DEVIDA es el ente rector de una entelequia multisectorial, pero no tiene acceso al Gabinete, entonces los ministros no se responsabilizan de sus acciones sobre drogas y la lucha contra el TID: ni Salud, ni Educación, mucho menos Interior o Defensa. En la única entrevista que me público El Comercio durante mi gestión[3], señalaba que no hay ningún país del mundo que ha derrotado el narcotráfico.  Durante meses la prensa decana se regocijó, criticando salidas distintas a las políticas tradicionales de Reducción de la Oferta que no han funcionado ni en Afganistán, ni en México, Colombia o el Perú. Irresponsablemente desvía la atención hacia los productores agrarios, los más vulnerables y desfavorecidos de una cadena ilícita perfectamente asentada en las cercanías del poder local, regional y nacional, cuando no en el establishment internacional.

El dilema es ¿quién favorece al narcotráfico? Acaso el que distrae los escasos recursos del Estado (S/.275 millones, 2023) para seguir cometiendo los errores de siempre mediante acciones simbólicas, o, quien intenta conducir las acciones del Estado con miras a ocasionar un mayor daño a las estructuras organizadas. La Policía incauta 65 toneladas de cocaína al año, de las 600 que se producen en el país: tan solo el 10% del total. Convengamos que si algo nos enseñan 50 años de interdicción es que no es posible erradicar coca, sin promover antes o simultáneamente, acciones de desarrollo. Es esta última la que debe determinar donde se erradica, para ser eficaces y sostenibles. El CORAH erradica un promedio de entre 20,000 y 25,000 has anuales de coca, pero el MEF no entregó fondos solicitados en dos oportunidades por DEVIDA, para el Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo.

Ergo, se cumplen las metas anuales de erradicación de coca, pero los campesinos andinos siguen talando el bosque primario para plantar coca, vulnerando la seguridad territorial de comunidades nativas como Unipacuyacu (Huánuco), Katungo Quimpiri (entre Cusco y Junín) y otras decenas de comunidades pertenecientes a Pueblos Indígenas ashaninkas, shipibos y katataibos que merecen la protección de la Policía y del Estado. ¡¡Son 20 los defensores asesinados en dos años!!

Enfrentar el terrorismo y el narcotráfico en un mismo lugar requiere dos cosas: i) conducción civil y voluntad política, ii) recursos suficientes para generar el cambio, nacionales, pero sobre todo extranjeros

El problema fundamental es que el Perú debe enfrentar un problema global con una demanda incesante ocasionada por las ansias de consumo de 21 millones de usuarios y gran parte de ellos están en EE. UU y Europa Occidental. Mientras nuestra diplomacia junto a otras de la región no visibilice las relaciones entre Política de Drogas, Desarrollo en la Amazonía y lucha contra el Cambio Climático, seguiremos el mismo ciclo de señalamiento, certificación, donación de helicópteros viejos, injerencia en asuntos internos, prohibición de interdicción aérea.

El problema fundamental es la escasa o nula capacidad del Estado peruano para abordar problemas estratégicos como los del VRAEM. Programas, Estrategias, CODEVRAEM desde el segundo período de Alan García, más de 3,000 millones de soles invertidos por los distintos sectores del Estado y aun la población de esa región carece del anillo vial seguro y confiable, que necesita para unir Huamanga con Pichari y la selva central. Estamos convencidos que es necesario una re ingeniería en la gestión del Estado en esas cinco regiones y más de 80 distritos. Planteamos el Programa Especial de Inversión Pública (PEIP) como un instrumento fundamental para garantizar la probidad y calidad del gasto.

A nivel internacional, los diplomáticos tienen miedo de revisar los tratados internacionales porque les puede traer consecuencias en el “patio trasero”, pese a que los EE. UU han modificado completamente el régimen estadual sobre el cannabis, tanto en usos médicos como recreativos.

Por su parte, los policías y militares creen que la simple represión va a resolver el problema, pero no es así. A ellos se les encomienda un trabajo y lo hacen, pero no les corresponde evaluar su idoneidad. Nuestro sistema criminal se encuentra saturado por más de 85,000 internos de los que el 23%, están presos por delitos de TID. ¿Cómo vamos a encarcelar a otros 40,000 peruanos que re siembran coca, pese a que es formalmente delito? No hay forma. Pocos procesos penales son por lavado de activos, financiamiento de campañas o cocteles de campaña y la extinción de dominio es una fórmula engorrosa y burocrática. Mucho más grave es que en los últimos años el gobierno de los EE. UU no acepte volver a colaborar en la interdicción aérea letal con el Perú, por el incidente ocurrido el 2001. El derribo de avionetas sospechosas, es un medio eficaz para detener el flujo de droga.

No es gratuito que periódicamente se producen estas masacres de policías o militares, sea para evitar el pase a segunda vuelta de una candidata determinada, para sostener el estado de emergencia en el VRAEM (prebendas) o, para lavarle la cara a una institución fuertemente cuestionada por el asesinato de 60 peruanos. Enfrentar el terrorismo y el narcotráfico en un mismo lugar requiere dos cosas: i) conducción civil y voluntad política, ii) recursos suficientes para generar el cambio, nacionales, pero sobre todo extranjeros.

El Perú se encuentra en una coyuntura muy difícil. La masacre de Natividad, lugar que visitamos el 2021 planteando el “Pacto Social Ciudadano” en el VRAEM, nos hace recordar los dilemas entre Drogas y Desarrollo. Entonces, sostuvimos una reunión con 500 productores cocaleros: el Estado no les puede entregar los 30,000 soles por hectárea erradicada que solicitan, son los cocaleros los que infringen la ley y deben someterse a esta y el “pacto social” pretende la reducción voluntaria a cambio de servicios oportunos (Salud, Educación). Derechos versus obligaciones, ni más ni menos.  El día que políticos, policías, periodistas y diplomáticos convengan, empezaremos a tomar el toro por las astas.

Fuente: Revista Ideele N°309. Marzo – Abril 2023