Quizá este 2025 sea recordado como el del peor inicio del año escolar en lo que existe registro de este momento emblemático anual del desarrollo de las familias y el país. Al esperpéntico anuncio fuera de lugar de Dina Boluarte al lado de una asombrada niña, se suman los descuidos en infraestructura, el abandono de los docentes de instituciones educativas lejanas, que se cobró la vida de la profesora Mónica Vergara Amaya, y ahora, una ola de extorsiones, a más de 500 instituciones educativas en este año según la Asociación Nacional de Colegios Privados (Anacopri).
Si bien la propia Dina Boluarte ha amenazado con continuar la fracasada política de su ex ministro fujitrol, quizá el ministro reemplazante, a pesar de sus denuncias e irresponsabilidad para con su propia descendencia, entienda que ya no tiene sentido continuar la agenda de impunidad de su jefa y, por el contrario, debe asumir algo de la agenda urgente de la ciudadanía. En cualquier caso, para complementar la justa protesta, conviene repasar las medidas inmediatas que el sector Interior debe implementar o impulsar:
1 Instruir a la Policía Nacional a poner su centro en la protección de las personas y las comunidades. Esto, que es un mandato constitucional antiguo, ha sido desvirtuado. En concreto, implica poner a las comisarías y unidades especializadas, al servicio de las organizaciones sociales o vecinales que han desarrollado prácticas de protección comunitarias. Esto pasa por revalorar el papel de las Oficinas de Participación Ciudadana, hoy marginadas, e integrarlas en la lucha contra las extorsiones en cada ámbito territorial.
2 Presentar un proyecto de ley que derogue las leyes pro-crimen dadas por la mayoría congresal. Entre ellas, la Ley 32108 que excluyó a las extorsiones del conjunto de delitos cometidos por organizaciones criminales, reduciendo penas y dificultando actos de investigación como los allanamientos. El ministro debe recuperar la definición de las organizaciones criminales como grupos estructurados con tres o más personas y capacidad operativa. Así se facilitará la activación de acciones de investigación, como intervención de comunicaciones o seguimiento financiero. A la par, debe volverse a permitir los allanamientos con la sola presencia del fiscal en casos de extorsiones. Igualmente, debe recuperarse la legalidad que facilita la colaboración eficaz para llegar a las cabezas de dichas organizaciones criminales.
3 Implementar equipos respuesta rápida ante denuncias de extorsiones. Que coordinen acciones de protección inmediata de las personas denunciantes y estén conectados con un sistema nacional de información de extorsiones, que permita a policía y fiscales cruzar datos de cada denuncia y extraer patrones que permitan desarticular bandas u organizaciones. Esto implica recuperar las capacidades de la debilitada DIVIAC y reforzar el equipamiento tecnológico de la Policía Nacional para rastrear llamadas, transacciones bancarias y arrojar resultados de exámenes periciales.
4 Coordinar acciones respecto de las cuentas receptoras del dinero de las extorsiones Estas son un negocio y parte del dinero que se obtiene con las amenazas se lavan a través de empresas fachada o comercios informales. Los equipos especializados mencionados deben coordinar con la Unidad de inteligencia financiera acciones para identificar las cuentas bancarias vinculadas y trazar el flujo de dinero.
5 Aislar a los integrantes de bandas u organizaciones criminales en prisión. Se ha evidenciado que las organizaciones de extorsión cuentan con integrantes en las cárceles, que operan y se comunican con operadores en las calles aprovechando la corrupción penitenciaria. Por ende, el sector Interior tendrá que coordinar con el sector Justicia medidas de control de dicha corrupción, así como una vigilancia estricta de las comunicaciones de los implicados en actividades extorsivas.
6 Coordinar con el Ministerio de Educación, el Ministerio Público, el Poder Judicial y las municipalidades el refuerzo presupuestal necesario para las iniciativas que les corresponden. Entre ellas, medidas de protección de instituciones educativas, los juzgados de flagrancia, el subsistema fiscal contra la criminalidad organizada y acciones en favor de jóvenes y familias en riesgo, así como el mapeo de extorsiones en cada distrito, respectivamente.
Todas estas medidas pueden comenzar respecto de las bandas u organizaciones que se están metiendo con nuestros niños y niñas, ahora mismo.
