El jueves 16 de noviembre en la noche buena parte de la ciudadanía de Perú se encontraba atendiendo al partido de fútbol entre la selección peruana y la de Bolivia, que terminó en una derrota de la primera. El mismo día la mayoría congresal aprobó, en una primera votación, una iniciativa de la bancada oficialista Fuerza Popular de modificar 53 artículos de la Constitución, desde el 2 hasta el 206, y de añadir dos artículos nuevos, para incorporar una segunda cámara al Congreso con 60 nuevos integrantes.
Esta modificación incluye permitir la reelección indefinida de congresistas en las dos cámaras. De esta manera, en una sesión donde el cambio de la estructura política del Poder Legislativo no estaba agendado y sin mayor debate, la votación para cambiar más de un cuarto de la Constitución obtuvo 93 votos a favor y 28 en contra, estos de Perú Libre y Juntos por el Perú – Cambio Democrático, sumadas a minorías de no agrupados, Perú Bicentenario y Bloque Magisterial. El cambio constitucional debe ratificarse en una segunda votación en la legislatura ordinaria del primer semestre de 2024.
La reelección y la incorporación de una segunda cámara de congresistas son temas debatibles. En Perú, en el siglo XX ya existieron dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores, como en otros países. Y la reelección estuvo permitida hasta el año 2018. El debate sobre si estas figuras deben introducirse en la Constitución debe considerar la evaluación de esas experiencias, así como las posturas previas al referéndum de diciembre de 2018. Asimismo, tendríamos que preguntarnos si deberían hacerse mediante una modificación masiva liderada por los actuales congresistas o a través de una nueva Constitución redactada por representantes elegidos para una Asamblea Constituyente.
En cualquier caso, llama la atención que no se haya abordado este tema antes de la sorpresiva votación del 16 de noviembre. Esto evidencia el desinterés de la mayoría de los congresistas en mejorar la representación y la calidad de la discusión política. Y muestra que su interés está en su propio beneficio, aspirando a reelegirse indefinidamente como diputados o senadores. No por casualidad en la misma semana en que se aprobaron la reelección indefinida y las dos cámaras congresales, se otorgó un bono de 9900 soles a todas las personas que trabajan en los despachos congresales. No sería sorprendente pensar que parte de ese bono termine en los bolsillos de los congresistas acusados de recortar salarios, conocidos como “mocha sueldos”.
En el camino de una discusión constituyente sobre las relaciones de los y las representantes con sus electores y electoras, se debería atender en primer lugar a las normas de elección, de modo que se elimine el actual sesgo en favor de la representación de economías ilícitas en cada distrito electoral. Esto implica igualar la cancha para que contendientes con visiones de desarrollo nacional o regional, puedan hacerlas llegar a los electores en la misma magnitud con que quiénes postulan para su beneficio personal a costa de los recursos públicos, dan a conocer sus candidaturas.
En segundo lugar, debe reducirse el plazo de la representación a 4 años, con renovación por mitades a los 2 años. En tercer lugar, debe incluirse mecanismos de rendición de cuentas al menos una vez al año de los elegidos hacia sus electores. En este contexto posibilitar una reelección inmediata sí sería un incentivo para mejorar la calidad de la representación. Respecto a una segunda cámara, podría dedicarse a nombramientos o ratificaciones de altos funcionarios, incluyendo magistrados, embajadores y altos mandos militares, como ocurre en otros países.
Todo esto requiere cambios en la regulación de otros órganos del Estado, por lo que lo más conveniente es discutirlos en el marco de una nueva Constitución, que formalice un diseño del poder institucional orientado a los intereses de las mayorías, recogiendo lecciones pertinentes de nuestra historia y de las de otros pueblos.
