“Nunca imaginé que la máxima autoridad de la Fiscalía iba a incurrir en falsedad o leer mal”

La abogada Delia Espinoza Valenzuela, con experiencia en fiscalías anticorrupción y penal, juramentó como fiscal suprema titular el 2 de noviembre de 2022. Un día después, en su primera participación en una sesión de la Junta de Fiscales Supremos, la fiscal de la nación, Patricia Benavides, y los fiscales supremos Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena, decidieron por mayoría designarla como representante de la entidad ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Sin embargo, el 22 de junio de este año, la fiscal suprema Espinoza Valenzuela —quien años atrás se encargó de la acusación contra el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y jefes del Grupo Colina— presentó un oficio a la Junta de Fiscales Supremos solicitando su reincorporación al Ministerio Público. Al no tener respuesta, el 2 de octubre, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial.

En conversación con OjoPúblico, Espinoza Valenzuela aseguró que los argumentos —falta de plazas en la institución y presupuesto— señalados por la fiscal de la nación en la sesión de la Junta de Fiscales Supremo del 3 noviembre se basaron en un documento con información falsa, elaborado por la Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales (OREF).

La fiscal suprema analiza, además, la situación actual del sistema de justicia en el país y la investigación contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por parte del Congreso. “Todo procedimiento tiene que estar previamente establecido en la ley. Espero que eso se reflexione, que se tome muy en cuenta”, indicó.

¿La JNJ puede nombrar a un fiscal supremo sin tener, previamente, conocimiento de que existe una plaza o presupuesto para ese cargo?

No. Esto no solamente se sabe por teoría, sino por las leyes que están vigentes: la entidad encargada de nombrar a jueces y fiscales, como la JNJ, no puede convocar sin que, previamente, la entidad interesada, la entidad que maneja su propio presupuesto, sea Poder Judicial o Ministerio Público, informen por escrito que hay una plaza aplicada y presupuestada. Entonces, siempre es a pedido de la entidad que necesita acabar con la provisionalidad.

Cuando se convocó el concurso en el que usted ganó, ¿había una plaza disponible en las fiscalías supremas?

En el concurso originario se convocan dos plazas. Pero, más o menos en marzo de 2022, se habilitó una plaza más. Eso ocurrió cuando el concurso público aún estaba en proceso.

Cuando termina el concurso, el 31 de mayo [de 2022], se nombra [como fiscales supremos], en primer lugar, a Patricia Benavides y, en segundo, al doctor Juan Carlos Villena, y se abre el cuadro de candidatos en reserva. Como yo quedé en tercer lugar, encabezaba la lista de reserva; y, el día 28 de junio de 2022, se me informa que había sido elegida para cubrir la última plaza como fiscal suprema titular.

LA JNJ NO PUEDE CONVOCAR A CONCURSO SIN QUE ANTES EL MINISTERIO PÚBLICO LE INFORME QUE HAY UNA PLAZA PRESUPUESTADA”.

¿Cuántas fiscalías supremas existen en el Ministerio Público?

Son cuatro fiscalías supremas permanentes y dos transitorias. Hay que tener en cuenta un detalle importante: muy aparte es el despacho de la Fiscalía de la Nación, este es un despacho independiente, que tiene su presupuesto, personal y estructura aparte. La fiscal de la nación no puede ocupar un despacho dentro de las cuatro [fiscalías supremas], que son de las diferentes especialidades [dos en lo penal, una de familia y una de corrupción de funcionarios].

Usted ha sido tajante en señalar que el documento que se dio cuenta en la sesión del 3 noviembre de 2022, con el que se sustentó su designación al JNE, era falso. ¿Podría indicar qué decía el documento exactamente?

[Ese documento que me entregaron luego de la sesión] muestra la lista con los despachos supremos y sus respectivos fiscales supremos titulares. Dice “en la Primera Fiscalía Suprema Penal, doctor Pablo Sánchez”; “en la Segunda Fiscalía Suprema Penal, la doctora Zoraida Avalos”; “en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, la doctora Patricia Benavides” y, entre paréntesis, “fiscal de la nación”.

Eso me sorprendió [porque la Fiscalía de la Nación es aparte y ningún funcionario puede asumir dos despachos]. Luego, dice “la Fiscalía Suprema de Familia, doctor Juan Carlos Villena”. Finalmente, en un puntito más decía “miembro del JNE, doctora Martha Elizabeth Maisch Molina, fiscal suprema provisional”.

Como usted comprenderá, en el tercer lugar hacen notar a la doctora Benavides en dos despachos, cuando en la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionario Públicos debía decir el nombre del fiscal supremo provisional a cargo [debido a que Patricia Benavides asumió, desde julio de 2022, como fiscal de la nación].

