Las bandas que han asolado Ecuador y contra las que se ha dispuesto la militarización de las calles ecuatorianas vía la declaración de un conflicto armado interno por parte del presidente Noboa, están articuladas al narcotráfico internacional, cuya penetración en Ecuador se ha incrementado en los años recientes. Según el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), durante el 2021 se lavaron 3.500 millones de dólares en el sistema financiero ecuatoriano, triplicando así la estimación de 1.200 millones del período 2007-2016.
Este incremento es inversamente proporcional al debilitamiento del Estado ecuatoriano, desde que el presidente Lenin Moreno trastocara el mandato electoral que le encargó continuar el desarrollo de la Revolución Ciudadana impulsada por Rafael Correa, para, a contrario, implementar una agenda neoliberal.
En los años recientes este debilitamiento estatal ha llevado a un abandono de las cárceles y diversas áreas del territorio al imperio de mafias de narcotráfico y de minería ilegal, que incluso han incursionado en Perú: Hace tiempo que los mineros ilegales ecuatorianos invaden los ríos Santiago y Cenepa en Amazonas y Napo en Loreto, para extraer oro en territorios indígenas peruanos, con la anuencia de la Marina de Guerra de Perú y los pocos efectivos policiales destacados por allí. Si bien con el gobierno de Pedro Castillo y luego con el presente hubo operaciones de interdicción de dragas, fue tras muchísima presión awajún y huampis en Condorcanqui.
¿Y a quien le venden el oro los mineros ecuatorianos? Al igual que los ilegales de Pataz, se lo venden a los narcotraficantes, asociados con mafias internacionales: mexicanas, italianas, albanesas, entre otras.
Además, el narcotráfico tiene en la economía dolarizada y la banca permisiva, el entorno financiero adecuado para lavar más de sus activos.
Y con elementos corruptos de las Fuerzas Armadas de Perú al otro lado de la frontera, tienen asegurada la provisión de armas y municiones.
¿Qué hacer ante ello?
El Estado ecuatoriano debe tomar el control total de las cárceles, cortar las fuentes de financiamiento de las bandas y por ende, intervenir las rutas de salida portuaria de las drogas, interdictar la minería ilegal y mejorar el control de las transacciones financieras.
Esto en el marco de una estrategia de afianzamiento de un Estado (un Leviatan) que se imponga frente a los poderes privados delincuenciales y garantice la soberanía de los pueblos ecuatorianos.
Por parte de Perú, el Estado de Emergencia tiene que aprovecharse para la interdicción de la minería ilegal de ecuatorianos en Piura, Amazonas y Loreto, incluyendo el cierre definitivo del REINFO, además de un mejor control en el tránsito de migrantes desde Tumbes. Al mismo tiempo, debe reforzarse las orientaciones de las Fuerzas Armadas hacia el desarrollo nacional. Para ello ha de limpiárselas de elementos delincuenciales, igual que a la Policía Nacional, en un camino de renovación que debe incluir la especialización de sus efectivos según las distintas necesidades de protección de la ciudadanía. En el marco de afirmar la soberanía de los pueblos vía un Estado a su servicio.
