Este lunes 30 los vecinos del caserío Bambú, en Aucayacu, nos dieron una gran lección de reacción ante una de las expresiones más horrendas de la crisis de seguridad que las peruanas y peruanos venimos afrontando, un secuestro, violación y asesinato de una niña de 7 años. La comunidad se organizó para hacer una redada, que contó con el apoyo de la policía de Aucayacu, que respondió inmediatamente, por lo que se capturó al asesino, un joven de 18 años, el mismo día de sus crímenes. Esta acción oportuna ha permitido tenerlo detenido desde ese momento, por lo que probablemente pase el resto de sus días en prisión. Y aunque la reacción ciudadana organizada en este caso ni le devolverá la vida a la niña ni repondrá del trauma a las 551 niñas y niños víctimas de violencia sexual en el primer semestre de 2023 (según estadística de denuncias de la Policía Nacional del Perú[1]), nos da la pista a seguir para conseguir que los peores delitos tengan una sanción oportuna.
Evidentemente, seguir las claves que nos dan las comunidades que se organizan y que logran que sus policías locales les apoyen, dista de la estrategia de este gobierno, en cuyo corto período todos los indicadores han empeorado. El mismo boletín estadístico nos dice que, respecto al primer semestre del 2022, el número de denuncias de violencia sexual aumentó un 2,8%. Y que de las personas encuestadas por el INEI ha habido un incremento del 4% en las que han sido víctimas de algún delito (de 22,90% el 2022 al 26,90% ). Peor aún, más del 2% de ese aumento es de las víctimas con armas de fuego (del 11,3% al 13,4%). En general, han escalado las denuncias de extorsión, homicidio, estafas y otros, además de las ya mencionadas de violencia sexual. Respecto de la capital de Perú, el Índice Global de Paz ubica a Lima como más peligrosa que ciudades como Ciudad de México, Sao Paulo, Cali y Medellín. En algunos de sus distritos, como El Agustino, los vecinos han actuado con violencia contra bandas extorsionadoras, ante la inacción del Estado.
Estos datos contrastan con las declaraciones de Dina Boluarte, quien afirma que “el Perú ahora es un país en calma, en paz”, supuestamente para atraer inversiones. Sin embargo, el contexto evidenciado no es atractivo a los inversionistas. La posición de Dina Boluarte y su premier Alberto Otárola no solo muestran desconexión con la realidad, sino también el fracaso de su “Plan Boluarte”, que se basa únicamente en decretar estados de emergencia, dar más poderes a la policía, aumentar el presupuesto de seguridad y permitir que gobiernos regionales y locales usen canon para seguridad ciudadana. Esas medidas aisladas podrían servir, pero si se tuviese claridad sobre objetivos, metas y acciones integradas.
Para ello hemos de volver a las lecciones ciudadanas: la reducción de la violencia delincuencial será posible con organización ciudadana y una nueva policía orientada a la protección de las personas. Sumadas a autoridades municipales, regionales, ministeriales y congresales que coordinen sus recursos para disminuir la violencia delictiva aumentando la seguridad de las personas, en especial las más vulnerables.
Si bien esto es contenido de un pacto constituyente, el camino de construirlo tiene ejemplos a seguir en lo relacionado con la organización ciudadana, como el que nos han mostrado vecinos de los distritos José Crespo y Castillo y El Agustino.
