La ciudadanía del sur de nuestro país protagonizó importantes acciones de protesta la semana pasada. Conforme la Defensoría del Pueblo[1], todas las capitales de los departamentos sureños – Tacna, Moquegua, Puno, Cusco, Abancay – y otras ciudades importantes, paralizaron parcial o totalmente. Y empezaron a circular mensajes secesionistas de dichos departamentos. Más allá de su poca viabilidad en estos momentos, se tratan de señales del agotamiento de la forma de Gobierno plasmada en la actual Constitución, no sólo en las relaciones entre poderes del Estado del nivel nacional, sino en las relaciones entre los distintos niveles de gobierno. En general, lo que vemos son demandas de mayor autonomía en los niveles subnacionales de gobierno, que tendrán que concretarse, tarde o temprano, en un nuevo diseño constitucional de la descentralización.
Al respecto, la mayoría de países de un tamaño cercano al de Perú, presentan niveles mayores de autonomía subnacional. E incluso, con regímenes especiales para algunas regiones, como ocurre con el País Vasco en España o Sicilia en España. Y en América Latina, Argentina, Brasil y México tienen estructuras federales de Gobierno, con poderes legislativos, ejecutivos y judiciales descentralizados. Todas ellas plasmadas en sus respectivas constituciones.
Que revisarse al momento de discutir el nuevo pacto constitucional con los pueblos peruanos. Entre otros, tendrán que modificarse los principios y normas de asignación del presupuesto, que actualmente es distribuido desde la sede central del Ministerio de Economía y Finanzas, en Lima, hacia los gobiernos municipales y regionales, con una importante atadura: la imposibilidad de aumentar el gasto corriente requerido para contar con directivos con la experticia necesaria para gestionar el desarrollo local y regional en los distintos sectores. Lo que se hace más patente en las limitaciones al uso del presupuesto proveniente del canon (porcentaje del impuesto a la renta por los recursos naturales que se extraen de cada departamento), que sólo pueden dedicarse a proyectos de inversión, mas no al personal de las gerencias o direcciones a cargo de ejecutarlos, lo que lleva a la conocida “incapacidad de gasto” y que todos los años, parte importante del presupuesto no se ejecute. De esta forma, se vacía de contenido la declaración de “autonomía económica” de los gobiernos subnacionales.
Sin embargo, la experiencia concreta de estos gobiernos nos alerta sobre los riesgos a la ciudadanía que supondría una mayor autonomía sin un mejor control institucional y ciudadano. Actualmente, las únicas vías institucionales con alguna efectividad en la contención de abusos de poder de estas autoridades son las denuncias ante las fiscalías competentes y ante las oficinas desconcentradas de la Contraloría General de la República. Pero estas denuncias suelen generar investigaciones y eventuales procesos de muchos años de duración y resultados inciertos. Una nueva Constitución habrá de abrir vías de participación y vigilancia ciudadana permanente, con consecuencias efectivas sobre las personas en quiénes la ciudadanía confía la dirección de su desarrollo.
