Ante todo, una precisión: la respuesta a la pregunta del título, ha de considerar no sólo el contenido del mensaje leído por una presidenta sin legitimidad, sino su contraste con la práctica. Como el que se dio entre lo leído en cuanto a derechos humanos y lo que ocurrió a pocas cuadras ese mismo día y el siguiente.
Así, en cuanto al respeto de derechos humanos, leyó un pedido de perdón en nombre del Estado a los deudos de las víctimas fatales durante las protestas contra su gobierno por la impunidad por graves violaciones a derechos humanos, anunció el compromiso de cooperar con las investigaciones del Ministerio Público sobre ellas, propuso firmar un pacto de reconciliación y convivencia pacífica y dijo que cumpliría las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras que en la Plaza San Martín, la avenida Nicolás de Piérola y ciudades de Puno, se disparaban perdigones contra periodistas, se golpeaba a reporteros y a ciudadanas aymaras, se detenía a un documentalista que filmaba los hechos y a dirigentes, sin que esos actos de fuerza se correspondieran con algún acto de violencia. En Lima las grabaciones mostraron de manera tan evidente las arbitrariedades, que dentro de las 48 horas siguientes a las detenciones arbitrarias, los fiscales a cargo dispusieron la liberación de los detenidos, aunque sin iniciar investigaciones por los delitos de abusos de autoridad y presuntas lesiones cometidas. Y el 29 de julio, Dina Boluarte desairó a familiares directas (madres, hermanas, padres) de asesinados por fuerzas bajo su dirección política.
En cuánto a lo leído en materia de seguridad ciudadana, el contraste se advirtió en el mismo texto entre parte del diagnóstico – aumento de los robos y de la ferocidad en ellos – y las medidas de respuesta al mismo: leyes para la expulsión de extranjeros y medidas afines, incrementar la erradicación regular la ciberdelincuencia, facultar a gobiernos regionales y locales a hacer gastos en servicios policiales y no caducar requisitorias por violencia contra la mujer hasta la detención efectiva de agresores. Sin desconocer que cada una de las normas propuestas puede que ayuden parcialmente, ninguna ataca centralmente ni los problemas centrales enunciados ni los ausentes en el discurso, como la penetración del crimen organizado en territorios urbanos y rurales, así como dentro de la misma policía e incluso, organizaciones partidarias que le dan cobertura política.
En lo que atañe al narcotráfico, si bien sí correspondía mencionarlo como un grave problema, reducir su combate al aumento de la erradicación de cocales ilícitos con desarrollo alternativo, aunque sea necesario, resulta muy insuficiente y muestra o ignorancia o complicidad respecto de las organizaciones de narcotraficantes.
Más sensata fue la lectura de las obras ya proyectadas de construcción de dos nuevos penales con inversión de 300 millones de soles y de invertir 1630 millones de soles en infraestructura penitenciaria hasta el final del mandato, que sí apuntan tímidamente al problema del hacinamiento carcelario.
Finalmente, el proyecto de ley sobre Policía del Orden y la Seguridad, para contar con más policías rápidamente, nos anticipa una especie de serenazgo nacional, con personal con menor tiempo de formación, cuándo lo que se requiere es renovar el actual personal policial, con mejor formación para la prevención de delitos y su investigación del lado de la ciudadanía. El análisis de la propuesta será desarrollado en una siguiente columna.
En suma, el mensaje leído el 28 de julio muestra que el compilado de datos que los sectores Interior y Justicia proveyeron al despacho de la Presidencia de la República, no le sirvieron para plantear acciones que afronten efectivamente el deterioro de la seguridad ciudadana y la vigencia de nuestros derechos fundamentales. Lo que confirma las razones para continuar las protestas dirigidas al cambio de gobierno, lo antes posible.