FALSO. Espinoza sostiene que este documento tiene información falsa, pues indica que Benavides está a cargo de dos despachos y que la plaza en el JNE pertenece al Ministerio Público.

¿Ese documento que dio cuenta la fiscal de la nación en la sesión del 3 de noviembre fue entregado a los demás fiscales supremos?

No lo repartieron, tampoco se dio una lectura expresa. Sin embargo, nunca me iba a imaginar que la máxima autoridad de nuestra institución iba a incurrir en una falsedad o iba a leer mal. Por supuesto que yo confié y asumí como verdadero lo que estaban mencionando. (…) Así surgió la idea de tener que enviar un fiscal titular al JNE.

¿Y sobre ese documento en particular qué información obtuvo para señalar que es falso?

Es falso porque en la administración pública nadie puede ocupar dos despachos, eso ya es un tema de público conocimiento. Es normativo y constitucional, incluso. Luego, tenemos el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio Público. Ahí se establece toda la estructura orgánica, toda la composición de los despachos de la Fiscalía de la Nación.

Por lo tanto, no es difícil concluir que es una falsedad. Y lo otro, [el argumento de] que el representante ante el JNE es una plaza en el Ministerio Público, eso es absolutamente absurdo. No se puede decir que un miembro del JNE es parte de la Fiscalía. Eso no tiene lógica porque los fiscales tienen sus despachos en la Fiscalía, no en otra entidad.

Usted detectó que, en el documento mencionado, la fiscal de la nación estaba a cargo de dos despachos. ¿Qué podría implicar eso para la fiscal Patricia Benavides?

Ese documento lo elaboró la gerente de la Oficina de Registros y Evaluaciones Fiscales (OREF), Silvia Avila Lam. Por eso, ha sido denunciada penalmente, porque eso constituye falsedad ideológica, que es incorporar hechos falsos en un instrumento público.

En principio, ella debe responder por haber redactado este documento. En los hechos, la doctora Benavides, yo tengo entendido que no está despachando en dos cargos. Ella es fiscal de la nación, y ese cargo es de exclusividad. En el otro despacho está un fiscal adjunto supremo provisional.

INCONSISTENCIA. Benavides dejó la Fiscalía Suprema Especializada en julio de 2022. Pero, en el documento presentado en noviembre, figuraba en el cargo.

Documento: El Peruano

 

Usted dice que ha podido conseguir información para sustentar que sí existe plazas y presupuesto. ¿Qué documentos ha obtenido?

Son algunos documentos de gestión que he podido obtener a través de mis abogados. Son documentos que, en su momento, también se enviaron por correo y que, ahora, se me alcanzaron. Son documentos públicos, no reservados, de gestión respecto del cuadro de asignación de personal (CAP) y del presupuesto.

Ya ha pasado casi un año desde aquel 3 de noviembre y no ha habido una evaluación de su caso por parte de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Sigue pensando que la responsabilidad ha sido exclusivamente de la encargada de la Oficina de Registro y Evaluaciones Fiscales (OREF)? 

Precisamente, estoy evaluando eso, ponderando esta reflexión que usted me invita a hacer (…) Entiendo que todos estamos sumamente ocupados y los doctores [al parecer] dieron por sentado que yo me iba tranquila al JNE.

Pero, cuando advierto[ solicitud de reincorporación], desde el 22 de junio de 2023, ellos ya están absolutamente enterados de que han sido inducidos a error o eventualmente, y eso habría que verificar, si es que ellos a sabiendas [de la irregularidad] podrían estar de acuerdo con ello [la designación]. No lo sé, no lo puedo afirmar.

Les he dicho, a través de muchos documentos, que esta demora es inexplicable. Pero primero estoy recurriendo a mis derechos fundamentales a través de una acción de amparo y, luego, ya veré otras opciones.

PRESUPUESTO. Documento de la Oficina de Potencial Humano de octubre de 2022 revela que sí había presupuesto para las plazas de fiscales supremos.

 

Ha remarcado que no le informaron cuál sería la agenda de la sesión del 3 de noviembre. ¿Este hecho podría significar una falta administrativa, por lo menos, por parte de la persona que dirige la Junta de Fiscales Supremos?

Le agradezco la pregunta porque, justamente, sobre eso estoy indagando. En realidad son varios frentes que estamos abordando, en estos momentos, con esa situación. Estoy averiguando si la Junta de Fiscales Supremos, cuando dejé constancia de que no me habían alcanzado la agenda, inició una investigación administrativa disciplinaria de oficio contra la secretaria. De no existir, tendré que proceder yo misma.

¿La agenda se da en virtual o solamente en físico?

La agenda se da en virtual y en físico. O, por lo menos, en virtual.

¿Usted notó si los demás fiscales supremos tenían la agenda?

