Mientras el kilo de limón continúa en 17 soles en cualquier mercado y se anuncia una escasez de mango y otros productos por causa de la imprevisión ante manifestaciones climáticas, la mayoría congresal anuncia la captura del sistema de justicia, empezando por la Junta Nacional de Justicia y así asegurarse impunidad en las distintas investigaciones que tienen en su contra.
¿Qué tienen en común el alza de alimentos y los afanes golpistas de la mayoría de congresistas? Que al enfocarse estos en concentrar dictatorialmente poderes para su beneficio personal, se desenfocan en todos los problemas de la gente: la penetración de organizaciones criminales con el consecuente aumento de la delincuencia, el aumento de los precios y del costo de vida, la destrucción de la Amazonía, el embarazo adolescente, el aumento de la anemia a 43,6% de los niños y niñas de entre 6 y 36 meses, así como la degradación de la educación y la salud públicas.
Sin embargo, el anunciado golpe al Estado de Derecho vía la toma de la Junta Nacional de Justicia empeora todos los males. Veamos por qué.
La Junta Nacional de Justicia, instituida en los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución, nombra, destituye y decide si ratifica o no, a todos los jueces y fiscales titulares de la República. Controlando aquella institución, se puede presionar a magistrados para que fallen en favor de intereses particulares de quiénes la controlan. Sería el fin de la justicia, que nunca ha estado bien en Perú; pero que desde la desarticulación de la banda criminal “Hermanitos cuellos blancos” había conseguido puntuales espacios de independencia y competencia. Los integrantes de la Junta Nacional de Justicia fueron elegidos en un concurso de méritos con mucha publicidad por el defensor del pueblo, la fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, el presidente del Tribunal Constitucional, el contralor general de la República y dos rectores, elegidos de entre sus pares de universidades públicas y privadas. Si la coalición de representantes congresales de organizaciones criminales cumple su amenaza de remover a los actuales integrantes de la Junta Nacional de Justicia, estos podrían ser reemplazados por individuos alineados con sus objetivos de saqueo del Estado. Y ellos podrían nombrar al jefe del Organismo Nacional de Procesos Electorales, lo que ayudará al objetivo de que la dictadura de la coalición congresal con el actual Ejecutivo no tenga fecha de fin. Recordemos que la mayoría congresal es liderada por Fuerza Popular, cuya candidata principal ha evidenciado su decisión de controlar todas las instituciones públicas para poner el presupuesto público y el que consigue de fondos delincuenciales, a su servicio hasta el fin de sus días.
¿Por qué la destitución de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia sería un golpe de Estado si está normada en el artículo 157 de la Constitución? Porque esa norma exige, sine qua non, que se verifique la existencia de una falta grave. Y en las 14 páginas de la moción de remoción presentada por Avanza País, no se menciona ninguna norma que establezca que cualquiera de los hechos que se anotan en la moción, constituya falta alguna. Cabe resaltar que ningún procedimiento sancionador procede sin que la falta que se sanciona esté establecida en una norma expresa, escrita y previa.
Cabe recordar que la mayoría congresal ya dio un golpe de Estado el 21 de junio al destituir sin justificación a una fiscal suprema por discrepar de sus criterios fiscales. De esa manera alteró la composición de la junta de fiscales supremos, haciéndose del control del Ministerio Público vía la actual fiscal de la Nación.
¿En qué afectará la vida cotidiana de la gente la anunciada captura de la Junta Nacional de Justicia? Además de abrirse la puerta a la impunidad de los capturadores, esta también podría llegar a la de los integrantes de las distintas mafias con acceso o conexiones a los congresistas y sus organizaciones, con el consiguiente aumento de la inseguridad ciudadana. Además, tener un sistema de justicia a merced de congresistas dispuestos a torcer la constitucionalidad y legalidad para su lucro particular, empeoraría las condiciones para hacer transacciones de mercado, lo que encarecería sus costos y desalentaría aún más las inversiones lícitas, en perjuicio de la economía de la gente. De otro lado, habría menos contención judicial de abusos represivos contra ciudadanas y ciudadanos que protesten.
En suma, requeriremos de más esfuerzos en el camino de expulsión del escenario político peruano de los autores de estos atropellos.
