Triunfó el terrorismo de estado: sus métodos, sus justificaciones, sus narrativas y, sobre todo, su validación como socialmente aceptable. Este proceso está enraizado en una historia de violento dominio oligárquico sobre las mayorías sociales del país y potenciado por la impunidad después de la guerra contrainsurgente.

“Argentina 1985”

Vista desde el Perú esa película deja en contraste la impunidad triunfante en el Perú. Los que en la Argentina son juzgados y condenados en el Perú no solo salen libres de polvo y paja, sino que son autoridades electas, congresistas y hasta presidentes.

La teoría de “los dos demonios”

Como en el Perú, los militares argentinos justifican sus atrocidades por una amenaza subversiva. Cuando dejan el poder en la Argentina hay una narrativa que intenta ser equitativa y ponderada, condenando parejamente tanto a la subversión como al estado[1]. La investigadora argentina Marina Franco (2014) expone los puntos básicos de este enfoque binario llamado la teoría de los dos demonios:

“—la existencia de dos violencias enfrentadas: las guerrillas de izquierda y las Fuerzas Armadas actuando en nombre del Estado;

—la relación de acción/reacción entre las guerrillas y la represión estatal, es decir, la responsabilidad causal de la izquierda en el inicio de la violencia;

—la equiparación entre ambas violencias a partir de relaciones que van desde la equiparación de responsabilidades históricas hasta la equiparación por simetría de fuerzas y/o de métodos;

—la situación de exterioridad de la sociedad en ese conflicto, que es presentada como ajena, inocente o víctima de esa violencia.”

La derrota del bidemonismo argentino

Al igual que el discurso militar, esta teoría es derrotada ampliamente por una gran movilización de la sociedad argentina. ¿Por qué? ¿No es acaso cierto que los subversivos secuestraron gente y mataron? ¿No es cierto que explotaron bombas y mataron inocentes? ¿No dejaron víctimas? Todo eso es cierto y todos esos atentados son condenables. Pero todos esos delitos tienen un tratamiento bajo un estado democrático. Se captura a los responsables, se les juzga, se les condena. Nada de eso justifica que los agentes del estado secuestren, torturen, violen, desaparezcan y maten. Los agentes del estado tienen como función proteger a la ciudadanía y si hacen lo contrario a su mandato, son los principales responsables de graves delitos. Este mensaje democrático que cala en la ciudadanía argentina es inexistente en el Perú.

2. Transición sin justicia

La preexistencia antidemocrática

El principio democrático es inexistente en el Perú. Los partidos son de la oligarquía o se asimilan a ella, y coinciden en sus métodos represivos. Las reformas antioligárquicas que crean ciudadanía en otros países de la región, notablemente en Brasil, México y la Argentina, llegan tarde al Perú. Y cuando llegan, son acusadas de arruinar una idílica arcadia prevelasquista. La ciudadanía no es para las mayorías sociales.

La base electoral de la oligarquía

Exceptuando a Sánchez Cerro, la oligarquía no tiene base social, ni la necesita: excluye electoralmente a las mayorías sociales. Pero con el tiempo logra conseguirla en base a dos partidos: Acción Popular y el APRA. En los 1960s las reformas antioligárquicas se bloquean entre AP y el APRA. Sin Velasco, el APRA tal vez habría sucedido a AP. Lo que no ocurre en los 1960s sí ocurre en los 1980s, y se reedita en los 2000s en el postfujimorismo, con intermediarios para AP, y sin ellos para el APRA. Entre la derecha política oscurantista de siempre aupada a emprendimientos partidarios y sectores medios asimilados, a los sectores dominantes no les faltan partidos que le dan base electoral y congresal.

Los autoritarismos democráticos

Las tres décadas democráticas intercaladas de AP-APRA claro que son de represión impune. En masacres no son tan diferentes a las dictaduras. Es así desde Juliaca 1965 hasta los arequipazos y baguazos en los 2000s, pasando por las grandes atrocidades cometidas por el estado en la guerra contrainsurgente, principalmente en esos gobiernos democráticos más que en el fujimorismo. No viene de gratis que en la transición del fujimorismo al postfujimorismo no prevaleciera el tan simple principio democrático que los agentes del estado deben proteger y no hacerle daño a la ciudadanía. Es un principio epidérmico, sin arraigo histórico, incomprensible aún en el Perú. Mientras la Comisión de la Verdad investiga las muertes impunes de años anteriores el gobierno que la impulsó produce más muertes impunes.

