Podríamos pensar que, mientras la extinción del Proyecto Legado fue una decisión del régimen, la caída del puente de Chancay fue el resultado de la confluencia de las fuerzas de la naturaleza con el incumplimiento de deberes por parte de la empresa privada Norvial. Sin embargo, ambos sucesos comparten una causa profunda y simple a la vez: la codicia desmedida de personas que anteponen sus intereses económicos a sus responsabilidades. También comparten una causa técnica: la falta de evaluación como base para la toma de decisiones. Y, finalmente, ambos casos demuestran que solo la presión ciudadana —ya sea mediante protestas, movilizaciones, acciones judiciales o electorales— podrá obligar a las autoridades a asumir sus responsabilidades.
En efecto, el Proyecto Legado fue disuelto sin ninguna evaluación de sus logros, resultados o impactos, mediante el Decreto Supremo N° 20-2025-PCM, que establece la transferencia de sus recursos, bienes y funciones al Instituto Peruano del Deporte (IPD) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). El decreto no menciona que el proyecto contribuyó a la logística de la vacunación nacional contra el COVID-19, ni a los servicios que brindaba como gestor de centros de alto rendimiento deportivo, beneficiando tanto a deportistas de élite como a personas de todas las edades y condiciones interesadas en el deporte. Durante su existencia, organizó más de 600 eventos internacionales y, en 2024, fue responsable de los mundiales de vóley sub-17, atletismo, natación artística y judo.
Tampoco se alude a los presupuestos administrados por dicho Proyecto, que incluían 28 subsedes deportivas, entre ellas la Villa Deportiva Nacional, con 88 campos de juego, activos valorizados en 580 millones de soles (equivalente al 45% del presupuesto total del IPD para 2025). Todo ello sin cuestionamientos. Ni se mencionan los casi 1370 millones de soles (369 millones de dólares) asignados a los Juegos Panamericanos de 2027. Al carecer de una evaluación sobre la gestión del proyecto, cabe sospechar que la codicia por estos presupuestos fue la causa de su extinción. Esta sospecha se refuerza al considerar que el IPD, además de ser cuestionado por la calidad de su gestión, está siendo investigado por contrataciones que beneficiaron a la organización criminal “Waykis en la sombra”, presuntamente liderada por Nicanor Boluarte.
El mismo día en que el Proyecto Legado fue disuelto por los ministros Quero y Adriancén, colapsó el puente de Chancay, cobrando la vida de tres personas y dejando a más de 38 heridas. Las primeras declaraciones del ministro de Transportes fueron de duda entre sí la causa fue la crecida del río o la falta de mantenimiento por la empresa privada Norvial, encargada de administrar los recursos de los peajes en el tramo Ancón-Pativilca de la Panamericana Norte. Sin advertir que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), ya había recomendado reforzar el puente. Es cierto que esa empresa no destinó los ingresos de los peajes —que ascendieron a S/ 274 millones de soles en 2024 — al mantenimiento del puente. Esta omisión quizá se entienda mejor si se observa que los accionistas de Norvial son Aenza (ex Graña y Montero, socia predilecta de la corrupción de Odebrecht ) con el 67%, JJC Contratistas Generales (empresa fundada por Jorge Camet, ministro de Economía de Fujimori) con el 16.8% y un fondo de inversión controlado por Credicorp y Sura con el 16.2% de las acciones restantes. Es decir, la encarnación de la idea de lucro a costa de la vida de la gente.
Sin embargo, también es cierto que las vías concesionadas a empresas privadas siguen bajo la supervisión técnica del Ministerio de Transportes, como lo establece el Decreto Legislativo N° 1105.
Al igual que con la extinción del Proyecto Legado, en este caso también encontramos la codicia, esta vez por parte de los directivos de una empresa privada, y la falta de decisiones basadas en evaluaciones técnicas, por parte de las entidades del sector Transporte, como causas de la tragedia.
Ante esto, además de garantizar una pronta indemnización a las víctimas y sus familiares, corresponde censurar al ministro de Transportes por omitir su deber de supervisar las vías a su cargo. Y, por nuestra parte, acelerar la caída de este régimen, cuya incompetencia en todos los ámbitos sigue generando males para nuestra vida social. También nos corresponde recuperar el sentido de fraternidad social por encima de la codicia personal o empresarial.
