Gracias a la convocatoria de la congresista Elizabeth Medina, de Perú Libre, el jueves 21 dirigentes y autoridades de las provincias de Huánuco se reunieron en el auditorio del Colegio de Ingenieros para preparar sus intervenciones ante el próximo Consejo de Ministros descentralizado. Allí, a iniciativa de dirigentes agrarios se acordó pedir la declaratoria en estado de emergencia de la agricultura, subsidiar el precio de fertilizantes como el guano de isla, la compra estatal de productos directamente a los campesinos; la elaboración de un diagnóstico socioeconómico agrario; la industrialización de productos agrícolas; y el fortalecimiento de infraestructuras de riego y reservorios, entre otros. Asimismo, las autoridades de las provincias Marañón, Huamalíes, Leoncio Prado y Huánuco también plantearon obras de infraestructura agraria, junto con obras de infraestructura vial y sanitaria.
Han hecho bien, pues se avecina una crisis agroalimentaria, dada la escasez internacional de úrea por el embargo de Estados Unidos a las exportaciones de Rusia, principal productor mundial de ese fertilizante. Y porque lamentablemente en Huánuco y otras regiones, no se ha apostado agresivamente por fertilizantes orgánicos como los que la química Lisseth Yllanes hace años que promueve, a base de orín absorbido en pañales, más cáscaras de plátano y cal. En vez de eso nuestros agricultores se han hecho dependientes de los agroquímicos importados. Y nuestras autoridades han desoído los reclamos que vienen desde el paro de agricultores de papa de enero de 2018, de generalizar el guano de isla y otros abonos orgánicos para liberarlos de los comercializadores de úrea importada. Así que la escasez actual, que será seguida de una disminución de la producción, es una dura oportunidad para, junto con medidas de emergencia como las planteadas, proyectar una política agraria dirigida a la soberanía alimentaria.
Para evitar que esta política y aquéllas medidas dependan únicamente de la voluntad de autoridades que suelen ser displicentes respecto de la buena nutrición y la buena producción campesina, es necesario dotarlas de un marco normativo con garantías de cumplimiento, al más alto nivel, es decir, el constitucional. La Constitución vigente sólo cuenta con el artículo 88, que escuetamente indica que “El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario”. Sin indicar nada respecto de su incumplimiento. Texto muy lejano de los detallados en los artículos 156 (“El Estado otorga prioridad al desarrollo integral del sector agrario”), 157, 158 y 159 de la Constitución de 1979. En todo caso, la experiencia nos dice que las normas no se cumplen en nuestro país cuándo no se fijan consecuencias del incumplimiento. Por ende, es necesario un conjunto de normas constitucionales que establezcan claramente la responsabilidad de los servidores públicos y en algunos casos los poderes privados (grandes industrias alimentarias, entre otras) ante el incumplimiento de obligaciones de promover de un lado una buena alimentación en todos los hogares, y de otro, la productividad de las familias campesinas, que permita que la actividad agraria les dote de ingresos para una buena calidad de vida.
Ante esta necesidad, la propuesta presidencial de un referéndum para que decidamos si iniciamos un proceso constituyente, es una buena oportunidad para incorporar la agenda del desarrollo agrario en un plan constituyente que, como propone Verónika Mendoza, nos dé un derrotero respecto de qué queremos cambiar y hacia dónde. Plan constituyente que, siguiendo el buen ejemplo de la reunión reseñada arriba, ha de contar con la máxima participación de los distintos sectores de nuestra ciudadanía.
