Entre los proyectos de ley listos para votación en el Congreso, está el que pretende intervenir a las asociaciones civiles que reciben cooperación internacional (ONGs). Su votación se postergó tras la preocupación expresada por 17 embajadas, advirtiendo que estas normas “restringirían la capacidad de la sociedad civil para operar”.
Las asociaciones civiles colaboran con el Estado en aspectos del desarrollo social no atendidos adecuadamente. Como expresión de la libertad de asociación, cubren diversas materias realizando acciones que el Estado no atiende adecuadamente, a través de proyectos de impacto social. Por ejemplo, formación a vecinos, integrantes de comunidades o servidores municipales, en temas que potencien su capacidad de ser agentes del desarrollo de sus localidades. Como son expresión de la libertad de asociación, pueden cubrir tantas materias como las que dos o más personas que se asocian, puedan imaginar. Por causa de mis trabajos he conocido a muchas de ellas. Entre otras, en Huánuco a Paz y Esperanza, que promueve la protección de niños, niñas y adolescentes, así como de mujeres afectadas por la violencia de género; a Islas de Paz y Diakonía, que promueven el desarrollo sostenible de comunidades rurales o al Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, que hace sensibilización ambiental. En otros departamentos amazónicos, a la Asociación Interétnica de Desarollo de la Selva Peruana – AIDESEP- que a su vez congrega a organizaciones regionales que agrupan a comunidades indígenas.
Siguiendo con los ejemplos, las hay con inspiración religiosa, como la Asociación Cristiana de Jóvenes, la Casa Encuentros que apoya a las personas migrantes en situación de pobreza o la Institución Teresiana que alberga estudiantes mujeres que van a Lima a estudiar. O las que cuidan de animalitos abandonados, como Unidos por los Animales. O también las que atienden asuntos que incomodan a los que abusan de poderes empresariales o del Estado: la Asociación Pro Derechos Humanos, la Asociación Civil Transparencia, el Instituto Prensa y Sociedad, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. A veces consiguen donaciones de empresas o individuos, nacionales o extranjeros. Y en ocasiones, consiguen donaciones de otros países. Es decir, pueden canalizar la cooperación, vía aportes financieros, aunque también mediante la acogida de trabajo voluntario.
Podemos concidir o no con lo que hacen; pero esto es consecuencia de su libertad personal. En todos los casos, al Estado peruano le corresponde asegurar que sus actividades no sean delictivas. Por ejemplo, que no se usen para lavar dinero proveniente de la minería ilegal, mediante la fachada de otorgar micro créditos a mineros de oro ilegales. Pero no le corresponde al Estado intervenir o sancionar a las que realicen actividades lícitas, como la crítica a cualquier tipo de abuso o a la omisión de acciones debidas. Críticas que además de lícitas, son necesarias.
Sin embargo, el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso el 5 de junio, introduce la figura de “organizaciones que realicen activismo político” para autorizar a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI – a fiscalizarlas. También habilita a la APCI a denunciar ante la fiscalía a las asociaciones civiles de desarrollo que “atenten contra la paz social y las buenas costumbres”. Al ser estos conceptos muy amplios, se prestan a ser usados para perseguir arbitrariamente a cualquier organización que discrepe de las acciones del gobierno, la mayoría congresal que lo sostiene o las grandes empresas que buscan actuar sin control social.
Las embajadas de países que cooperan con aspectos del desarrollo de Perú han recordado que “las democracias son más inclusivas, equitativas, estables y prósperas cuando la sociedad civil está plenamente empoderada para proteger los derechos humanos y responder a las necesidades de los ciudadanos.” El proyecto de ley contraría todo eso. En otras palabras, avanza en instalar un gobierno dictatorial que además de capturar instituciones públicas para facilitar la acción de organizaciones criminales, busca controlar actividades de las personas que se asocian libremente para canalizar cooperación hacia distintas facetas del desarrollo. Este es un motivo adicional para movilizarse e informar a la mayoría congresal sobre la existencia de una ciudadanía dispuesta a detenerla.
