¿Por qué a pesar de más de veinte años de conflictos sociales el Perú parece no haber aprendido para prevenir y gestionar mejor estos procesos? Para Rolando Luque, Adjunto para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, la razón fundamental es que tenemos a un Estado que no hace evaluación y estamos en un país que menosprecia la memoria.

En La Mula TV, Luque explicó que “el escalamiento de la violencia tiene formas distintas dependiendo de los actores, pero son identificables porque son reiterativas: todo aquel que quiera protestar necesita un nivel de organización, calculando incluso cuánto tiempo duraría esa protesta y si puede sostenerla”.

“Es tiempo de trabajo, tiempo de familia y exposición al riesgo. Todo eso debe estar bien pensado para tomar al decisión. Lo segundo es que se necesitan recursos para mantener a la población. Lo tercero es que hay que tener una causa bien definida, qué se persigue con esta protesta, a quién me estoy dirigiendo y qué espero de él. Y, finalmente, el sentido de oportunidad, no todas las protestas pueden tener éxito o correr fácilmente en cualquier momento, siempre hay que buscar el momento más adecuado. Pero eso ya lo conocemos en los awajún, con los estudiantes universitarios y la gente que se moviliza en el Valle de Tambo o los aimaras en Puno”, señaló.
“Sin embargo, no hay aprendizaje, yo creo que la razón fundamental es que este es un Estado que no hace evaluación y este es un país que menosprecia la memoria”, agregó.

En el programa ‘Al Filo’, el Defensor adjunto en materia de conflictos sociales y gobernabilidad explicó que lo primero tiene que ver con algo muy instrumental y práctico relacionado con las políticas públicas.

En entrevista con Javier Torres, el Defensor adjunto resaltó que el proceso de diálogo en un conflicto social “es una fuente de información extraordinaria”. “Uno conoce su país a través del conflicto con un grado de profundidad mayor. Se acerca a esa riqueza, los matices, aspectos que no se ven en la rutina diaria”, dijo.

“El otro tema es la memoria, refiriéndome a la pandemia, ¿tu sabes si existe un documento de memoria de la pandemia? Yo no conozco, y somos una especie asediada por los virus, y además expuesta a catástrofes de carácter ambiental como la que estamos viviendo ahora. Sin evaluación y sin memoria, somos una sociedad expuesta a todos los riesgos”, señaló.

HAY UNA DESCONEXIÓN ENTRE LA POLICÍA Y LOS EQUIPOS DE GESTIÓN

En los últimos años en nuestro país, hemos tenido conflictos sociales emblemáticos como Conga (Cajamarca) y Tía María (Arequipa), en los que ante la represión la ciudadanía respondía con manifestaciones de solidaridad y la protesta se fortalecía. A pesar de ello, los distintos gobiernos insisten con la represión como si esto fuera a solucionar el conflicto. Al respecto, Luque precisó que la sociedad “tiene que comprender también que el Estado y la Policía Nacional están en la obligación de restablecer el orden público justamente frente a las acciones de estos grupos que realizan actos de violencia”.

“Y cuando esta respuesta es desproporcionada, innecesaria e ilegal, como aparentemente ha ocurrido en varios de los casos con muertes de personas, eso lo determinará la justicia y las investigaciones, y ahí la Defensoría tiene un rol para que se cumpla con el debido proceso y la debida solvencia de los fiscales para las investigaciones”, señaló.

Sin embargo, reconoció que el accionar de las fuerzas del orden produce, en un sector de la sociedad, “una respuesta de adhesión, de solidaridad o de vindicación porque ya las motivaciones para protestar ya no son solo políticas, sino también emocionales, porque han matado, al familiar, al amigo, al compañero de trabajo”.

“Están movilizados, es más, por un tipo de motivación que es difícil de tratar y es difícil disuadirlos de la protesta porque estamos hablando ya de un plano emocional mucho más profundo donde se siente un impacto moral, emocional fuerte, no solo en una persona, sino en la familia y todos los conocidos de aquellos que han sido afectados durante la protesta”, señaló.

Para el Defensor Adjunto, no hemos aprendido porque uno de los principales problemas es que “hay una desconexión entre la Policía Nacional, los equipos de gestión de conflictos y de gestión pública“.

“Son tres gestiones las que tienen que combinarse para enfrentar un conflicto. La gestión pública, que tiene que ver directamente con la implementación de las políticas, las tomas de decisiones, la gestión del conflicto que es la que hacen los expertos en diálogo, en análisis de actores, problemas, contextos, etcétera y la Policía Nacional no resuelve conflictos, la Policía restablece orden público pero lo tiene que hacer de una manera inteligente teniendo en cuenta la información de las oficinas de gestión ed conflictos, no puede actuar al margen de una explicación general del conflicto, de cómo está la situación”, explicó.

Luque contó que ha visto caerse tratamientos de conflictos a través del diálogo que iban bastante bien, como el caso de Cotabambas, donde la Policía tuvo una intervención inoportuna y causó la muerte de un comunero.

“Ahí se cayó todo el proceso de diálogo. Eso no es difícil de comprender y, sin embargo, se persiste en tropezar con la misma piedra”, lamentó.

UN CONFLICTO MAL MANEJADO INCREMENTA LA VIOLENCIA

Ante las protestas sociales, los gobiernos suelen responder con descalificaciones a los manifestantes, generalizaciones y apelan al restablecimiento del orden sin apelar al diálogo social. ¿Cómo solucionar un conflicto en este escenario?

El Defensor Adjunto señala la importancia de distinguir entre los actores que participan en esta protesta porque no todos son iguales ni tienen las mismas motivaciones.

“Yo diría que hay un sector que considero minoritario que ha llevado la protesta hasta el extremo cometiendo actos de violencia incalificables, el asesinato con fuego de un policía, los ataques a instalaciones públicas y privadas, los bloqueos de casi el 38% de las provincias en nuestro país. Han habido actos muy violentos, pero no creo que el grueso de la población haya participado de ellos”, mencionó.

Luque hizo referencia a las protestas en Lima, donde las manifestaciones han transcurrido con tranquilidad hasta la tarde y luego por la noche un grupo pequeño de “violentistas” desafiaba a la Policía porque querían traspasar una barrera y se producían los enfrentamientos.

Este grupo debe ser diferenciado de las organizaciones sociales que desde antes que el expresidente Pedro Castillo diera golpe de Estado, le habían manifestado su respaldo, como el magisterio, las rondas campesinas, entre otros colectivos.

“Pero después, el mal manejo de un conflicto termina incrementando la violencia, uno puede observar en la curva de la violencia, como es que después de los enfrentamientos con la Policía o el Ejército se extiende el conflicto a muchos otros lugares y se intensifica enormemente”, señaló.

DEFENDER DERECHOS FUNDAMENTALES ES ESTAR EN LA LÍNEA CORRECTA

Ante la crisis que afecta al país, Luque señaló que hay que insistir con las salidas políticas y que, ya que el adelanto de elecciones generales logró un consenso amplio en la sociedad, esta opción “todavía tiene una oportunidad”.

Además, señaló que las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales en el contexto de las protestas sociales tienen que ser investigadas minuciosamente.

“Ha habido un envilecimiento de las relaciones humanas cuando hemos visto expresiones de racismo o acusaciones de terrorismo solo por defender derechos fundamentales. Defender derechos fundamentales es estar en la línea correcta del Estado y de los valores de la democracia“, resaltó.

Mira la entrevista completa en La Mula TV:

[Foto de portada: Reuters / Hugo Courotto]

Fuente: La Mula