En días anteriores, el cuarto juzgado penal unipersonal de Huánuco ha emitido dos sentencias condenatorias a pena privativa de libertad contra, de un lado, un ex alcalde de Quivilla y de otro, un ex alcalde de Cayrán, por delitos de colusión con empresarios y empresarias para obtener contratos de obras con sus respectivas municipalidades. También se les condenó, así como a servidores de dichas comunas.
Si bien los hechos se cometieron en la década pasada, la justicia que aunque tarde, ha llegado, nos recuerda cómo la corrupción a escala municipal es una de las principales trabas para el desarrollo de los pueblos.
En las dos municipalidades los actos de colusión para enriquecer a empresarios y servidores, estuvieron relacionados con proyectos de inversión destinados a mejorar la infraestructura de los respectivos pueblos: el acceso y el muro de contención del barrio San Antonio en Quivilla, y diversas carreteras de Cayrán, así como el estadio municipal de Huancachupa en ese distrito.
Podemos intuir que ninguna de las obras previstas fueron ejecutadas en la oportunidad y la calidad debidas, pues el beneficio económico con los que las empresas retribuyeron a los alcaldes y sus cómplices, salió del patrimonio de dichas empresas o sus titulares, patrimonio incrementado con el dinero municipal y que presumiblemente se extrajo del presupuesto que debió ser destinado a las obras contratadas. En suma, las sentencias no sólo contienen la sanción por la colusión, con el correspondiente perjuicio al dinero de los pueblos, sino también el castigo por perjudicar el desarollo de las personas y familias residentes en los respectivos municipios, desarrollo que el presupuesto público financia asumiendo los costos de sus bienes comunes.
Lamentablemente, lo descrito en Cayrán y Quivilla no es algo excepcional. Para muchas contrataciones públicas de bienes, servicios u obras, se había “normalizado” el llamado “diezmo”, que consistía en la entrega de un porcentaje del presupuesto asignado – vía prácticas de colusión muchas veces -, a servidores estatales coludidos con los proveedores.
Hoy la legislación de contrataciones públicas ha reducido el espacio para dichas prácticas; pero mientras no se “desnormalicen”, seguirán siendo un enorme obstáculo en el camino del desarrollo social. Mientras este obstáculo no se aparte de dicho camino, el desarrollo económico no dará frutos. Así, en vano será que el buen desempeño del equipo del Ministerio de Economía y Finanzas el año pasado, con apoyo del nuevo directorio del Banco Central de Reserva del Perú, haya logrado colocar a Perú como el país más estable de Latinoamérica, dando un mensaje muy positivo a los grandes inversionistas internacionales, según la agencia de medición Bloomberg. En vano será también que el MEF plantee aumentar en 0,25% cada año el impuesto de promoción municipal, como parte de la reforma tributaria dejada lista para ser aprobada. Pues esos mayores ingresos se seguirán drenando por las distintas formas de corrupción, de manera que los más pobres, como los habitantes de los centros poblados de Quivilla y Cayrán, entre muchos otros, continúen sin servicios de agua potable, saneamiento básico, salud y educación de buena calidad.
Cortar con prácticas corruptas en las municipalidades pasa por elegir candidaturas sin deuda de ningún tipo con proveedores o aspirantes a proveedores o contratistas. Una manera sencilla de advertirlo es fijarse en los vehículos que se usan en la campaña electoral, o en el gasto en publicidad que emplean. Esto hasta tener una verdadera reforma política.
Mientras tanto, en las elecciones municipales y regionales de este año se puede pedirle a los candidatos o candidatas en cada distrito o provincia, que firmen un pacto contra el diezmo y la colusión, con un mecanismo de vigilancia ciudadana de garantía de cumplimiento.
