El último concurso de nombramiento docente, que define el acceso de maestros a la carrera en el sector educativo estatal, ocurrió el 2019. En esa oportunidad, apenas el 1,9% de los más de 230 mil postulantes obtuvo una plaza en el sistema educativo nacional. El resto de aspirantes reprobó la evaluación de conocimientos o, en una siguiente etapa, no superó el puntaje mínimo en la demostración de clases modelo.
Dicho proceso impulsado por el Ministerio de Educación (Minedu), que no se dio el 2020 debido a la pandemia, se realiza desde 2015 como parte de la implementación de la ley de reforma magisterial y en su edición de este año, iniciada el 13 de noviembre con la prueba escrita de conocimientos, recibió a más de 283 mil docentes del país que buscan una de las 37 mil plazas para acceder a la carrera en la educación pública.
En la víspera de la evaluación nacional, un portal digital informó sobre la filtración de la prueba resuelta. Luego de la publicación, el Minedu indicó en un comunicado que la responsabilidad de la custodia recaía en el Instituto Nacional de Estadística e Informática. También señaló que investigará el tema y pidió la intervención del Ministerio Público para que se sume a las diligencias.
La prueba permite tener a los mejores docentes al frente de los escolares peruanos que, de acuerdo a la última prueba PISA en 2018, apenas mejoraron su calificación en lectura en tres puntos, al pasar de 398 a 401 puntos, ocupando el puesto 64 de 77 países del mundo en lo que se refiere a evaluación de competencias lectoras. Con ello, se ubica entre los últimos lugares de América Latina, por debajo de Chile, México, Colombia y Brasil.
A los resultados de conocimiento en el sector, se suma la pandemia como un factor que ha impactado en la educación del país. De acuerdo a una estimación realizada por el Banco Mundial, el 65% de los escolares peruanos estuvieron por debajo del nivel mínimo de rendimiento en un escenario de cierre escolar de siete meses. La cifra aumenta hasta 76 % en un cierre de 13 meses.
Con estos antecedentes el 27 de octubre último, apenas dos semanas previas a la prueba para acceder a la carrera pública docente de los próximos dos años, el ministro de Educación Carlos Gallardo Gómez (81) se refirió a esta evaluación como un vía crucis. “Hay maestros contratados que durante años se la pasan dando estos exámenes para ser evaluados. […] Deberían estar nombrados hace tiempo. Sin embargo, se les hace pasar por el vía crucis”, indicó.
La reforma en la carrera magisterial tuvo su origen en el gobierno de Ollanta Humala, donde los exministros Patricia Salas O’Brien y Jaime Saavedra Chanduvi participaron en la promulgación e implementación de la norma. Esta ley se diseñó para establecer un régimen laboral único y con mayores beneficios para los docentes del sector público.
Sin embargo, los cambios para el nombramiento de maestros han tenido diferentes opositores, entre ellos la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación (Fenate – Perú), fundada por el actual presidente Pedro Castillo, y que entre 2017 y 2018 lideró las huelgas nacionales de maestros. Este sindicato ha criticado desde un inicio la evaluación de docentes y hoy tiene a su exdirigente Carlos Gallardo Gómez como jefe máximo del sector educativo peruano.
A fines de julio último, a pocos días del inicio del nuevo gobierno, este sindicato obtuvo su inscripción en el Ministerio del Trabajo.
Actualmente el sindicato de profesores alista su brazo político denominado Partido Magisterial y Popular (PMP), todavía sin inscripción oficial ni anuncio sobre su posible participación en las elecciones del próximo año, pero con el apoyo de las bases de docentes en diferentes regiones del país.
El experto en educación y director de la organización The Learning Factor, Paul Neira Del Ben, sostiene que el gobierno está dando un uso político para “establecer una base de poder desde el magisterio”, cuya presencia se encuentra en todo el país.
“Se está configurando una arquitectura que permita conseguir la mayor cantidad posible de afiliados sino no se explicaría el defender que los docentes contratados pasen a ser nombrados. Si automáticamente te nombran, ¿a quién le vas a deber el favor? Al Fenate”, dijo.
La postura que mostró el ministro Carlos Gallardo en su conferencia de prensa ha ido de la mano con la designación en cargos de confianza de dirigentes de la Fenate. Recientemente nombró al secretario de la filial Pasco de este sindicato, Roy Palacios Ávalos, como viceministro de Gestión Pedagógica.
Desde su puesto, el exdirigente tendrá a su cargo oficinas como las del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) y del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), esta última con la capacidad de decidir qué proyectos priorizar en el país y cuyo director, el excongresista Edgar Ochoa Pezo, también se encuentra alineado al gremio de docentes.
Paul Neira Del Ben, director de la organización The Learning Factor, señala que la designación de Ochoa Pezo puede llevar a un posible “clientelismo político” debido a que el Pronied no requiere un control ni cuenta con una superintendencia de infraestructura. “Ellos mismos deciden y pueden elegir este expediente va para esta provincia porque está alineada conmigo y a la que no, decirle no se puede, el expediente no sale o no conseguí el presupuesto”, dijo.
