El 15 de setiembre el Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público y la Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato suscribieron un acuerdo de colaboración eficaz con la empresa AENZA, ex Graña y Montero. Más importante que el monto de reparación civil, 460 millones de soles a pagar en 12 años, tenemos el reconocimiento de que esa empresa y parte de sus ejecutivos, “cometieron delitos de corrupción en 16 proyectos de infraestructura, entre los que se encuentran el Gasoducto Sur Peruano, la Carretera IIRSA Norte, la Vía Expresa Sur de Lima, la Línea 1 del Metro de Lima y la Carretera IIRSA Sur, tramos 2 y 3 … (al participar) en los procesos de selección o concursos públicos de 48 obras, para dar la apariencia de competencia en el esquema del denominado “Club de la Construcción”.
¿En qué consistía el esquema de corrupción propiciado por Graña y Montero?
El acuerdo implicó reconocer 48 fraudes simulando competencia en las contrataciones cuando estas ya estaban “arregladas” con funcionarios corruptos. De esta manera, Graña y Montero, ahora AENZA y las demás empresas del “Club de la Construcción” y sus ejecutivos ganaban contrataciones a cambio de desembolsar sobornos que luego “recuperaban” del dinero que el Estado entregaba para la construcción de obras públicas, que por ende contaban con menos recursos de los necesarios para su buen término. Este esquema de enriquecimiento a costa de los recursos de todos nosotros es similar al de “consorcios” que operan en gobiernos regionales y municipalidades, como lo hemos visto en Huánuco, Áncash, Puno, Arequipa, Ayacucho, entre al menos 16 departamentos con gobernadores regionales procesados por causas similares, y como lo estamos viendo con el alcalde de Anguía, en Cajamarca y con otros alcaldes y ex alcaldes, algunos que incluso están postulando a cargos de elección popular en las presentes elecciones regionales y municipales.
¿Y qué pasa con las contrataciones nacidas bajo este esquema corrupto?
AENZA y sus corruptos ejecutivos aceptaron terminar anticipadamente uno de sus corruptos contratos, el de la concesión de la Vía Expresa Sur con la Municipalidad de Lima, así como desistirse de arbitrajes contra el Gobierno Regional de Cusco y contra el Estado en el CIADI (Centro Internacional de Arbitrajes), este por S/700 millones por la construcción del gasoducto sur peruano. Pues, en el colmo de la sinvergüencería, no contentas con amañar las contrataciones, cuándo el dinero no alcanzaba para terminar las obras contratadas y por ende el Estado imponía penalidades por el incumplimiento de los contratos, las empresas sometían los mismos a arbitrajes para obtener indemnizaciones millonarias.
¿Qué hacer en adelante ?
Seguir buenos ejemplos como los de las mencionadas Procuraduría del gobierno regional de Cusco y la Procuraduría ad hoc para el caso Odebrecht y otros, que sí han entendido lo que significa defender los intereses del Estado, generándole ingresos, y conocimiento, así como evitándole más pérdidas.
Lamentablemente, en vez de dar lineamientos en ese sentido a todas las procuradurías regionales y municipales, la Procuraduría General del Estado ha venido hostilizando al procurador del gobierno regional de Cusco. Por el contrario, lo que corresponde es reforzar su procuraduría con personal adecuadamente contratado, así como a la procuraduría del caso Lava Jato y a todas las que vienen actuando adecuadamente en defensa de los intereses del Estado.
Corresponde también no votar por candidaturas con investigaciones o sospechas de haber participado de esquemas de corrupción como los evidenciados.
En general, el acuerdo reseñado, al evidenciar cómo operaban (y quizá como siguen operando) empresas, ejecutivos y funcionarios corruptos, nos da una oportunidad de “vencer el mal con el bien”, como propone el apostol Pablo en su carta a los romanos (capítulo 12). Aprovechémosla.
