En marzo de este año, hace 9 meses, el 80% de los encuestados por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) señaló que si vacaban a Pedro Castillo debería convocarse a elecciones generales adelantadas.
En noviembre el porcentaje subió al 87% y solo el 8% manifestó que el Congreso debía quedarse hasta el 2026.
El Congreso tuvo en sus manos desde hace muchos meses por lo menos dos proyectos de Ley sobre el adelanto de elecciones. La Comisión de Constitución manejada por el fujimorismo los encarpetó hasta hace poco, cuando la crisis política se acentuó y la opinión ciudadana empezó a exigir la aprobación del respectivo Dictamen, lo que sucedió recién el 1° de diciembre.
En medio del agravamiento de la crisis política permanente, los congresistas están aceptando de mala gana que deben recortar su mandato. Pero esto es real? No lo es: la congresista Gladys Echaiz, exfiscal de la Nación durante el gobierno de Alan García declaró hace unas horas que fue elegida hasta el 2026 que “el adelanto de elecciones se debe a presiones de un pequeño grupo”, lo que es desmentido por la realidad.
Asimismo, Williams, presidente del Congreso, dijo hace unas horas que la Junta de Portavoces acordó ampliar la presente Legislatura… hasta el 28 de febrero de 2023.
La maniobra es clara: pretenden hacerla largas a sabiendas que las reformas deben ser aprobadas en dos legislaturas consecutivas, o a través de referéndum -según la votación que se alcance- y si la siguiente Legislatura Ordinaria se iniciara en el mejor de los casos el 1° de marzo, complicaría las posibilidades de efectuar las Elecciones generales a fines del próximo año, y ni qué decir de abril de 2023. Además, no quieren a someter nada a Referéndum, conculcándonos nuestro derecho ciudadano a decidir como pueblo soberano.
Considerando todo lo anterior, para garantizar que haya adelanto de elecciones se requiere que:
1. La presente Legislatura Ordinaria, que finaliza hoy, sea ampliada hasta el 29 de diciembre, para votar por primera vez.
2. El inicio de la siguiente Legislatura Ordinaria, que debería empezar el 1° de marzo de 2023, se adelante para el 2 de enero, y se priorice en la agenda para votar por segunda vez, a fin de modificar la Constitución.
3. Luego de publicada la Ley de reforma constitucional, la Presidencia de la República convocará a Elecciones generales.
4. Las reformas políticas a aprobarse deben orientarse a la democratización, renovación, institucionalización y a transparentar a los partidos políticos y al sistema electoral y no en función de los intereses particulares de los actuales congresistas, que están más preocupados en que haya reelección y se restituya la Bicameralidad. Reformas importantes que deberían ser ratificadas mediante Referéndum pues en el del año 2018 fueron rechazadas. Es necesario enfatizar en las reformas que impidan la postulación de corruptos y la presencia del dinero sucio del narcotráfico y de las grandes empresas lobistas; además, ya no habrá excusa para que no se realicen las elecciones primarias ciudadanas para elegir a los candidatos, entre otras.
5. Además, dado que importantes sectores de la población proponen la convocatoria a Asamblea Constituyente, esto no puede ser decidido por un Congreso deslegitimado y que es percibido por el 76% de la ciudadanía como la institución más corrupta del país (encuesta de Proética), más aun cuando el 60% de peruanos (INEI) afirma que la corrupción es el principal problema a combatir. Entonces corresponde que el pueblo soberano decida a través de un Referéndum.
Para lograr el adelanto de elecciones con reformas democratizadoras, para fines del 2023, y que la ciudadanía decida si quiere o no la convocatoria a una Asamblea Constituyente, es menester hacer sentir nuestra voz y propuestas mediante las movilizaciones patrióticas y pacíficas, guardando distancias y aislando la posible infiltración del extremismo de uno y otro lado; como la jornada nacional de hoy.
Es la hora del poder ciudadano de un pueblo que no agacha la cabeza y que aspira construir un Perú justo y libre, próspero y solidario, soberano y digno, sin corrupción ni violencia, pues no queremos más muertos y exigimos una drástica sanción a los responsables, empezando por el Ministro del Interior, quien debería dar un paso al costado.
