La crisis del Congreso peruano ha alcanzado niveles sin precedentes durante el presente período legislativo. Los males de períodos anteriores, cuyo origen profundo es el mismo de los males actuales -congresistas priorizando intereses personales sobre su deber de representación- se han exacerbado con el reciente descubrimiento de una presunta red criminal operando desde el corazón mismo de la institución.
Las investigaciones han expuesto un esquema perturbador: Jorge Torres Saravia, desde su posición como jefe de la Oficina Legal y Constitucional y persona de confianza de Luis Valdez, secretario general de Alianza por el Progreso, habría orquestado un sistema de contratación irregular de mujeres. Bajo la fachada de posiciones de asesoría, estas mujeres habrían sido sido usadas para acercarse sexualmente a trabajadores y, eventualmente, congresistas, en una red de extorsión y presión para el beneficio directo de Torres – que meses atrás fue el firmante del informe para justificar la entrega de una pensión de más de 15 mil soles al dictador Alberto Fujimori. Queda pendiente profundizar las investigaciones para esclarecer si además participaban en algún esquema de manipulación de decisiones legislativas o de control. Este entramado culminó con el asesinato de de una de las contratadas por instancias de Torres, aparentemente para evitar que haga públicos detalles de sus actividades en el Congreso. A pesar de lo sórdido de esta situación, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, también de Alianza para el Progreso, no ha manifestado ningún ánimo de renunciar, y las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre y sus satélites tampoco han expresado ningún ánimo de censurar a nadie de la mesa directiva. No sólo han legislado en favor de organizaciones criminales, sino que están apañando una en el centro del Congreso.
Esta indisposición a hacer efectivas responsabilidades políticas nos muestra una vez más la urgencia de cambiar de raíz las normas de la representación política en Perú. Además de terminar la autonomía ilimitada del Congreso para aumentar sus presupuestos, sueldos y contrataciones. Toda la dimensión administrativa del funcionamiento del Congreso debe integrarse a los respectivos sistemas administrativos del Estado.
Efectivamente, una nueva Constitución debe incorporar como principio general de todas las entidades del Estado, en su calidad de entidades de poder público, su sujeción a los parámetros y criterios de los sistemas administrativos del Estado, orientados a consolidar equipos y procedimientos en mejora continua. Así, todas las entidades estatales, incluido el Congreso, deberán integrar sus áreas administrativas a los respectivos sistemas: Gestión de recursos humanos para las contrataciones de personal, Tesorería para el manejo de fondos, Abastecimiento para adquisiciones y Presupuesto para racionalizarlo. Una primera meta de esta reestructuración debería ser reducir el actual presupuesto inflado de 1,412 millones de soles a los 649 millones de 2021, liberando recursos para necesidades urgentes en salud pública. En ese camino deben eliminarse gastos superfluos como seguros privados y seguridad personal, y reducir drásticamente los servicios y personal no esenciales para la función representativa.
Pero debemos ir más allá de sólo reducir el costo del Congreso y eliminar sus peores prácticas. Hemos de re-imaginar la forma de representación política. Reconociendo espacios de deliberación ciudadana como juntas vecinales, rondas campesinas y comunidades campesinas o nativas. La tecnología permitiría agregar y escalar las deliberaciones de estos espacios locales hacia niveles superiores, en donde las conclusiones sean recogidas por representantes elegidos directamente por sus comunidades. Quizá la participación directa, como en las ciudades donde se originó la democracia o como ocurre con las Asambleas comunales, pueda reemplazar la actual forma de representación. Mientras que las funciones de fiscalización podrían ser asumidas por una nueva Defensoría del Pueblo y una nueva Contraloría General de la República, rediseñadas con mucha apertura a la participación ciudadana descentralizada.
En todo caso reformar el Congreso para prevenir que vuelva a convertirse en guarida de criminales y corruptos, implica nuevos diseños normativos, desde una nueva Constitución, que aseguren el poder de las personas y comunidades.
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