Estamos viendo imágenes de casas enteras, algunas de varios pisos, destruidas desde sus endebles cimientos por las crecidas de ríos y quebradas. Y si bien algunos nos conmovemos antes el sufrimiento de las personas que están perdiendo los bienes con los que se sustentaban, otros les echan la culpa de su desgracia, en una nueva versión de la infame afirmación de que “el pobre lo es porque quiere”, con la que se pretende justificar nuestra lacerante desigualdad social.
La atribución de responsabilidad a los pobres por perder sus viviendas u otros bienes pasa por alto que la construcción en las riberas se da porque las familias que lo hacen no encuentran otros lugares para establecerse. Pasa por alto también que el acceso a la vivienda para quien no puede conseguir decenas de miles de soles en ahorros o en préstamos, implica caer en la red de algún traficante de tierras, en vista de la ausencia de una política nacional de vivienda, a consecuencia de la omisión constitucional tanto de un derecho a la vivienda como de una entidad que exija la planificación multianual en todos los niveles de gobierno.
En efecto, como lo señala el comunicado de Nuevo Perú por el Buen Vivir,
“Los gobiernos -nacional, regionales y locales- de las últimas décadas no han sido capaces de desarrollar un adecuado sistema de prevención porque ha primado la lógica establecida en la Constitución del 93 de limitar al Estado a un rol subsidiario pretendiendo que el mercado lo resuelva todo, de desdeñar la planificación, de poner por delante el lucro antes que la vida y la seguridad de las personas”. (https://shortest.link/k7St )
Llegando a la situación actual en la que, en palabras de la Defensora del Pueblo, Eliana Revollar, refiriéndose a gobernadores regionales y alcaldes, “el Cenepred les ha mandado más de 10 mil correos electrónicos y solamente el 4.4% han sido abiertos. Eso nos hace ver que la gestión de riesgo de desastres no es una prioridad”.
Para cortar con esto, urge iniciar la ruta hacia el pacto ecosocial aludido en el comunicado mencionado. Este pacto deberá contener:
1 La garantía del derecho a la vivienda familiar segura, mediante políticas que faciliten el el acceso a un lugar donde vivir al margen de los ingresos monetarios.
2 La obligación de planificar concertadamente, en todos los niveles de gobierno, las medidas que efectivicen dicha garantía, así como las que prevengan los efectos de cambios climáticos y al contrario de lo que viene ocurriendo, los aprovechen para el desarrollo, como lo hicieron los incas y otras civilizaciones prehispánicas.
3 El reconocimiento de las actitudes de fraternidad vecinal, eclesial, ciudadana y social que vienen apareciendo. Como las que han sido ejemplificadas por nuestros conciudadanos de Puno que estando en Lima para reclamar justicia por sus heridos y asesinados a manos del ilegítimo gobierno de Dina Boluarte y Alberto Otárola, se han abocado a la limpieza de calles afectadas por los huaycos en varias localidades ( https://shortest.link/k6AV ).
Este pacto ecosocial habrá de concretarse en una Constitución del Bicentenario, como elemento central de una nueva descentralización que impulse del desarrollo de nuestros pueblos, del Norte, del Sur, del Oriente y del Centro.
