Conversando sobre las medidas necesarias para una nueva Policía, un experto en seguridad ciudadana y fundador del Taller de Estudios Públicos, concluyó que estamos bajo un gobierno del crimen. Coincidimos en que por primera vez el Congreso de la República producía una legislación groseramente en favor de las organizaciones criminales.
En efecto, corrupción e infiltración de mafias en espacios de poder institucional ha habido desde antes del inicio de la República, como lo informa con detalle Alfonso Quiroz en su Historia de la corrupción en el Perú. Pero al mismo tiempo hubo rechazo y legislación que buscó contener o combatir eso. En cambio, en estos dos años de gobierno de Dina Boluarte y lo que bien se llama dictadura congresal, se han aprobado hasta tres normas directamente en favor de la criminalidad en general y la corrupción en particular: 1) la ley que deroga la facultad de la Policía Nacional para comisar explosivos de mineros ilegales; 2) la ley que limita los plazos de la colaboración eficaz y 3) el proyecto de ley que restringe las medidas contra las organizaciones criminales, excluyendo a las que se dedican a actos de corrupción política y limitando los allanamientos y levantamiento del secreto bancario en las investigaciones en su contra.
Así se favorece al entorno de quien ejerce – ilegítimamente – la presidencia de la República, investigada por usar sus poderes para obstruir la justicia respecto a la investigación de su hermano Nicanor Boluarte, quien sería líder de una organización criminal de nombramientos en el Estado. Y de otro, a los más de 82 congresistas y sus respectivas organizaciones partidarias investigados por delitos de colusión, tráfico de influencias, lavado de activos, cohecho, entre otros delitos.
Repasemos las normas producidas para favorecer a dichas personas investigadas y como consecuencia, a diversas organizaciones criminales:
- La Ley N° 31989, publicada en el diario El Peruano el 21 de marzo de 2024, deroga la disposición complementaria final del Decreto Legislativo 1607, que modificó la Ley 30077, Ley contra el crimen organizado, de manera que quita facultades a la Policía Nacional para comisar explosivos de mineros ilegales, por haber sido suspendidos del registro integral de formalización (REINFO). Esto en medio del inicio de acciones terroristas de los mineros ilegales en Pataz, que han dinamitado torres de conducción eléctrica para extorsionar a empresas legales, luego de haber asesinado trabajadores.
- A renglón seguido, el mismo 21 de marzo se publicó la Ley N° 31990, que modificó los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal de manera que los fiscales tendrán sólo hasta 16 meses para celebrar un acuerdo de colaboración eficaz desde que se genera la solicitud. Esto hace ineficaz dicho instrumento, pues las diligencias necesarias en investigaciones a organizaciones criminales pueden demorar más tiempo. Entre otras, se trata de pericias contables, financieras, tecnológicas, levantamiento de secretos que deben ser concedidos judicialmente (de comunicaciones, bancario) y diligencias a través de la cooperación judicial internacional, así como la fijación de la reparación civil en conjunto con la Procuraduría, sobre la base de información contable y financiera.
- Finalmente, el proyecto de Ley 5981/2023-CR busca restringir la definición de organizaciones criminales relacionadas con una economía o mercado ilegal para beneficio económico, y que cometen delitos con pena mayor a 6 años. Por ende, excluye a grupos menos estructurados o con fines políticos, que se organizan para cometer tráfico de influencias. También excluye a las que se organizan para hurtos o fraudes penados con menos de 6 años de cárcel. A la vez, hace ineficaces los allanamientos para obtener medios probatorios en casos de organizaciones criminales, al exigir que se realicen con presencia del investigado y sus abogados.
En suma, la mayoría congresal, con la anuencia de quiénes ocupan los más altos cargos en el Poder Ejecutivo, están debilitando la investigación y persecución de los integrantes de organizaciones criminales, lo que aumentará su impunidad. Sólo un gobierno del crimen podría hacer algo así. Urge detenerlo lo antes posible.