No tenían, en realidad. Creo que tenían un folder cada uno [pero no estoy segura de qué información contenía]. Yo dije que no me habían dado agenda, y la doctora Benavides dijo que solo estaban informando. Entonces, dejé constancia.

¿Por qué cree que en la Fiscalía se le esté dando prioridad a los fiscales provisionales y no a un fiscal supremo titular elegido por la JNJ?

La misma pregunta me la hago yo. No comprendo por qué se privilegia [a fiscales provisionales]. Es más, los señores [que asumen las fiscalías supremas provisionales] quedaron en la lista de reserva en el tercer y cuarto lugar, ni siquiera en segundo, que ocupó la fiscal Gianina Tapia Vivas.

Se supone que el concurso público establece los méritos. Entonces, será un tema de confianza. Sería bueno preguntarle eso a la fiscal de la nación o a los demás fiscales supremos.

SI NO SE INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO CONTRA LA SECRETARIA, TENDRÉ QUE PROCEDER YO MISMA”.

¿A quiénes se refiere con esos señores que quedaron en tercer y cuarto lugar en el concurso?

A los doctores de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, el fiscal Franklin Tomy López y el señor Uriel Terán Dianderas. Ambos son provenientes del distrito fiscal de Arequipa.

Casi siempre envían al JNE a los fiscales supremos que recién ingresan o a un fiscal transitorio. ¿Cuál considera usted que debería ser el procedimiento para elegir al fiscal que irá a la JNE?

No me atrevería a decir cuál debería ser, pero debería evaluarse un reglamento para establecer un procedimiento para la designación del fiscal que irá al JNE. Hay que tener cuidado, pues no se puede improvisar ante el JNE. La materia electoral es muy distinta a lo que ve un fiscal penal.

Otro tema es la voluntariedad. Porque, cuando uno postula a su entidad para ascender, lo hace con la convicción de que va a continuar con esa carrera. La expectativa de vida personal y laboral es desenvolverse en ese ámbito. Entonces, de pronto, que los demás colegas, por mayoría, digan cuál será su destino profesional, eso no es correcto. Eso sí colisiona contra el principio de permanencia y estabilidad en el cargo.

Por eso, lo que sí considero es que mi institución tiene pendiente de trabajar un reglamento, para que este proceso sea armonioso, respetuoso, de los derechos de los fiscales (…) La constitución señala que, de los cinco miembros del JNE, uno procede del Ministerio Público. Ese miembro puede ser designado entre los jubilados o un fiscal en actividad, este último puede ser titular o provisional. No dice en ninguna parte de la ley que tiene que ser un titular.

Eso significa que, si el Ministerio Público necesita de sus titulares para una buena gestión, para dirigir de la mejor manera todos los despachos, ¿por qué va a enviar o sacrificar contra su voluntad a un fiscal titular, cuando puede enviar un fiscal provisional o superiores titulares o jubilados? No me siento desmerecida, pero las circunstancias por las cuales se me designó no han sido legales, no han sido válidas, ni correctas.

JNE. Documento interno del JNE revela que esta entidad considera dentro de su cuadro de plazas al representante del Ministerio Público.

 

¿Ha conversado con algún miembro de la Junta de Fiscales Supremos sobre su caso?

No ha habido oportunidad. Han pasado rápido los meses, y yo he estado involucrada en muchos quehaceres del JNE.

Pronto se cumplirá un año desde su designación en el JNE. En ese tiempo, ha presentado dos habeas data y una acción de amparo, ¿qué sustenta en este último?

Esta acción de amparo [presentado el 2 de octubre de 2023] es por el hecho central, que es mi reincorporación [a la Fiscalía] por la afectación a dos principios sustanciales. Uno de ellos es el de la autonomía del Ministerio Público, debido a que se está viendo afectada al no considerar los resultados de un concurso público para sumar y fortalecer la institucionalidad. Esto afecta la autonomía al prevalecer la provisionalidad ante la necesidad de un fiscal titular con experiencia.

Y el segundo punto de la demanda es mi derecho a la permanencia y estabilidad en el cargo, porque yo he postulado y tengo una carrera comprobada como fiscal. Yo entiendo que la función electoral es sumamente importante y la respeto mucho, pero viene a ser una excepcionalidad que ahora, a raíz de esta experiencia, debe ser reglamentada para que no se obligue a enviar a un titular supremo.

¿Cuál es su vínculo con la fiscal de la nación? ¿La conocía desde antes de que ella asuma el puesto?

Claro, profesionalmente, como con todos, desde que éramos provinciales. A veces, pues, de pasada nos veíamos, nos saludábamos, por la fuerza de la costumbre de vernos cotidianamente. Eso hace que se desarrollen relaciones más que todo cordiales, amistad no.