Desde que asumió como titular del Minedu, a inicios de octubre, ha suscrito el nombramiento de 25 funcionarios entre viceministros, directores, jefes y asesores. ¿Quiénes acompañan a Carlos Gallardo Gómez en las principales direcciones del Minedu y sobre qué puntos críticos deberán decidir en los próximos meses?
Círculo cercano
Desde su llegada al ministerio, Carlos Gallardo ha tenido un acercamiento al bloque gremial de Perú Libre, agrupación política que llevó a la presidencia a Pedro Castillo. Un día después de asumir el cargo, en reemplazo de Juan Cadillo León, recibió en su despacho a los docentes y hoy congresistas electos por el partido oficialista.
En esa reunión del 7 de octubre estuvieron presentes Edgar Tello Montes, Álex Paredes Gonzales (quien en el registro de visitas todavía figuraba como miembro del Fenate), Katy Ugarte Mamani, Germán Tacuri Valdivia, Paul Gutiérrez Ticona y Fernando Herrera Mamani, fallecido el último 25 de octubre.
Además de los legisladores de Perú Libre, entre las visitas al despacho de Carlos Gallardo se encuentran las de su hija Ynés Gallardo Calixtro. Fuentes al interior del Minedu confirmaron a OjoPúblico la cercanía de Gallardo Calixtro con funcionarios recién designados en la gestión de su padre.
En el Minedu también se registran visitas recibidas de un consultor del despacho del ministro. El trabajador es Edwin Santiago Ivancovich Gamero quien, además de haber tenido contrataciones en el sector público entre 2009 y 2021, figura como sentenciado en un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas.
Durante la última semana, Ivancovich Gamero ha recibido en su despacho del ministerio a José Andrés Gamarra Barrientos, Brey Rojas Arroyo y Edgardo Romero Poma, este último designado el 10 de noviembre titular de la Dirección Técnico Normativa de Docentes.
El Minedu también ha nombrado a Maritza Sánchez Perales a la cabeza de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (Drelm) y a Carolina Lizano Espinoza al frente de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica (OSEE), antes jefa de la hija del ministro (Ynés Gallardo) en la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.
La OSEE representa una oficina técnica y clave porque maneja la estadística y evidencia del sector, cuyo análisis permite el desarrollo de nuevas políticas públicas que ejecutan el viceministerio de Gestión Institucional y el de Gestión Pedagógica.
Hasta el 14 de octubre, la titular de este despacho era Annie Chumpitaz Torres, con formación en la Universidad de Harvard, experiencia en el Banco Mundial y quien desempeñaba el cargo desde el 2018.
Las recientes designaciones en el Minedu no solo pueden obstaculizar el desarrollo de la reforma magisterial sino también otros sectores educativos como el universitario.
Reforma universitaria en alerta
A fines del gobierno de Francisco Sagasti, en junio de este año, se promulgó la ley de organizaciones y funciones del Ministerio de Educación. Esta iniciativa, entre otras medidas, modifica la estructura actual del sector y considera como viceministerios a uno de Educación Básica y otro de Educación Superior.
El cambio de gobierno no permitió que la norma se implemente debido a que antes el Ministerio de Educación debía alistar un reglamento. OjoPúblico conoció que a la fecha este documento no ha tenido avances al interior del ministerio y el último 12 de noviembre se designó a la docente Catie Gonzales Tovar como nueva directora de Educación Superior Universitaria del Minedu, oficina que debe trabajar en los lineamientos del nuevo viceministerio aprobado en el gobierno pasado.
Otra de las reformas que peligran es la ley universitaria, aprobada en el 2014 con oposición de congresistas que tenían negocios en el sector e incluso luego perdieron la licencia de funcionamiento como el caso de la Universidad Telesup, fundada por José Luna Gálvez de Podemos Perú y quien preside la comisión de defensa del consumidor. En setiembre de este año, se aprobó que este grupo legislativo tenga facultades para investigar a todos los organismos reguladores del país, entre ellos la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
En los últimos años, la reforma en el sector ha centrado sus críticas en el papel de la Sunedu, institución que a la fecha ha denegado la licencia de 49 universidades que no garantizaban la calidad educativa del servicio prestado.
Jorge Mori Valenzuela, especialista en temas universitarios y exfuncionario del Minedu, indicó que el sector liderado por Carlos Gallardo debe priorizar temas donde, de no presentarse avances, hay “un gran peligro de retroceder” como en el caso de la reforma universitaria.
“Tienes un problema muy serio porque la ley universitaria no ha dispuesto qué pasa con una universidad asociativa con licencia denegada y ahorita tienes unas propuestas en el Congreso que quieren retroceder las decisiones de Sunedu, pero allí el Ministerio de Educación tiene que poner una solución técnica y eso no lo está haciendo”, expresó.
