Sí, y por partida doble: dos proyectos de ley muy importantes para niños y niñas, impulsados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y algunas congresistas, fueron aprobados por el Congreso el jueves, por unanimidad de los asistentes.
En uno de ellos participaron la congresista por Huánuco Elizabeth Medina (Perú Libre) como presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Congreso y las integrantes de la Comisión Multipartidaria de Protección a la Infancia, para otorgar una pensión de S/ 200 mensuales entregados de manera bimestral (es decir 400 soles cada dos meses) a los niños y niñas que perdieron a uno o ambos padres y que se encuentran en hogares en pobreza o que sean hijos de personas asesinadas por defender derechos humanos, como ocurre con los líderes indígenas muertos en defensa de su territorio. La ministra Anahí Durand, de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha indicado que se trata de 83 mil 664 niñas, niños y adolescentes. La asistencia económica será otorgada por el MIMP a través del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar-INABIF, encargada de evaluar, tramitar y realizar el seguimiento. El INABIF deberá supervisar que el administrador de la pensión (padre o madre supérstite o tutor/a legal) use el dinero para fines de alimentación, educación, salud física y mental, terapias de recuperación u otros asociados al desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, hasta que cumplan 18 años o 23 si acreditan el cursado de estudios superiores. Si el dinero no se dedica a esos fines, se suspende la pensión hasta que se cambie de administrador/a.
Además de la pensión monetaria, esta ley permitirá un acompañamiento sicológico, en otras atenciones en salud, y educativo, así como el establecimiento del Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Orfandad, que permitirá actualizar sistemáticamente la información sobre los menores de edad en esta situación, partiendo de los datos que provea el RENIEC. Aspectos importantes son los enfoques de derecho e intersectoriales que se incorporan a la Ley.
Otro proyecto de ley impulsado por la ministra Anahí Durand, es el que abrevia los plazos de adopción de los menores de edad en desprotección, es decir, sin cuidados de padres, madres o tutores. En Huánuco se les puede encontrar en la sede central de la Beneficencia Pública, y allí cualquiera que la visite puede observar la intensidad de la necesidad de afecto que tienen los niños y niñas que requieren atención residencial. Con la Ley aprobada se reducirá el tiempo en que el o la juez a cargo resuelva sobre la situación de desprotección familiar de un niño o niña. Cuándo haya observaciones, se subsanarán en no más de 15 días hábiles, ampliables por 10 días más si otras entidades tienen que hacer actuaciones. Y la audiencia en que se resuelve la situación del menor se hará dentro del juzgado, teniendo que resolverse en el mismo día. De esta manera, en coordinación con la Secretaría Técnica de Adopciones del Ministerio de Justicia, y las Cortes Superiores de Justicia, debería reducirse el tiempo de un proceso de adopción, que hoy puede durar hasta 4 años. Así, se amplían las probabilidades de que algunos de los 1088 niños y niñas de entre 0 a 5 años que se encuentran en centros de acogida residencial, pueden llegar a una casa familiar.
La aprobación de ambos proyectos con respaldo multipartidario muestra que la política sí puede usarse para el bien de los más vulnerables. Muestra también que la demora de su puesta en agenda del Pleno por parte de la presidencia del Congreso, no tenía sentido. Esperemos que este tipo de leyes empiece a ser la nueva normalidad del Poder Legislativo, antes que los que limitan derechos fundamentales.
