SARA VELERT: Las amenazas a la democracia crecen en el mundo, con más elecciones y derechos en peligro

Retroceso, erosión, debilitamiento. Son términos que la organización intergubernamental IDEA Internacional, con sede en Estocolmo, usa en su último informe anual para describir el estado global de la democracia tras analizar 173 países. “La democracia sigue en apuros, estancada en el mejor de los casos y en declive en muchos lugares”, resume el documento, que destaca que casi la mitad de los países analizados sufrieron retrocesos en los últimos cinco años. Para llegar a esta conclusión, IDEA analiza la evolución democrática en cuatro categorías principales: representación, derechos, Estado de derecho y participación. Aunque se registran avances en algunos apartados a nivel global, “el panorama es sombrío”, afirma el secretario general de la organización, Kevin Casas Zamora, en una conversación telefónica.

El también exvicepresidente de Costa Rica constata “problemas serios” en torno al desempeño de las instituciones representativas. “La credibilidad e integridad de las elecciones está bajo asedio en todo el mundo”, asegura. Tanto por la “presencia muy marcada de esfuerzos deliberados de desinformación para subvertir la credibilidad” de comicios como por intentos de muchos gobiernos de minar el necesario control de “autoridades electorales independientes”. En cuanto al Estado de derecho, destaca problemas “muy serios” para mantener la independencia de los poderes judiciales, que conviven con un avance en la lucha contra la corrupción en algunos países de África y Asia. Sobre la protección de derechos fundamentales, no hay mejoras en general y sí “deterioros significativos” en relación con la libertad de expresión, de prensa y de asociación.

En medio de los nubarrones, el análisis de la participación democrática “ofrece algún atisbo de esperanza”, apunta Casas Zamora. “Los niveles de participación cívica, sobre todo, y electoral, continúan siendo robustos en la mayoría de las regiones del mundo, y en algunos casos en países donde los otros elementos de la democracia están en una situación muy precaria”, como es el caso de países africanos con un Estado de derecho muy deficiente. “El centro de gravedad de la democracia se está moviendo, está dejando de estar en las instituciones representativas tradicionales (parlamentos, partidos, elecciones) y está empezando a moverse más al área de la participación cívica. La energía para renovar el proyecto democrático no está en las instituciones formales de representación, sino en la acción ciudadana, en la capacidad de la sociedad civil para organizarse, para exigir rendición de cuentas”, apunta.

Este es el estado de la democracia en las diferentes regiones del mundo al cierre de 2022, según el informe de IDEA, cuya misión es promover la democracia y la asistencia en procesos electorales.

Europa

Europa domina los 20 primeros puestos de la clasificación mundial en las cuatro categorías, “pero hay importantes variaciones subregionales”. En 2022 se produjo un deterioro en las puntuaciones de Austria, Luxemburgo, los Países Bajos, Alemania, Portugal y el Reino Unido. Los descensos han afectado a varios indicadores de cumplimiento del Estado de derecho o la libertad de prensa. “Aunque estos países siguen obteniendo buenos resultados en la mayoría de los factores los descensos ponen de relieve la importancia de una vigilancia constante para garantizar el futuro de la democracia”, señala IDEA Internacional.

La “no democrática” Turquía “es una excepción” en la zona, y en el este, los regímenes autoritarios de Azerbaiyán, Bielorrusia y Rusia se sitúan muy por debajo de la media europea en la mayoría de indicadores, en contraste con el “prometedor crecimiento democrático” de países como Armenia y Moldavia, y las “notables mejoras” en Bulgaria, Chequia, Kosovo, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Rumania, Eslovaquia, y especialmente Eslovenia.

El año pasado ha estado dominado por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El informe destaca que la Unión Europea “movilizó la unidad intracomunitaria” en apoyo a Kiev, y adoptó medidas para reactivar el proceso de ampliación ―en vez de “contraerse defensivamente”― a nuevos futuros socios, como Bosnia, Moldavia y Ucrania, y para proteger las normas democráticas en sus Estados miembros.

El estudio también subraya que la UE adoptó “por fin” medidas concretas en los litigios sobre el Estado de derecho con Hungría y Polonia, que experimentaron “descensos significativos” en indicadores clave entre 2017 y 2022. Pero a pesar de que la Comisión Europea ha congelado miles de millones de euros en financiación a estos países debido a las violaciones del Estado de derecho, ambos países “en general no han cambiado de rumbo”, si bien las recientes elecciones en Polonia abren el camino a un giro en ese país.

