El 15 de febrero fue presentado en Puno el jefe del Comando Unificado “Inca Manco Cápac”, el general Edgar Rodríguez Huanqui. La misión de ese comando es asumir el control del orden interno. Restablecer el orden. ¿Lo está logrando?

El Ejército, con el apoyo de la policía, ha empezado a despejar carreteras como la Juliaca-Puno, Juliaca-Arequipa, Caracoto y otras. Con equipos de soldadura autógena logró retirar los fierros soldados que bloqueaban el puente internacional Ilave, pero al día siguiente los pobladores volvieron a soldar esa barrera. En general, los piquetes bloquean durante el día y en la noche el Ejército con equipos pesados remueve las rocas y se las lleva lejos. Al día siguiente vuelven a poner piedras, pero cada vez más chicas y menos gente, según parece.

Es una estrategia de desgaste y de no confrontación que está produciendo algún resultado, pero lento. Se apuesta al cansancio de la gente. Pero el movimiento reacciona. El domingo 20 pasado el Ejército realizó un desfile en la ciudad de Puno. Soldados bailaron con algunas mamachas, pero al día siguiente llegaron 15 mil aymaras a dar una demostración de rechazo. Sin embargo, estuvieron solo 3 horas en la ciudad y de modo pacífico, aunque sí maltrataron a ciudadanos que no se sumaban.

El martes 21 dirigentes aymaras se reunieron en Puno con dirigentes del Fenate, SUTE CONARE, el SUTEP y otros, y, según fuentes de inteligencia, se acordó:

• Tregua semanal para los comerciantes puneños (no para las cadenas comerciales formales) los días sábado, domingo y lunes.
• Mantener los bloqueos de carreteras.
• Continuar con las “movilizaciones”, por turnos. Todas las familias quedan obligadas. Las que no pueden, pagan S/ 100. Los comercios “apoyan” con productos o pagos. A quienes no apoyan se les destruye su propiedad y reciben castigos públicos (latigazos) por “traidores al pueblo”.
• Oponerse a cualquier extracción de recursos naturales en la Región.
• No recibir a autoridades nacionales
• Preparar una nueva ofensiva de protestas (violentas) en principio la segunda semana de abril

El liderazgo es asumido cada vez más por dirigencias radicales vinculadas al Movadef como el FENATE y EL SUTE CONARE,  de manera clandestina, y, según el informe, en alianza con operadores bolivianos vinculados a Evo Morales y al proyecto separatista, aunque no todos los aymaras están de acuerdo con la escindirse del Perú.

Recordemos que dirigentes del  CONARE-Movadef estuvieron en mayo del 2018 en Bolivia, donde se acordó, en alianza con el socialismo al Siglo XXI de Evo Morales, la candidatura de Castillo a la Presidencia y el mar para Bolivia.

Lo cierto es que esas dirigencias radicales mantienen hasta ahora una dictadura local con las siguientes características:

• Las autoridades elegidas están paralizadas y son obligadas a pronunciarse “a favor del pueblo y contra el gobierno”, y a mantener cerrados los locales municipales y regionales.
• El Ministerio Público no realiza actividad, pues los fiscales están amenazados.
• La Policía Nacional está recluida en las comisarías, aunque ayer salió a patrullar Juliaca. En algunos sitios la seguridad está a cargo de “organizaciones vecinales” “autoconvocadas”.
• No hay congresistas ni partidos.
• Los aymaras separatistas mantienen control territorial en zona contigua a la frontera con Bolivia.
• El comercio y los grifos abren entre las 17:30 horas y las 21:00 horas
• Los transportistas ingresan entre las 02.00 y 05:00 de la madrugada, de modo que no hay desabastecimiento.
• Los mercados abren solo entre las 05:00 y las 08:00
• Las fiestas costumbristas adquieren un carácter “antisistema” y “contra cultural”.

En resumen, el Comando Unificado a cargo del “orden interno”, no tiene real control territorial y menos político. Confía en una estrategia paso a paso, de desgaste. De hecho, de a pocos se va recuperando cierta normalidad, pero se requiere, además, una estrategia política y judicial. Supone hacer un esfuerzo para encontrar interlocutores con los cuales discutir y proponer medidas de impacto como terminar obras inconclusas y denunciar a los corruptos, cierre de brechas, formalización de la minería informal de La Rinconada, desarrollo agropecuario, etc. Supone también identificar y detener a líderes violentistas y autores intelectuales de acciones delictivas tales como los bloqueos de carreteras, para lo que es indispensable crear una jurisdicción nacional para procesar los casos en Lima.

A mediano plazo se requiere una acción sostenida e inteligente de formación de lideres y dirigencias democráticas capaces de disputar el terreno político con las orientaciones radicales y separatistas. Esta tarea le corresponde a los partidos políticos y a la sociedad civil

Fuente: Lampadia