El 24 de octubre la policía del Departamento Desconcentrado de Medio Ambiente y de Crimen Organizado junto con fiscales especializados en materia ambiental, realizaron acciones contra la minería ilegal en los centros poblados Quiprán del distrito Chavín de Pariarca y Sol del Castillo del distrito Miraflores, en la provincia Huamalíes. En dichas intervenciones se destruyeron 11 dragas, 17 motores, 12 balsas, 6 caballetes, 7 compresoras, entre otros equipos, valorizados en más de 1 millón de soles. Además se incautó un vehículo Toyota Hi Lux, que será puesto a disposición de la Fiscalía de extinción de dominio.
Quien conoce dichos distritos apreciará la magnitud relativa del valor de los bienes destruidos. Se trata de un equivalente a más del 10% del presupuesto anual de Chavín de Pariarca el 2023, según puede revisarse en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas – consulta amigable. Si comparáramos con una obra pública, la inversión en la minería ilegal ocuparía el segundo lugar en monto a ejecutar.
Sólo que en vez de desarrollo, como las principales inversiones previstas – infraestructura educativa, social, de educación, vial – la minería ilegal trae atraso y destrucción. Pues al ser una actividad al margen de cualquier tipo de regulación, expresa el capitalismo en su lado más salvaje. De un lado, explotando el ambiente con sustancias contaminantes como el petróleo y derivados, o el mercurio, usado para separar el oro de la tierra, cuyos residuos se vierten a ríos o suelos, en este caso, al río Marañón, eliminando formas de vida o intoxicándolas junto con las aguas, que al ser consumidas, afectan la salud de las personas. De otro lado, explotando personas al hacerlas trabajar sin límites de horas ni equipos adecuados para su seguridad en las labores de dragado o minado, y sin ningún beneficio social. Además, la minería ilegal fomenta otras actividades ilícitas para “lavar” sus ingresos, generando una cadena de ilegalidad a su paso. A veces, la necesidad de vivienda para las personas explotadas, lleva a la aparición de campamentos que a su vez atraen más ilicitud, como trata de personas, explotación sexual y más explotación laboral. En Camaná, Arequipa, llevaron incluso a un asesinato masivo.
Sin embargo, la minería ilegal trae ingresos rápidos. Y si bien las porciones más grandes van a los empresarios ilegales, la pequeña parte que llega a las personas explotadas es suficiente para asegurar fuerza de trabajo disponible. Cabe indicar que una porción importante de los ingresos ilícitos se usa en sobornar servidores públicos para que se hagan de la vista gorda ante las ilegalidades en la operación y en el transporte de maquinarias, que así pueden llegar a las alturas de lugares como Chavin de Pariaca y Quircán. Por ello, llama a sospecha la insistencia de congresistas en que se apruebe un proyecto de ley que permitiría a los empresarios ilegales recuperar la maquinaria dedicada a sus actividades ilícitas. En efecto, el 17 de octubre la Comisión de Energía y Minas del Congreso, aprobó por insistencia el proyecto de ley que busca evitar la destrucción de la maquinaria con que operan los mineros ilegales, bajo la excusa de entregarlas a municipios.
Sin embargo, como dice el experto César Ipenza,
“…si se procediera solo a la incautación, es probable que aparezcan personas que se autodenominan “los verdaderos dueños” y soliciten la devolución de la maquinaria. Esto llevaría a los fiscales a enfrentar procesos judiciales que busquen la devolución de estos artefactos, y una vez recuperados, volverían a la minería ilegal.”
Además, si el Congreso aprueba este proyecto pondría en riesgo las acciones de interdicción, porque las autoridades responsables tendrán que coordinar previamente con los gobiernos subnacionales las acciones operativas, perdiéndose el factor sorpresa que estas acciones requieren[1].
Ante esta amenaza congresal, nos corresponde, especialmente en cada uno de los departamentos que están viendo la destrucción de la Naturaleza por la minería ilegal, dirigirnos a los congresistas para hacerles ver que su complicidad no tendrá impunidad política, pues hay una ciudadanía dispuesta a defender el ambiente en el que vivimos.
[1] Un fallo importante del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina contra la minería ilegal | Ojo Público (ojo-publico.com)
