Las ranas son animales de sangre fría, cuya temperatura corporal varía con la temperatura del ambiente. Por ello, existe una fábula en que se cocina una rana en una olla con agua donde la temperatura se eleva lentamente sin que el anfibio salte de la olla, hasta que llega a un punto en que la rana termina cocinada al sobrepasarse su capacidad de adaptación y reacción. Algo así ocurre con la ciudadanía peruana que no reacciona al desmantelamiento progresivo del Estado de Derecho por la coalición gobernante, que se nuclea en torno a motivaciones de enriquecimiento personal e impunidad a costa de los recursos públicos. Y que para conseguirlos han impulsado el cese del fiscal Vela Barba de la coordinación nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Lavado de Activos y del Equipo Especial de Fiscales, así como la suspensión del procurador general del Estado luego de que este denunciase al 20% de congresistas por varios delitos y participase en las investigaciones contra Dina Boluarte y Alberto Otárola por los delitos cometidos en la represión de protestas ciudadanas.
Por ello, las movilizaciones ciudadanas contra aspectos puntuales del mal gobierno cobran relevancia especial en este tiempo. En la segunda quincena de noviembre hemos visto manifestaciones de protesta contra el fracaso del llamado “plan Boluarte” de seguridad ciudadana, contra la concesión de parte del río Nanay a empresarios mineros, contra la desatención al personal de salud y de educación, así como contra la inacción frente a la violación de niñas y la violencia contra las mujeres. Ellas nos muestran que, aunque disminuida, aún hay capacidad de reacción ciudadana ante quiénes hoy ejercen poderes políticos.
En ese contexto, hemos de sumarnos a quiénes este 25 de diciembre exigieron un cambio en las políticas para prevenir actos de violencia contra la mujer, en especial feminicidios y violaciones sexuales. En efecto, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) de 2022, el 44,7% de las mujeres sufrió violencia en los últimos 12 meses2. Además según el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en lo que va del 2023 se han reportado 142 casos con características de feminicidio, de los cuales 10 corresponden a niñas y adolescentes3. En varias regiones el porcentaje aumenta. Tal es el caso de Huánuco, donde el 59,9% de las mujeres es víctima de algún tipo de violencia, según el Centro de Emergencia Mujer (CEM)4. Huánuco ocupa el tercer lugar en el ranking de regiones con más casos de feminicidio en el 2023, con 10 víctimas mortales3.
Cambiar las políticas que no han dado resultados implica un balance participativo de las medidas que se han implementado para contener la violencia contra las mujeres, en cuanto a prevención, atención, protección y sanción. Deben evaluarse, los servicios de atención y protección a las víctimas como los Centros de Emergencia Mujer, los Servicios de Atención Urgente, los Hogares de Refugio Temporal y la Línea 100, instituidos para brindar orientación, apoyo legal, psicológico y social. Asimismo, debe revisarse si se ha avanzado en promover una cultura de respeto, igualdad y no violencia entre hombres y mujeres, desde la educación, los medios de comunicación y las organizaciones comunitarias.
La movilización diversa en ese sentido vista el reciente 25 de noviembre nos muestre que aún tenemos una ciudadanía que a diferencia de la rana de la fábula, es capaz de rechazar ser cocinada al fuego lento de la destrucción institucional. Que el ejemplo de las mujeres y aliados hombres que se han seguido movilizando, nos ayude a construir un nuevo orden social e institucional donde mujeres y hombres vivamos libres de violencia y pudiendo ejercer plenamente nuestros derechos humanos.
