de oro tiene vínculos con la actividad ilegal, debido a que participan en distintos momentos de la cadena de suministros. Ruta sin rastro

En los últimos años, la minería ilegal se ha camuflado en las exportaciones de oro que tiene el Perú, al punto que permite el blanqueo de mineral ilegal. Además, como detalló OjoPúblico en un amplio informe de abril pasado, las cifras evidencian un subreporte entre lo que se produce y lo que sale del país.

En 2023, hubo más de 400 toneladas de oro exportadas, pero apenas 90,3 toneladas reportadas como producidas. Es decir, una diferencia de más de cuatro veces entre un registro y otro.

Estos vacíos en la información también están presentes en las regiones de origen de las declaraciones y los reportes mensuales del Minem.

De acuerdo a los datos del Reinfo a la que accedió este medio, la región que lidera la producción de oro es Ayacucho, seguida de Puno y Arequipa. Las tres concentran el 85,2% de todo lo declarado por la pequeña minería y la artesanal, entre 2021 y 2023. Sin embargo, los reportes oficiales no tienen detalles de otros puntos claves del país.

Por ejemplo, una región con poca presencia en los registros es Madre de Dios que, según el Reinfo, solo concentra el 0,9% de lo declarado. Entre las relegadas también están Amazonas y Loreto, donde la actividad ilegal ha crecido, pero en los reportes oficiales no pasan del 0,3% ni 0,01%.

Martín Arana Cardó, especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), señaló a OjoPúblico que esta diferencia en los indicadores del Reinfo tiene como responsable, no solo a las autoridades del Minem, sino también de las direcciones regionales de minería. Estas últimas, explicó, están a cargo de fiscalizar la actividad en sus territorios.

“La mayor parte [de los mineros] no declara [en el Reinfo]. Es bien difícil, además, verificar que la información que declaran sea cierta. No hay un mecanismo claro ni muestreo para ello”, puntualizó. Para mejorar la fiscalización, según el especialista, es necesario cruzar los datos con imágenes satelitales y, de ese modo, contrastar cuánto se ha trabajado en la concesión con la producción declarada.

Sanciones sin rumbo

Frente a reportes inconsistentes y la falta de presentación de datos sobre producción semestral de oro, el Minem puede suspender los registros. Aunque en la norma esta información queda clara, en la práctica las cifras no muestran un avance.

Según la plataforma del sector, donde se encuentran las declaraciones anuales de los mineros, entre 2021 y 2022 —último año de actualización—, se consignaron poco más de 1.400 incumplimientos, sin detallar si se impuso alguna multa o se suspendieron las actividades para esas personas y empresas. La cifra es cuatro veces menor que la cantidad de mineros que no declararon su producción.

Desde el lado económico, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha advertido que la minería ilegal es la principal amenaza de lavado de activos en el Perú. En un reporte de este año, la institución estimó que, entre enero de 2014 y febrero de 2024, esta actividad ilícita movilizó USD 7.736 millones.

OjoPúblico se comunicó, desde el 11 de julio pasado, con el Minem para consultar cómo garantiza que la información declarada por los mineros se ajusta a la realidad, cuántas suspensiones se impusieron y qué medidas se han tomado para las personas y empresas que superaron los topes de extracción establecidos en la norma. Al cierre de este informe, no hubo respuesta.