Europa sigue siendo la región con mejor puntuación media en representación y en derechos, con avances en la igualdad de género, pero también con caídas por ataques o presiones a la libertad de prensa.Por contra, la participación se ha estancado en Europa, aunque ocho de los 10 primeros países en la clasificación mundial son europeos. España obtiene notas positivas y ascendentes en representación, Estado de derecho y protección de derechos, pero no avanza tanto en participación y se mantiene en valores medios. Dinamarca encabeza la clasificación mundial en varias categorías.

Oriente Próximo

El informe describe Oriente Próximo como “la región más autoritaria del mundo”, marcada por la “centralización personalizada del poder”, la intensificación de prácticas represivas, así como por grandes desigualdades económicas y sociales. Más de la mitad de los países de la región tienen puntuaciones bajas en derechos, con Bahréin, Irán, Irak, Arabia Saudí, Siria y Yemen entre los 50 últimos a nivel mundial.

“La reducción del espacio cívico es preocupante; se han producido descensos significativos en la libertad de expresión, de prensa y de asociación y reunión desde 2012″ (final de las protestas de la primavera árabe), todo ello en medio “de un aumento del autoritarismo digital” por el que los líderes de la región “han utilizado la tecnología para silenciar a la oposición política y la movilización popular mediante la vigilancia, la censura, la desinformación y la manipulación de la información”.

Al mismo tiempo, la resistencia social sigue existiendo, como se ha visto en Irán, donde el movimiento surgido tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini por no llevar bien colocado el velo obligatorio, “ha revelado el poder de la protesta como herramienta de expresión democrática”.

En Israel, el informe destaca el ataque a la independencia judicial tras el regreso al poder de Benjamín Netanyahu, envuelto en casos de corrupción, y la respuesta de la sociedad con grandes movilizaciones en contra. No obstante, este es el único país de la región con altos índices en la mayoría de categorías analizadas, con la salvedad de que estas no miden “las acciones antidemocráticas de Israel en Palestina”, advierte el informe, previo al actual conflicto con Hamás.

América Latina y del Norte

En los últimos cinco años, la mayoría de los países de América Latina han seguido en el rango medio de las cuatro categorías analizadas, pero “son más los que han experimentado un retroceso significativo que los que han logrado un avance”. Nicaragua, Haití y Venezuela han registrado los descensos más acusados. Pero también se han producido caídas en El Salvador y en Guatemala, y un mayor recurso a la militarización o estados de excepción para hacer frente a la delincuencia violenta en países como Ecuador, El Salvador, Honduras o Perú.

La mayoría de países obtiene una buena puntuación en representación, con 13 países entre los 50 primeros del mundo; Chile, Uruguay y Costa Rica entre los 20 primeros. Los descensos más destacables se han producido en la libertad de expresión, prensa y asociación y reunión. “El uso de la fuerza contra manifestantes en Cuba y el acoso, la intimidación o el cierre de medios de comunicación en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua ejemplifican esta preocupante tendencia”. Además, México es uno de los países del mundo más peligrosos para los periodistas.

Siete países de la zona experimentaron descensos importantes en materia de igualdad social, incluidos EE UU y Canadá, si bien ambos continúan figurando entre los 30 primeros del mundo en igualdad de derechos. La caída en EE UU se explica “por el impacto del racismo estructural y la discriminación en la igualdad política”, entre otras cuestiones. Solo Costa Rica, el país de la región mejor clasificado en materia de derechos, y Uruguay, el sexto, obtienen buenos resultados en este apartado. En los últimos cinco años, la igualdad de género se mantuvo estable y la mayoría de los países se sitúan en un nivel medio (18 de 27 países). En el caso de EE UU, se advierte de que la proliferación de legislaciones estatales contra el derecho al aborto pueden acabar “por afectar al resultado del país en materia de igualdad de género”.

La inseguridad sigue siendo un grave problema para el Estado de derecho en la región y muchos gobiernos han dado más poder a las Fuerzas Armadas y han aumentado la militarización en la seguridad pública. Destaca la popularidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a pesar de las decenas de miles de personas encarceladas y de las violaciones de las garantías procesales en su estrategia contra las bandas. Otros, como Honduras, Perú o Ecuador, también han recurrido al despliegue militar y a la suspensión de derechos para luchar contra la delincuencia o controlar la inmigración.

En contraste, la categoría de participación democrática es “un punto brillante” en la región, con la mayoría de los países por encima de la media mundial.

