Quien responda a la pregunta del título que las inundaciones de calles, obstrucciones de caminos, afectaciones de instituciones educativas y establecimientos de salud, roturas de tuberías de agua o desagüe, deslizamientos por huaycos que se llevan viviendas, que usualmente se producen entre febrero y abril, se deben a los fenómenos naturales cíclicos, está equivocado.
Pues si bien la Naturaleza tiene elementos cíclicos, justamente por esa razón es que pueden tomarse medidas de prevención de todos los desastres anotados. Por eso se dice que los desastres no son naturales o ambientales, son sociales o políticos.
En efecto, como lo indica un reciente comunicado de Nuevo Perú por el Buen Vivir, “se ha despilfarrado miles de millones de soles en contratos con grandes empresas de la construcción sin una adecuada definición de prioridades ni concertación entre los distintos niveles de gobierno, sin participación ciudadana ni adecuada fiscalización.” En efecto, según información del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú, hasta el 31 de diciembre de 2021, se han invertido S/ 22,259 millones en el programa “Reconstrucción con cambios”.
A su vez, ese despilfarro es consecuencia de que quienes se han encargado de dirigir las entidades de gobierno en todos los niveles, antes que la vida de sus ciudadanos y ciudadanas, han tenido como prioridad el lucro personal, familiar y de las empresas “de construcción” que en realidad han sido de lavado de activos por delitos de corrupción de funcionarios.
Pero no sólo es un problema de personas. La actual Constitución no promueve una institucionalidad capaz de prevenir desastres mediante la planificación concertada para el desarrollo. Tampoco nos ofrece un modelo de relaciones adecuadas entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales, y de todos ellos con sus respectivas ciudadanías. Bajo el marco constitucional vigente ni el modelo centralista de Reconstrucción con cambios ni el de una descentralización que bloquea la contratación de personal calificado en los niveles subnacionales de gobierno, han mostrado resultados en favor de las poblaciones afectadas por el cambio climático.
Ante ello, urge un nuevo pacto social constituyente, que ponga a la vida y a las personas primero, con canales constitucionales de vigilancia, control y participación de los recursos públicos, en todos los niveles de gobierno. Para, sobre esa base, implementar una nueva descentralización, orientada al desarrollo y la prevención, con planificación estratégica y fiscalización ciudadana.
Mientras eso ocurre, podemos organizarnos en cada cuadra, comunidad o barrio, para identificar las zonas y familias con más vulnerabilidad, y concentrar allí los esfuerzos vecinales o comunales, en la limpieza de acequias, techos o reforzamiento de puertas o paredes, por ejemplo. Además, exigirle a la autoridad local, desde cada junta vecinal u organización comunal, un mapeo de las estructuras más vulnerables en cada barrio, para focalizar en ellas las actividades de prevención o reconstrucción. Y en ese camino, entrenarnos para ser actores de los cambios en la política y la gestión que necesitamos para anticiparnos a los fenómenos naturales.
