A las tres semanas de iniciada la presencia militar en Ayacucho, se anunció que los comuneros de la provincia de Huanta habían ejecutado a varios militantes senderistas (cuatro en Huaychao, tres en Macabamba, cinco en Uchuraccay). El domingo 23 de enero el general Clemente Noel, Jefe Político Militar de la Zona de Emergencia, anunció a la prensa lo ocurrido en Huaychao, celebrándolo como el inicio de un triunfo sobre los subversivos, al movilizar a los campesinos en su contra. En Lima, el propio presidente Belaúnde felicitó “el patriotismo” de los comuneros. El lunes 24 un helicóptero llego a Uchuraccay, llevando alimentos y un contingente de 15 “sinchis” (contrainsurgencia policial), que pasaron la noche en la comunidad. Advirtieron a los comuneros, que temían la violenta reacción de Sendero, que no aceptaran la presencia de gente que llegara a pie, que los mataran, pues las “fuerzas del orden” llegarían por vía aérea y uniformados.
Para confirmar la triunfalista noticia del general Noel es que el grupo de ocho periodistas decidió viajar por su cuenta desde la ciudad de Ayacucho a las alturas huantinas. El miércoles 26 de enero de 1989 llegaron sin previo aviso a la comunidad de Uchuraccay, produciéndose los incidentes que terminaron con la muerte de estos forasteros, su guía (conocido en la comunidad) y un comunero que había tenido vínculos senderistas. Creyendo haber cumplido con su deber de eliminar gente extraña y sospechosa de ser “el enemigo de la patria”, la comunidad envió a dos comuneros a informar a los policías del pueblo de Tambo de lo sucedido. Las consecuencias del incidente remecieron al país entero.
En el ‘Informe Final’ de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) hay una reconstrucción de los sucesos de hace 40 años, así como de las dos investigaciones que el Estado peruano efectuó al respecto. La mas conocida fue la realizada por la llamada “Comisión Vargas Llosa” en febrero de 1983, por encargo directo del presidente Belaúnde. Con la distancia de cuatro décadas, muchos puntos del criticado informe de esa comisión han sido confirmados. Sin embargo, los presupuestos ideológicos que se esgrimieron para tratar de explicar lo sucedido fueron, ya desde entonces, cuestionados por su maniqueísmo y profundo desconocimiento del pasado y del momento presente de Uchuraccay, Huanta, Ayacucho, y el Perú andino-rural en general.
Desde entonces mucho se ha avanzado en la comprensión de lo ocurrido, gracias a las distintas investigaciones de la historiadora Cecilia Méndez, sobre los antecedentes del pasado huantino del siglo XIX; del antropólogo Enrique Mayer, sobre la respuesta de la sociedad peruana ante estos hechos; y del historiador ayacuchano Ponciano del Pino, sobre la vivencia de la guerra interna en la propia comunidad de Uchuraccay. Son aproximaciones complementarias, que nos permiten acercarnos a esta tragedia nacional encapsulada en la violencia de aquel día.
Por desgracia, parece que la sociedad peruana no termina de aprender del pasado. Se repite con desgarradora regularidad el choque entre diversas poblaciones rurales de nuestro país, con los distintos representantes del Estado nacional –que usualmente las ignora y pareciera que solo les presta atención para reprimirlas–, así como de las diversas elites locales que explotan su trabajo y los recursos de sus territorios. Episodios como los de la llamada “rebelión” de Juan Bustamante (Puno, 1868), los “sucesos del Putumayo” (Loreto, 1907-1912), la “rebelión de Rumi Maqui” (Puno, 1915-1916), el “caso Huayanay” (Huancavelica, 1973), el “Baguazo” (Amazonas, 2009), el “Aymarazo” (Puno, 2011), para nombrar los casos más sonados, proyectan una larguísima sombra sobre nuestros problemas para formar una nación de ciudadanos y ciudadanas con igualdad de derechos a lo largo y ancho de todo el país. No solo en sus ciudades, y no solo en su ciudad capital.
Fuente: Noticias SER.PE