Los dos demonios en el Perú

El gran avance de la democracia en el postfujimorismo es la Comisión de la Verdad y Reconciliación. A un discurso monocorde de unas fuerzas del orden gloriosas que salvan a la patria del terrorismo, se opone una narrativa oficial alternativa, basada en la producción académica de años anteriores. En las Conclusiones del Informe Final de la CVR se repiten uno a uno los puntos de “la teoría de los dos demonios” señalados por Marina Franco: dos violencias de aparatos armados enfrentados, exteriores a la sociedad, responsabilidad causal de la subversión en el inicio de la violencia, represión estatal como reacción a la acción subversiva. Lo más fuerte que dice la CVR sobre el estado es que hubo “prácticas generalizadas y/o sistemáticas de violaciones de los derechos humanos, que constituyen crímenes de lesa humanidad”. Esa constatación, a pesar de coexistir con exculpaciones, alabanzas y reconocimientos a los agentes del estado, le vale a la CVR el ataque frontal de esos agentes.

La comisión terruqueada

Acusar a la subversión de ser el iniciador y principal victimario numérico no le genera a la CVR la aceptación del estamento militar. Igual les tiran el informe por la cara. Acusarlos de violaciones a los derechos humanos es demasiado, se diga lo que se diga. Los militares y policías no ceden un milímetro en su narrativa autocomplaciente.

El fujimorismo supérstite

Aún caído y desprestigiado el fujimorismo también se aferra a su autoconstruida aura de heroísmo de salvar al Perú del terrorismo y la crisis económica. Los gobiernos posteriores le dan continuidad a sus políticas económicas y represivas. Aún así esos gobiernos están bajo permanente ataque del fujimorismo de segunda generación a través de su representación congresal, gremial, pero sobre todo mediática. Los sectores más derechistas en los 2000, entrando a los gobiernos para avanzar su agenda y a la vez atacándolos desde fuera, se van reconstituyendo hasta volver con evidente fuerza en la década siguiente.

El retorno fujimorista

La elección de Alan García y su vicepresidente Giampietri en 2006 es la antesala del retorno fujimorista. García gobierna con los sectores ultraderechistas, que siempre negaron o justificaron las masivas violaciones derechos humanos. La alternativa de Ollanta Humala, un veterano capitán sobre quien pesan acusaciones de violaciones de derechos humanos, no es tan diferente en este sentido. Los militares y civiles acusados de violaciones de derechos humanos pasan a ser figuras públicas que ocupan cargos de elección popular. ¿Qué más validación para las atrocidades que cometieron en el pasado?

3. La década restauradora

Keiko crescendo, la democracia decrescendo

Las tres últimas elecciones en que Keiko Fujimori pasa a segunda vuelta y pierde marcan el deterioro de las instituciones democráticas en el Perú. Acepta su derrota con Humala, no puede aceptar su derrota con Kuczynski y menos aún su derrota ante Castillo. A Humala no le hace mucha mella; el fujimorismo es mantenido a raya. Pero a Kuczynski le hace la guerra y ahí comienza el desmoronamiento de las instituciones surgidas de la constitución de 1993, en medio, además, de una notoria desaceleración económica. A medida que se fortalece el fujimorismo lo que había de democracia peruana se hunde en una crisis institucional y un juego de vacancias y disoluciones del congreso.

Terruqueo con ventilador

El fantasma chavista de los 2000s es sucedido en los 2010s por un fantasma senderista. Cualquier intento de activismo político pacífico contestario es leído como una semilla de terrorismo y cualquier llamado a la tolerancia es considerado una subestimación de un inminente peligro, cual el “son abigeos” de los años 1960s. El terruqueo surge en los años 2000s como arma arrojadiza para criminalizar a dirigentes sociales, perseguir por ideas, excluir electoralmente, negar derechos. El principio democrático de tolerancia y respeto a derechos fundamentales se ratifica como inexistente.

El terruqueo en la huelga magisterial de 2017

La ministra de educación no quiere hablar con el principal sindicato de maestros en huelga porque supuestamente opera para una organización terrorista. Así de claro. No lo recibe. Pero ocurre que en esa huelga la narrativa oficial va decayendo por la movilización de docentes que de todo el país se concentraron en Lima. Esa presencia en la capital evidencia un movimiento social de protesta y no una acción minoritaria radicalizada que pudiera ser simplemente desdeñada. Pedro Castillo surge como una figura pública que años después logra el salto de la movilización social a la movilización política, hasta llegar a la presidencia.

Los héroes de la democracia

En ese mismo año 2017 el congreso declara “Héroes de la democracia” a los comandos Chavín de Huántar y el ejecutivo al GEIN. Años antes esa denominación se refería a los caídos en la “marcha de los cuatro suyos” del 2000. El discurso militar de heroísmo sale a la palestra con sus segmentos supuestamente menos cuestionables, a pesar de que varios de esos comandos tienen acusaciones documentadas de haber participado de atrocidades cuando operaban en zonas de emergencia. En 2018 se plantea un proyecto de parque municipal en Lima, llamado también “héroes de la democracia”, impulsado por el congresista fujimorista Luis Galarreta en que se expresa el discurso de los militares. La democracia y el heroísmo en el Perú tienen rostro militar.

