El jueves 4 de abril dos torres de alta tensión fueron dinamitadas en Pataz y un trabajador minero formal fue asesinado, en un ataque terrorista de los mineros ilegales que quieren imponer la ley de la fuerza en las partes del territorio nacional que ocupan. Lo hicieron burlándose del inefectivo estado de emergencia declarado por el gobierno de Dina Boluarte. No fue un hecho aislado. Sino la continuidad de los ataques con los que sostienen sus ganancias de la extracción y procesamiento del oro que es parte de los recursos naturales de los peruanos y peruanas.
Hace pocos meses, en diciembre de 2023 asesinaron a otros 9 trabajadores de la empresa minera La Poderosa. Y permanentemente vienen atacando con métodos terroristas a comunidades wampis y awajuns en Condorcanqui, Amazonas; así como amenazan a los defensores y defensoras ambientales de las áreas naturales protegidas en Madre de Dios y Loreto. Además están tratando de controlar el territorio alrededor del río Putumayo. En conjunto, los poderes económicos que financian estas actividades terroristas, que mueven más dinero que el narcotráfico[1], vienen aprovechando la debilidad del Estado peruano, incrementada por una dictadura congresal que legisla en favor de mafias diversas y un Ejecutivo cuya única política es la impunidad de su presidenta y ministros cuestionados, para saquear nuestros recursos naturales con el terror, la extorsión y la división de las comunidades. ¿Y cómo reacciona la mayoría congresal que gobierna Perú? Facilitándoles la dinamita.
En efecto, el 20 de marzo el Congreso publicó la Ley 31989, que limita la capacidad de la Policía Nacional de Perú para comisar o destruir los artefactos o materiales explosivos usados en actividades mineras de personas cuya inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se encuentra suspendida. Como dice el experto del Observatorio de Minería Ilegal, Manuel Zapata, “la derogatoria de la Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N.º 1607 por parte del Congreso es un acto cómplice para mantener al país bajo el yugo de la informalidad y la criminalidad que va más allá de la minería ilegal”.[2]
Un día después del atentado, el 5 de abril, la misma mayoría congresal que le da cobertura legal a los terroristas para usar impunemente sus explosivos, archivó el proyecto de ley que buscaba generar un sistema nacional de cuidados. De no recibir el bloqueo de la mayoría congresal, hoy discutiríamos cómo articular los dispersos servicios que se dan a distintas poblaciones vulnerables, qué estrategias son las mejores para reconocer el trabajo de cuidado, cómo potenciar la capacitación y profesionalización de los servicios respectivos y cómo fomentar prácticas de autocuidado que garanticen condiciones dignas para quienes reciben y proveen cuidados: personas adultas mayores, madres solteras o trabajadoras, así como quiénes las apoyan: niñeras, enfermeras, técnicos y técnicas en enfermería, trabajadoras del hogar. En un contexto de corresponsabilidad en la organización social del cuidado, con políticas y servicios de cuidado universales de buena calidad.
¿Qué hacer ante una mayoría congresal que de un lado favorece el terrorismo de mineros ilegales y de otro bloquea un avance civilizatorio para los más vulnerables (incluyendo los que mañana seremos adultos mayores)? Apoyar las distintas iniciativas y espacios de resistencia, por ejemplo, las marchas contra la Ley Antiforestal anunciadas para el 20 de abril. E impulsar otros. Y ayudar al aumento de las fuerzas necesarias para superar la degradación de la vida social y política que padecemos. Sabiendo que, como recordaba el padre Felipe Zegarra, “la vida vencerá”.
[1]Según la Unidad de Inteligencia Financiera, entre julio de 2022 y junio de 2023 la minería ilegal involucró a 915 millones de dólares, más que lo estimado para el narcotráfico en el mismo período. https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/jer/ESTADISTICAS-OPERATIVAS/2023/Bolet%C3%ADn%20estad%C3%ADstico%20jun%202023.pdf
[2] https://www.infobae.com/peru/2024/03/21/mineria-ilegal-pnp-ya-no-podra-procesar-autores-de-este-delito-ni-incautar-articulos-ilicitos/