ESTOY EN CONDICIONES DE ASUMIR CUALQUIERA DE LAS FISCALÍAS SUPREMAS TRANSITORIAS O PERMANENTES QUE ESTÁN VACANTES”.

En este momento, el Congreso de la República está desarrollando una investigación contra los miembros de la JNJ por hechos que, según especialistas, no tienen sustento legal. ¿Cómo evalúa este caso particular y la situación del sistema de justicia del país?

Lamento que haya una evidente confrontación. Lo único que puedo decir, como magistrada de carrera, es que todo procedimiento tiene que estar previamente establecido en la ley. Espero que eso se reflexione, que se tome muy en cuenta, para que todo procedimiento que deba recaer sobre cualquier magistrado o alto funcionario del Estado cuente con un debido proceso.

Respecto a temas políticos no puedo opinar porque respeto mi cargo. Como defensora de la legalidad, considero que todo debe estar previamente definido o determinado en la ley.

¿Usted considera que existe un desequilibrio de poderes en el país?

Bueno, hay opiniones al respecto, pero desequilibrio no creo, estamos en una democracia.

¿En qué tipo de democracia?

Bueno, la revista The Economic, que técnicamente ha evaluado la situación del país, yo obviamente no soy experta en la materia, pero recojo esa evaluación de que somos una democracia híbrida, estamos todavía luchando por una democracia plena. Si lo dicen los expertos, entonces hay que tomar con pinzas y seriedad y responsabilidad para fortalecer la institucionalidad y el Estado.

¿Usted cree que, en el país, se respeta la independencia de jueces y fiscales?

Hay un respeto. Hay una observancia a lo que puedan opinar, incluso, algunos magistrados. Pero los magistrados no estamos dados para las opiniones políticas. Podemos decir algo, pero en relación a nuestras funciones. O podemos invocar a la ciudadanía para que se respete la ley, la democracia. Más allá de eso, no veo que haya un silenciamiento de los magistrados. Eso no se ve.

SOLICITUD. El 22 de junio, la fiscal suprema titular Espinoza solicitó formalmente su reincorporación al Ministerio Público, a través de un oficio dirigido a la Junta de Fiscales Supremos.

Foto: OjoPúblico / Abel Cárdenas

 

Un reciente informe de OjoPúblico reveló que en ocho de los 10 viajes realizados por la fiscal de la nación al extranjero no se habían publicado las resoluciones de autorización antes de su salida del país, como indica la ley. ¿Cuál es su opinión? ¿Todo funcionario debe cumplir con la ley? 

Definitivamente. Todos estamos sujetos a un orden normativo, a un Estado de derecho constitucional. Si hay leyes o normas institucionales que indican, por ejemplo, en el tema de viajes, que hay que publicar antes de [salir del país], y no se ha hecho, que se sigan los procedimientos.

¿Qué se investigue?

Que se investigue y que se den las razones, cualquiera que sean. Hay que saber asumir, de pronto, si ha habido una omisión o una situación.

Entiendo que usted podría asumir la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo del caso Cuellos Blancos. ¿Cómo evalúa el estado de la investigación? Hace una semana se removió a tres fiscales que investigaban ese caso.

No puedo opinar por algo que a mí no me consta. Lo que sí me consta es decir que estoy en condiciones de asumir cualquiera de las fiscalías supremas transitorias o permanentes que están vacantes porque me baso en mi experiencia. Yo he sido fiscal anticorrupción, he sido coordinadora del sistema anticorrupción en Lima, he sido coordinadora del sistema de lavado de activos, tengo amplia experiencia en audiencia, en investigaciones.

LO QUE PASA ES QUE EL TEMA DE LA DOCTORA [ÁVALOS] SE HA VISTO MÁS DESDE LA PERSPECTIVA POLÍTICA, CREO, QUE EN LA JURÍDICA”.

¿Qué nos podría decir sobre el proceso que culminó con la inhabilitación de la exfiscal suprema Zoraida Ávalos?

El juicio político está contenido en la Constitución. Lo que pasa es que el tema de la doctora [Ávalos] se ha visto más desde la perspectiva política, creo, que en la jurídica. Pero, a fin de cuentas, esa es la regla que está en la Constitución.

Tal vez, sería cuestión de analizar hasta qué punto los magistrados supremos debemos estar bajo esa herramienta o figura del juicio político. Ante el antejuicio sí, pero el juicio político tiene sus inconvenientes porque solo tendría que ser por mayoría de votos, y no necesariamente por el tema jurídico.

¿Cree que la fiscal de la nación debe presentar sus tesis?

Este tipo de decisiones son personales. Bueno, que ella determine qué es lo mejor para ella y para el país, que ella tome la decisión.

Fuente: Ojo Publico