Voto contestatario-gobiernos continuistas

El fujimorismo cae entre protestas sociales, pero el siguiente gobierno es continuista. Humala cosecha el voto contestatario y desafía el statu quo en 2006, pero pierde con García que inicia la restauración del fujimorismo. Humala en 2011 capitaliza la imagen de contestatario de un lustro antes, pero igual hace continuismo. De nada sirve el voto contestatario que le define la elección: Kuczynski igual hace continuismo. En 2021 Castillo le gana a Keiko Fujimori, pero le hacen la guerra desde antes de asumir el mando presidencial hasta que se lo bajan. Cada movilización contestaria no sólo es desvirtuada con la ausencia de cambios sociales, sino que se añade algún candado más para evitar esos cambios. Avanza la movilización social, pero el sistema de cierra aún más. Queda un blindaje a prueba de cambios y desde luego una restauración del cantar de gesta militar sobre la reciente historia de violencia política en el Perú.

4. La restauración consumada

Elecciones antiterroristas, oposición antiterrorista

Las elecciones de 2021 son elecciones anticomunistas y antiterroristas. La dispersa derecha primero demuele a los aún más dispersos centros, confiándose en que no habría opción de izquierda de gobierno. En la segunda vuelta suelta su arsenal terruquero contra Pedro Castillo, pero pierde y nunca acepta ni su derrota ni al gobierno electo. Desde la vacancia de Vizcarra, el juego político en el Perú no es la oposición democrática, sino la oposición desestabilizadora. Castillo con su intento de golpe, más todos sus desatinos de gobierno, les acaba de dar la excusa que necesitan para sacárselo de encima. Con Dina Boluarte y Alberto Otárola vuelven a las derechas de siempre. Se vuelve a la normalidad, como diría Martín Adán ante el golpe de Odría de 1948.

El terrorismo de estado redivivo

Cuando el Almirante Jorge Montoya anuncia en marzo de 2022 “Si vacamos a Pedro Castillo, va a haber sangre, heridos y muertos”[2] y luego lo ratifica enfáticamente, no recurre a ninguna metáfora ilustrativa; simplemente describe lo que se viene. El régimen de Dina Boluarte entra a reprimir con sangre, heridos y muertos. Muertes anunciadas, más de una vez, ejecutadas banalmente y pasadas por alto con total impunidad. Ese es el retorno del terrorismo de estado, preparado tras dos décadas de blindajes, terruqueos, campañas psico-sociales, negación de hechos, revisión de la historia, criminalización de la protesta social y más.

La restauración del prevelasquismo: de la economía a la política

Con Fujimori vuelve el prevelasquismo en lo económico, mas no logra volver del todo en lo político. Con Boluarte y Otárola el poder fáctico está logrando volver al prevelasquismo también en lo político: total recorte de derechos ciudadanos a punta de muertes impunes con un sistema político copado, inexpugnable, que evoca en lo esencial al cerrado régimen oligárquico. Mismo modelo económico, mismo modelo político, ambos de exclusión. La “crisis de representación” tan estudiada por los politólogos es simplemente que gobiernen quienes perdieron las elecciones, y que lo hagan excluyente y dictatorialmente, como en tiempos oligárquicos. Hubo una arcadia de crecimiento económico y armonía social que es destruida por Velasco y Sendero y se tiene que volver a ella. En el Perú hubo un grupo desalmado que fue derrotado por las heroicas y gloriosas fuerzas del orden. Las denuncias de ciertos excesos son calumnias interesadas de terroristas, exterroristas o pro-terroristas, que en el fondo son lo mismo.

El terrorismo de Estado está de vuelta

Cuando se producen las primeras muertes de bala en Apurímac, Cusco y Puno, ya había un clima mediático de terruqueo, racismo y ninguneo social, no de algunos meses o años, sino de toda una historia. El régimen de Boluarte trata a la protesta como una asonada terrorista y la reprime inmisericordemente, como hicieron tantos regímenes previos.

Dina Boluarte vivía cautivada por el poema “Los nadies” del uruguayo Eduardo Galeano. Pues en su régimen los nadies son más nadies que nunca. No cuentan para nada. Disparos al cuerpo de gente que ni siquiera protestaba. Detención de un camión donde viajaban personas y ejecuciones fuera de toda acción de protesta. Intimidación a las familias de los caídos, desaparición de evidencias. Justificación de la represión mortal al más alto nivel oficial, que la gente que protestaba se mató sola en una avalancha, que murieron por balas dumdum que no usa la policía peruana, sino que vienen de los ponchos rojos de Bolivia. Negación de responsabilidades y acusaciones a subordinados.

En el Perú el terrorismo de estado tiene una historia en gobiernos democráticos y no democráticos. Era muy fácil que reemergiera en cualquier momento.

Fuente: Revista Ideele N°310