Los órganos legislativos han tenido un éxito desigual en el ejercicio de supervisión de los Ejecutivos. El informe cita el ejemplo positivo del comité de la Cámara de Representantes de EE UU para Investigar el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 y que recomendó procesar a Donald Trump de por su participación en los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. Por contra, en México, un Congreso alineado mayoritariamente con el partido gobernante ha paralizado el nombramiento de funcionarios para órganos de supervisión que han sido criticados por el Ejecutivo, y los tribunales han tenido que actuar como contrapeso para frenar proyectos de ley contrarios a la Constitución.

El informe dedica un apartado especial a Guatemala, “un caso terrible de manipulación del proceso electoral que claramente afecta a la credibilidad de las elecciones, pero al mismo tiempo es un ejemplo de movilización ciudadana para proteger un resultado electoral” que dio la victoria a Bernardo Arévalo, según resume Casas Zamora.

África

El nivel medio de democracia en el continente africano se mantiene “relativamente estable”, con la excepción significativa de la categoría de representación política ante a oleada de golpes de Estado, como es del caso de Malí o Burkina Faso (en 2023 también en Níger), y conflictos civiles en Etiopía o Sudán, que “han puesto de relieve los retos para la consolidación democrática”, según el informe. A ello se añaden casos como el de Túnez, donde el presidente Kai Said suspendió el Parlamento en 2021 para gobernar por decreto. Los conflictos y la inseguridad siguen amenazando la democracia y los derechos humanos en el continente, y las carencias económicas y de cobertura de necesidades básicas empujan a la desconfianza en las instituciones.

A pesar de los desafíos al Estado de derecho, se registran progresos frente a la corrupción con “mejoras significativas” en los últimos cinco años en países como Angola, Burundi o Sudán (ahora sumido en una cruenta guerra civil), que conviven con descensos en otras áreas indicativas de la salud democrática. También la categoría de participación se revela como “un área de fortaleza en todo el continente”, con países como Senegal, Ghana, Kenia, Sudáfrica o Zambia entre los 50 primeros a nivel mundial, frente a caídas significativas en Túnez o Burkina Faso.

Asia y Pacífico

El “amplio declive democrático” observado en la región de Asia y Pacífico en los últimos años se ha detenido en su mayor parte, aunque no es visible un cambio de tendencia, según el estudio. Los factores relacionados con las libertades civiles, como la libertad de expresión o de asociación, han seguido en gran medida su tendencia descendente de varios años, con una media regional “muy por debajo de la mundial”. La mayoría de los países siguen por debajo de la media mundial en todas las categorías salvo participación, con mejoras en el Estado de derecho (Maldivas, Taiwán y Uzbekistán) y representación (Malasia, Maldivas y Tailandia) “que son prometedoras”.

Frente a un panorama general de estabilidad institucional en toda la región se sitúan Myanmar y Afganistán, dos Estados que han caído de forma pronunciada en todas las categorías “debido a la guerra civil y al colapso del Estado”.

La India, que ha superado a China como país más poblado del mundo, sigue en un nivel medio en representación pese a un declive en los últimos cinco años, similar en el caso de la credibilidad de sus elecciones, entre otros desafíos a la democracia. Un área que “sigue preocupando” es la de las libertades civiles, en la que la India, Maldivas, Filipinas y Sri Lanka registraron descensos significativos en los últimos cinco años, al igual que Afganistán y China, estos ya desde niveles bajos.

La igualdad de género experimentó cambios limitados en toda la región, con descensos significativos en Afganistán (de nuevo bajo control de los talibanes) y Kirguistán. Australia, Nueva Zelanda y Taiwán siguen siendo los países de la región con mejores resultados en este apartado, mientras que la gran mayoría de los demás países se sitúan en un nivel medio.

Recomendaciones

El informe de IDEA Internacionales aporta una serie de recomendaciones para incentivar y mantener las democracias. Algunas de ellas son: tomar acciones de defensa de los procesos electorales ―”no son un privilegio, sino un derecho”―; los parlamentos “deben aumentar las oportunidades de participación pública y la transparencia”; los gobiernos deben consultar con los poderes judiciales para crear mecanismos que permitan denunciar y sancionar los actos que atenten contra la integridad judicial, y garantizar que los fiscales sean independientes; contrarrestar el continuo y grave deterioro de las libertades de expresión asociación y reunión y defender la labor de los medios de comunicación y la sociedad civil.

Las organizaciones cívicas y sociales deben seguir liderando la realización de evaluaciones de la protección de estos derechos por parte de los Estados y estos asegurar la existencia de un mecanismo sólido e imparcial que pueda recibir denuncias de violaciones de los derechos.