Ante la falta de una medida o reglamento aprobado por el Minedu, que especifique el futuro de los estudiantes cuyas universidades privadas han perdido la licencia, se han presentado tres iniciativas en el Congreso para brindar una salida y “adecuación” a los centros de estudios que tenían la orden de cerrar. Es decir, volverían al sector pese a no haber garantizado en el pasado una buena calidad educativa. Estas iniciativas han tenido como antecedentes reuniones o pronunciamientos de universidades que perdieron la licencia.
El 23 de agosto, el congresista de Acción Popular, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, se reunió con autoridades de la Universidad Los Ángeles de Chimbote y anunció que tenía un proyecto para que las universidades no licenciadas tengan una nueva revisión por parte de la Sunedu. Esta iniciativa la presentó el 2 de setiembre y días más tarde recibió en su despacho a representantes de las universidades San Pedro y Peruana del Centro como quedó constancia en el registro de visitas de su oficina.
Mientras que el proyecto más reciente, presentado por el congresista Jorge Samuel Coayla Juárez de Perú Libre, ingresó al Congreso semanas después de que la Asociación de Universidades Asociativas Sin Fines de Lucro del Perú (AUF Perú) emitió un comunicado donde solicitó las “mismas alternativas” para obtener el licenciamiento de sus universidades asociadas.
La primera vicepresidencia de la AUF Perú está a cargo de Daniel Reinoso Rodríguez, rector de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, centro de estudios donde se graduó como abogado Silas Bernabé Medina Minaya, hermano del congresista y presidente de la comisión de educación, Esdras Medina Minaya.
Las iniciativas esperan el debate de la comisión de educación presidido por Esdras Medina Minaya, de Renovación Popular, quien además el último 11 de noviembre presentó otra propuesta de ley que plantea —bajo el interés de restablecer la autonomía universitaria— la elección del nuevo titular de la Sunedu solo con el voto de los rectores, una práctica que tenía la desaparecida Asamblea Nacional de Rectores (ANR) para elegir a su presidente.
Previo a la iniciativa presentada por Esdras Medina, la Asociación de Universidades del Perú (ASUP) solicitó el último 2 de setiembre una audiencia con rectores para “exponer los principales problemas de las universidades públicas y privadas en esta nueva etapa y coyuntura nacional”. A la fecha todavía no se realiza la reunión pedida.
La ASUP tiene como presidente a Iván Rodríguez Chávez, rector de la Universidad Ricardo Palma y extitular de la extinta Asamblea Nacional de Rectores (ANR) que, entre 2013 y 2014, se oponía a la aprobación de la nueva ley universitaria. Otra exfuncionaria de la ANR que se ha sumado a la ASUP es Ada Gallegos Ruiz Conejo, quien cumple la función de directora ejecutiva y envió el oficio al congresista Esdras Medina.
Tareas en espera
La actualidad política en el Minedu no demuestra un interés por la continuidad de la reforma magisterial y universitaria, sin embargo, hay una lista de otros temas pendientes para los próximos meses que tampoco se han priorizado con medidas concretas desde el sector.
Entre ellos se encuentra la versión final del presupuesto del próximo año que el Congreso aprobará a finales de este mes. En ese documento técnico se debe considerar los gastos proyectados para actividades vinculadas a la semipresencialidad de las clases en el nivel escolar.
El presidente Castillo, en su mensaje de avances de 100 primeros días, anunció que el retorno se dará en 2022 y habían considerado más de S/ 400 millones para el mantenimiento de la infraestructura, instalación de estaciones de lavado de manos y adquisición de kits de higiene. La propuesta del presupuesto para el sector educativo todavía no ha incluido recursos específicos para las universidades públicas destinados al retorno gradual de clases presenciales.
Ricardo Cuenca Pareja, exministro de Educación en el gobierno de Francisco Sagasti, añade otros tres puntos que se deben priorizar en los próximos meses. El primero de ellos es atender a la educación rural para intentar cerrar las brechas que se han incrementado por la pandemia. En un segundo punto consideró necesario el desarrollo de una “educación híbrida” para que la tecnología se incorpore a las clases regulares ya no solo en un contexto de pandemia sino de forma regular.
Finalmente, Cuenca Pareja sostuvo que era necesario la aprobación del reglamento de organizaciones y funciones del ministerio porque su vigencia dará pie a la creación del Viceministerio de Educación Superior con lo que, según el exministro, “se va a fortalecer muchísimo la reforma universitaria”.
Sin embargo, frente a los temas pendientes y las designaciones con trasfondo sindical, la cartera de Carlos Gallardo ha incrementado las incertidumbres sobre la continuación de los pocos avances desarrollados en el sector educativo por los últimos gobiernos.
por: Aramis Castro
Fuente: Ojo publico.
