A veces los males se originan en acciones o prácticas tan comunes que creemos que se han “normalizado”, a pesar de ser contrarias a las normas morales y jurídicas que deberían regir nuestra convivencia. Así, en el ámbito de la salud, suele ocurrir que nuestros familiares hospitalizados no tengan un médico principal que esté atento a su salud, sino que varios médicos se roten la revisión, sin que sepamos quién es el responsable. En otras ocasiones, simplemente el médico que debería atender a nuestro paciente por alguna emergencia, no se encuentra en el establecimiento de salud, teniendo el personal asistencial que llamarlo.
Asimismo, todos conocemos de situaciones en las que máquinas de apoyo al diagnóstico en los hospitales públicos, se han malogrado y no se sabe cuándo estarán funcionando. En la década pasada, la ausencia del tomógrafo adquirido para el Hospital Regional de Huánuco fue un ejemplo extremo de ello. Hoy seguimos padeciendo situaciones de ese tipo. Finalmente, el desabastecimiento de medicamentos e insumos es común en las farmacias públicas. Un reciente reporte publicado por El Comercio indica que 66 % de los establecimientos sanitarios no cuentan con al menos un fármaco esencial, el stock de 500 fármacos esenciales no cubre la demanda existente y más de 400 no están disponibles en el país, con 18 departamentos con abastecimiento menos al adecuado. Meses atrás se había reportado que el 51.2 % de los establecimientos de salud en Perú no están abastecidos de medicamentos esenciales, incluyendo paracetamol, omeprazol o ibuprofeno según cifras del Sistema Integrado de Productos Farmacéuticos (SISMED)[1] .
Estos problemas pueden resolverse. Una manera de hacerlo es revisando los incentivos para que persistan, a fin de actuar sobre ellos. Un incentivo común del desabastecimiento de medicamentos, la carencia de maquinaria operativa y la indisposición de médicos concentrados en atender a los pacientes, todo en el sector público, es la permisión del conflicto con intereses privados mercantiles en cada aspecto: las escaseces de medicamentos, maquinaria y personal dedicado en los establecimientos públicos provocan una oferta privada a la que médicos que atienden a personas aseguradas, derivan. Afrontar esto implica incentivos a la obtención de resultados favorables a quienes se atienden en establecimientos de salud públicos, usando los materiales con los que cuentan, desnormalizando la derivación a servicios privados de consulta, diagnóstico o provisión (que a veces pertenecen directa o indirectamente al profesional de salud que la deriva).
Estos incentivos han de complementarse con la prohibición a los médicos trabajadores públicos de desempeñarse como personal de salud en entidades privadas. De manera similar a la prohibición a jueces y fiscales de patrocinar casos. Esta prohibición complementaría el pago de bonificaciones por casos resueltos. De esta manera, el personal médico tratante tendría un incentivo para que los equipos que necesitan para la atención de sus pacientes operen adecuadamente. Asimismo, buscaría que los medicamentos que se prescriba estén disponibles en las farmacias públicas, lo que traería un incentivo para su abastecimiento oportuno. Complementariamente, la bonificación por caso resuelto actuaría como un incentivo para individualizar la responsabilidad con el cuidado y tratamiento de los y las pacientes. La prohibición indicada tendría que acompañarse de mejoras remunerativas o de las condiciones de trabajo, incluyendo las facilitades para la formación o capacitación permanentemente.
¿Qué otras medidas deberían darse para lograr una buena calidad de las prestaciones de salud en establecimientos públicos, al margen de la situación económica de las personas que se atienden en ellos? En el marco de un nuevo pacto social peruano que asegure la salud universal, de buena calidad y gratuita para todas las personas.
