“La que peor queda es Keiko Fujimori. Villanueva relata que Patricia Benavides estableció un vínculo directo con la cúpula de Fuerza Popular”.
Lo primero que se puede concluir, luego de leer las 23 páginas del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, es que el Ministerio Público no podría ganar un premio al mejor clima laboral. Pleitos, rencillas, venganzas, lealtades, traiciones, intereses particulares, canjes de todo lo que cabe en una resolución, de eso parece estar construido ese ingrato ambiente de trabajo.
Villanueva declara como testigo ante el despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza, encargada de investigar ocho imputaciones penales contra Patricia Benavides. Es en ese contexto que se debe leer el testimonio que incrimina directamente a la suspendida fiscal en delitos como organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Benavides, por ser fiscal suprema, tiene un proceso individual, diferente al que investiga Marita Barreto, que está a cargo del resto de la organización criminal que ella conformó de acuerdo con la imputación fiscal preliminar.
Interesa pues lo que Villanueva diga respecto a Benavides. Pero para hablar de ella, los fiscales ponen ante el testigo una larga lista de nombres relacionada con las actividades de la investigada. Él debe decir si los conoce y qué intercambio personal ha tenido con ellos. Son pocos los casos de personas que el Filósofo no conoce. Su relato da cuenta de su pase por la Fiscalía en varios roles, en años distintos y con cercanía a distintos fiscales supremos.
Es un caso interesante para alguien que no estudió Derecho y que funge de estratega político, director de comunicaciones, lobista, mensajero, amigo de todos, relacionista público y agente secreto. Ahora es, sobre todas las anteriores, colaborador eficaz porque sabe perfectamente que es su única salida para no terminar en prisión.
Los primeros fragmentos del testimonio, emitidos en Willax, no tuvieron mayor interés porque las imputaciones se centraban en Gustavo Gorriti de una forma bastante vaga. Villanueva dice que él conducía las investigaciones del caso Lava Jato, algo que un no abogado puede decir, pero que carece de verosimilitud porque Gorriti (que tampoco es abogado) no podría conducir ni una solo diligencia fiscal de absolutamente nada. Hay dos cosas que un periodista de investigación sí hace: cultivar sus fuentes, mientras más diversas mejor, y escribir sobre lo que cree. En ambas no hay delito.
Las posturas de IDL-Reporteros son públicas y sus fuentes protegidas por la Constitución y la ley que nos da el derecho y el deber del secreto profesional. Hablar con fiscales, para un periodista, es su día a día. ¿Nos van a investigar por eso?
Sin embargo, en una maniobra psicosocial, Keiko Fujimori y su entorno creyeron encontrar un camino para anular el juicio oral que se inicia el próximo 1 de julio por el caso Cócteles. Y para explicar ese camino es necesario recordar algunos antecedentes. Desde hace años, pero con mucha fuerza estos meses, existe una campaña de difamación contra IDL-Reporteros y Gustavo Gorriti. El acoso incluye piquetes de gente vinculada a Fuerza Popular y Renovación Popular. Sujetos que he podido observar atentamente en el terreno y que responden a los intereses de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, pero entrenados con las técnicas de búfalos apristas.
Cuentan con el apoyo de los alcaldes de San Isidro y Miraflores para poder acosar, de manera simultánea, a todos los vecinos que tienen que soportar un abuso en su tranquilidad. Hace pocas semanas, López Aliaga declaraba que Gorriti “era el hombre más poderoso del Perú”. Solo alguien muy perturbado puede afirmar ese disparate, pero da cuenta de lo que verdaderamente creen. ¡Si aniquilamos a Gorriti, no hay juicio! No me pregunten cómo se puede concluir semejante estupidez, pero no soy responsable de psicosociales ajenos.
El jueves en la noche, ante el poco rebote de Willax, Fujimori tuiteó, Galarreta y Torres aparecieron en cable en simultáneo y todos pedían lo mismo: la nulidad del proceso por la injerencia de Gorriti. De nuevo, esa nulidad es imposible en esta etapa procesal, pero eso es lo que querían. Por supuesto, añadían la salida de Vela y de Pérez como fiscales del caso. Vela está suspendido y contra Pérez ya lo han intentado varias veces. La JNJ ha iniciado un proceso contra ambos y contra Pablo Sánchez para verificar si hay algo que imputar, lo cual está muy bien.
En ese punto, la posición del fujimorismo, y del aprismo que se sumó, es que todo lo dicho por Villanueva es palabra sagrada. Curioso, porque despreciaron sus imputaciones apenas días antes. A la mañana siguiente, cuando circularon las 23 páginas del testimonio completo, pasamos del psicosocial a la debacle política. ¿Que Vela le tiene miedo a Gorriti? ¿Que Gorriti se reúne con muchos fiscales? Es verosímil. Pero no es delito. ¿Que Moyano ingresa clandestinamente a ver a Benavides y pide que saquen fiscales a cambio de los votos de la bancada? ¿Que Soto quiere que le archiven una investigación sobre su fábrica de troles? ¿Que Patricia Chirinos hace de mesa de partes de denuncias ajenas? ¿Que Balcázar coloca a su nuera? Todo eso verosímil, pero con una gran diferencia: es delito. Los congresistas han cometido presunto tráfico de influencias. Y todo está en blanco y negro. Y si es sagrada palabra en cuanto a Gorriti y los fiscales, lo es para todos. Agárrense.
La que peor queda es Keiko Fujimori. Villanueva relata que Patricia Benavides estableció un vínculo directo con la cúpula de Fuerza Popular. Ahí está el testimonio del canje de la remoción de la JNJ en el Congreso por la salida de los fiscales del caso Cócteles. Es decir, lo mismo que querían hacer con los fragmentos de la declaración. ¿No es una paradoja?
Hay mucho más. También pueden leer sobre la frustración de Benavides porque no se logra el consenso esperado para que echen a la JNJ o el curioso elenco de amigos de Benavides: Hauyón, Garrido Lecca (el “africano”) y el miembro de la JNJ, Thornberry. Nueva frustración de Benavides: no los entiende cuando hablan en inglés. Curiosamente, el idioma que dice que sí habla cuando pasa el concurso para ser elegida fiscal suprema y en él Thornberry le pone nota sobresaliente.
Tal vez una de las declaraciones más graves de Villanueva (porque aún no ha pasado) es que, en el Tribunal Constitucional, Benavides ya tenía los votos asegurados para ganar una acción competencial ante la JNJ. La sospecha, reiterada en varias resoluciones del TC respecto a la legalidad de sus fallos, nuevamente ante los ojos de todos.
Lo peor de todo es que Keiko Fujimori, y otros en el mismo caso, sí tienen un camino para lograr su absolución. Desde el 2014 sostengo (al principio en solitario) que recibir donaciones de campaña ilícitas no constituía delito (lo es desde el 2019) y mucho menos lavado de activos. Pero una y otra vez su defensa elige la perturbación de la actividad probatoria que solo la puede llevar de vuelta a la prisión preventiva.
Fuente: La República
