La tozudez de la dupla Boluarte – Otárola y la chatura de miras de los congresistas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Avanza País, Renovación Popular, Perú Bicentenario, la mayor parte de Acción Popular y de Perú Democrático, la mitad de Somos Perú y algunos congresistas más, junto con una degeneración de la represión policial a niveles sicopáticos, siguen enlutando familias peruanas, generando riesgos de discapacidad por lesiones y traumas y gastos por detenciones arbitrarias.
Sin embargo, en estas semanas de lucha, las demandas ciudadanas se han simplificado, con lo que han ganado en aceptación masiva. Por ello, una reciente encuesta señala que el 74% de la ciudadanía aprueba la renuncia de la presidenta de la República, como salida inmediata de la situación de enfrentamiento actual. Y el 73%, que se adelanten las elecciones generales a este año 2023 ( https://onx.la/9b1cd ). Muy probablemente, porcentajes similares o aún mayores están de acuerdo con justicia para las familias de los asesinados.
Al respecto, ha resultado muy oportuno el mensaje leído el domingo 28 de enero del Evangelio de Mateo, en el que se nos dice “dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”. Pues es este hambre y sed de justicia lo que está motivando y sosteniendo no sólo las protestas ciudadanas, sino también la exigencia de renuncia de la presidenta Dina Boluarte, así como acciones puntuales de apoyo médico y legal de personas voluntarias. Allí tenemos una razón de esperanza para los tiempos venideros.
Precisamente, los esfuerzos de integrantes de equipos de voluntariado, de cuya fraternidad ciudadana dimos cuenta en una entrega anterior (https://onx.la/a21f7) han conectado con lo poco de institucionalidad funcionando que tenemos en los sistemas de salud y de justicia. Así, podemos destacar a los profesionales de la salud que han atendido heridos trasladados por brigadistas de salud a varios hospitales de Ayacucho, Juliaca, Puno y Lima. También a la Defensoría del Pueblo, que sigue sacudiéndose de la retracción que sufrió bajo el titular anterior, ahora con un despliegue en las calles que ayuda a dar cuenta de las personas detenidas y heridas y que acaba de emitir un potente mensaje, en el que nos recuerda que
“la forma moralmente más repulsiva de actuar es dejar morir a la gente cuando se tiene en las manos la facultad política de pacificar y cambiar el rumbo trágico de estos días. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo pueden hacerlo. Cada día que pasa, la vida de alguien está en peligro, y la democracia -ese gran anhelo republicano- se va deshaciendo ante nuestros ojos.” (https://onx.la/70712 )
Igualmente, merecen atención las y los fiscales especializados en derechos humanos que podrían encontrar responsabilidades individuales para sancionar los asesinatos con más evidencia, como el de Edwin Prado en Ayacucho o Víctor Santiesteban en Lima. O el servicio de traductores del Ministerio de Cultura, que apoyó a los ciudadanos quechuahablantes detenidos arbitrariamente.
En general, todos y todas quiénes están cumpliendo funciones en favor de nuestros conciudadanos y conciudadanas, algunos en situación de mucha vulnerabilidad, que se movilizan ejerciendo el derecho a la protesta y a la propuesta, podrán aportar a una próxima discusión sobre los principios del nuevo pacto social constituyente, cuya necesidad, como se aprecia de una encuesta anterior y del reciente mensaje presidencial, es cada vez más evidente para construir un mundo más justo y saludable, sin marginaciones ni exclusiones.
