Una máquina de rayos X se malogra en un hospital. Al frente del mismo, una empresa privada cobra por placas radiográficas más de tres veces y medio que lo que cuestan las mismas placas dentro del hospital (un 360% más), lo que impide que personas en situación de pobreza puedan contar con los diagnósticos apoyados por dicha máquina. Esto también limita a los y las profesionales de la medicina respecto de sus pacientes sin recursos para costear exámenes en centros privados. Puede sospecharse, además, que parte de la ganancia obtenida por la empresa privada que toma placas radiográficas, va a alguno de los servidores responsables de mantener en funcionamiento la máquina correspondiente. Este esquema ya se ha visto antes con tomógrafos. Y, siguiendo con el sector Salud, cuándo medicinas compradas con recursos públicos aparecían en farmacias privadas, o cuándo médicos pagados con nuestros impuestos, usan el tiempo de trabajo que le estamos pagando para atender en consultorios privados, o cuándo usaban nuestros equipos públicos para atender a clientes que les retribuían de forma privada. Para cortar o reducir prácticas o situaciones de estos tipos o sus equivalentes en otros sectores, no corresponden medidas como “cadena perpetua o muerte civil a los corruptos”. Es más, le invito a usted que ha llegado hasta acá, a preguntarse si de verdad sería viable imponer una máxima pena a cualquier acto de corrupción.
Veamos un ejemplo en otro ámbito, el de la justicia: lo que está revelando el caso “Chibolín” ejemplifica la penetración de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de influencias en distintos sectores del Estado Peruano; pero principalmente entre fiscales y jueces. Penetración normalizada en varios despachos, al punto que, de forma aparentemente legal e inocua, el mencionado personaje organizaba fiestas para algunos integrantes de la magistratura. Es plausible imaginar que los ofrecimientos para organizarlas no se veían como algo inmoral, ilegal o como una inconducta funcional. Como en los casos anteriores, estamos ante una “normalización” de la corrupción.
Esto tiene que ver con varias causas, ordenadas por el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado en una reciente exposición: ausencia de voluntad política para combatirla, previniéndola y combatiéndola; ii) tolerancia social; iii) un sistema de control público debil, iv) impunidad ante actos de gran y pequeña corrupción. Que coincidieron durante la década del dictador Fujimori, en la que según cálculos del historiador Alfonso Quiroz en su “Historia de la corrupción en el Perú” se sustrajeron 14 mil millones de dólares del Estado peruano, bajo una estrategia de normalizar los actos de corrupción. Pero el diseño institucional que lo permitió no fue modificado en sus raíces. Por ende, reducir el margen para la corrupción en nuestro Perú implica una reforma integral de la Constitución de 1993 modificada el 2024, seguida de cambios legales de desarrollo: La nueva Constitución deberá eliminar los privilegios del antejuicio a las altas autoridades investigadas por delitos de corrupción, así como disponer la disolución de los partidos políticos cuyos líderes estén siendo procesados por esos mismos delitos.
Si bien Perú es un escenario extremo, la mayoría de sociedades padece de corrupción. Por eso el investigador Bernardo Kliksberg desarrolló la siguiente fórmula: la corrupción es el resultado de sumar monopolio más discrecionalidad menos transparencia.
En el caso del hospital, el monopolio se da dentro del mismo cuándo existe una única máquina disponible en un servicio, la discrecionalidad se muestra cuándo no hay un plazo para la reparación o sustitución de la máquina malograda y la falta de transparencia cuándo nadie conoce los procedimientos de reclamar la situación. Por ende, afrontar los males que causa malograr el equipo de rayos X o retardar su reparación o eventual sustitución, implica asegurar que todos podamos saber los procedimientos para corregir la situación (transparencia), que estén fijadas las obligaciones del personal a cargo de dicho equipo, incluyendo sanciones de aplicación automática por cada día en que no se repare o sustituya (reducir la discrecionalidad) y contar con alternativas que aplicación inmediata, como un préstamo o alquiler del equipo por el tiempo en que no se repare.
En general, antes que medidas aparatosas, reducir la corrupción implica consecuencias establecidas con claridad ante anomalías en el servicio a las personas, en cualquier sector, así como mecanismos que faciliten la participación ciudadana para activarlas. Además de una educación ética que se imparta en todos los niveles, desde la inicial hasta la educación superior, de manera que toda persona esté entrenada para discernir lo justo de lo que no lo es.
