El recibimiento multitudinario del ciudadano Antauro Humala en Andahuaylas, lugar donde a inicios del año 2005 protagonizó un enfrentamiento armado en el que a 4 policías y 2 civiles ex soldados se les quitó la vida, ha despertado alarmas.
Pues el retorno a dicha ciudad estuvo precedido de declaraciones donde el mencionado personaje, que acababa de cumplir su condena a prisión por dichas muertes, reiteraba su convicción de que su acción fue correcta, sin mostrar ningún pesar por las vidas perdidas en ella. Lo primero fue ratificado en su presentación en Andahuaylas, aunque pidió un minuto de silencio por todos los fallecidos en la toma de la comisaría que él dirigió. Cabe recordar sus nombres: David Ortiz y Walter Merma, del lado de los civiles armados, reservistas del Ejército Peruano; y, del lado de los policías, el capitán PNP Carlos Cahuana Pacheco, el teniente PNP Luis Alex Chávez Vásquez, el técnico de tercera PNP Abelardo Cerrón Carbajal y el técnico de segunda PNP Ricardo Rivera Fernández.
Lamentablemente, la memoria de dichos conciudadanos peruanos no ha supuesto ningún cambio en la consideración del uso de la violencia contra las personas para conseguir objetivos políticos, ni del condenado Antauro Humala, ni, al parecer, de sus seguidores.
Y esa carencia de compasión con el dolor de las familias de los fallecidos, todos relativamente jóvenes, es lo que nos ha de alertar sobre el riesgo que supone el liderazgo político del mencionado “etno cacerista”, que en realidad actúa y habla como un fascista andino. Pues una condición imprescindible de la democracia es el respeto a la vida de los participantes en la comunidad política. Si no afirmamos dicha condición, nos arriesgamos a que las contiendas por el gobierno, se conviertan en guerras civiles, con costos inconmensurables para la gente, en especial, para los más pobres, que son y serán los más indefensos ante el empleo de la fuerza física.
Por el contrario, como lo comenté en una columna anterior, un signo distintivo de la democracia es el diálogo de todos y todas. Y aunque en nuestro país tenemos un sistema democrático pésimo por su rigidez extrema respecto de los elegidos para representarnos y gobernarnos, así como por su sesgo de cleptocracia (gobierno de los ladrones), lo que corresponde no es destruirlo, sino corregirla hasta construir un país con justicia social bajo las instituciones de un Estado de Derecho que funcione bien para todas las personas.
En ese camino, las pretensiones de líderes autoritarios no deben ser combatidas con barreras legales a su participación – que serían inconstitucionales -, sino con formación ciudadana de un lado y la construcción de organizaciones políticas democráticas de otro. Esos son los desafíos que tenemos en estos años. Animemos a más personas a asumirlos.
