“¡Que se vayan todos!” Se leía en varias de las pancartas en las movilizaciones de rechazo a las organizaciones criminales que han tomado el control del Poder Ejecutivo, el Ministerio Público y el Congreso de la República, como lo han concluido distintas fiscalías. ¿Y cómo no sentir que ese mensaje es el adecuado para nuestro país ante este desvelamiento de organizaciones criminales en instituciones claves del Estado? O viendo que el 90% de la ciudadanía desaprueba congresistas y a la presidente de la República.
Yo prefiero precisar ¡qué se vayan todos los delincuentes! Pues en cada institución, así como tenemos titulares integrantes de organizaciones criminales o vinculados con ellas, también tenemos servidores o servidoras que han cumplido su deber. Esos deben quedarse. Así, en lo que va del 2023, el procurador general del Estado, Daniel Soria Luján, denunció a 29 altos funcionarios, en su mayoría por delitos de corrupción. Y en 4 casos ha defendido sus denuncias con demandas de amparo ante los archivamientos de la fiscal de la Nación. En general, participa en 105 casos de altos funcionarios, entre ellos 72 congresistas y ex congresistas, 6 presidentes y ex presidentes del Consejo de Ministros, la actual presidente de la República y sus dos antecesores.[1]
Asimismo, hemos visto cómo el equipo fiscal contra la corrupción en el poder, liderado por la fiscal Marita Barreto, ha logrado recopilar y consolidar pruebas contundentes que han evidenciado el motivo por el cual la fiscal de la Nación archivaba investigaciones contra congresistas: las ofrecía a cambio de respaldo político para afianzar su poder en el Ministerio Público. La contundencia de las pruebas ha sido suficiente para sorprender a las y los congresistas denunciados por diversos delitos, como sustraer el sueldo a sus trabajadores y tráfico de influencias desde sus funciones congresales. La precisión de dichos medios probatorios, a su vez, ha sido posible gracias al trabajo técnico del equipo de investigadores policiales, que contó con la colaboración de un o una congresista que decidió informar lo que ocurría. Ese equipo está liderado por el coronel Harvey Colchado, cuya meticulosidad para desbaratar organizaciones criminales es reconocida desde que logró éxitos contra el grupo terrorista liderado por “Artemio” en el Alto Huallaga
En la misma línea y en la misma semana, vimos cómo los trabajadores de la Defensoría del Pueblo han solicitado el apartamiento del cargo del titular de su institución, así como la profundización de las investigaciones sobre cómo se consiguieron los votos congresales para su nombramiento, dada la evidencia de que hubo presión de la fiscal de la Nación para conseguirlos.
Resulta notable además cómo el juez de Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica, Fernando Vicente Fernández Tapia, no permitió ser usado por un juego en pared entre la defensa del dictador Alberto Fujimori y los magistrados del Tribunal Constitucional nombrados por la mayoría de congresistas, afines al fujimorismo. Y, cumpliendo sus funciones, declaró improcedente la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional que restablecía el indulto a favor de Fujimori.
Como ellos, tenemos muchos jueces, fiscales, policías, unas pocas congresistas, servidores de instituciones autónomas y trabajadores y trabajadoras en general, que han preferido usar el poder que se les ha encargado, para servir a la gente, en favor de los ciudadanos y las ciudadanas.
Los servidores y servidoras que cumplen sus deberes aún contra las cabezas o cabecillas de sus entidades nos están dejando ejemplos que podemos seguir y que nos animan a cumplir nuestros propios deberes ciudadanos de movilizarnos para acelerar la caída de las organizaciones criminales que secuestran el desarrollo de nuestro Perú.
[1] (7) Procuraduría General del Estado – Perú (@PGE_Peru) / X (twitter.com)
