El mes pasado se celebró el Dia Mundial del Refugiado, fecha de conmemoración creada por las Naciones Unidades para honrar a todas las personas refugiadas que existen en el mundo. Este año se cumplen más de seis años desde que el Perú comenzó a recibir a las primeras olas de migrantes y refugiados provenientes de Venezuela para así convertirse en el segundo país con mayor cantidad de migrantes venezolanos en el mundo. Durante este tiempo, las percepciones sobre la migración han ido cambiando y, lamentablemente, los últimos resultados no son los más positivos.
La encuestadora Ipsos realizo un estudio a nivel global durante el Dia Mundial del Refugiado pasado para evaluar cuanto habían cambiados las percepciones en diversos países sobre este fenómeno y, en el caso peruano, se pueden evidenciar algunos retrocesos importantes. En principio, de todos los países encuestados a nivel global, el Perú cuenta con el mayor porcentaje de personas (78 %) que está de acuerdo con la siguiente afirmación: “La mayoría de los extranjeros que quieren ingresar a mi país no son refugiados. Ellos solo quieren venir acá por razones económicas o para aprovechar nuestros servicios de bienestar”. A nivel regional, las poblaciones encuestadas de Chile y Colombia solo alcanzaron a coincidir con esta afirmación en un 69 % y 64 % respectivamente. Para el caso peruano, esta cifra puede implicar muchas cosas, pero principalmente vemos que existe un desconocimiento sincero sobre lo que implica ser un refugiado según la normativa internacional. En parte, esto se puede deber también al tratamiento político y la cobertura mediática que ha recibido la crisis migratoria y de refugiados venezolana, que ha destacado principalmente la calidad de migrantes extranjeros de las más de un millón y medio de personas que actualmente residen en el Perú.
En otra parte de la encuesta, al ser preguntados si están de acuerdo con la siguiente afirmación: “Los refugiados harán mayor o menor los niveles de criminalidad en el área donde vive”, el Perú nuevamente lidera esta consulta con un 78 % que considera que la presencia de personas refugiadas si incrementaría los niveles de criminalidad de su lugar de residencia. En la primera mitad del año, hemos visto como la viralización de delitos y crímenes cometidos por personas venezolanas en el país ha tenido un efecto importante en la percepción de la población de acogida sobre el fenómeno migratorio. Muchos de los casos cubiertos por la prensa, más allá de lo condenable de los hechos, han sido replicados por medias locales y nacionales ad infinitum, lo que seguramente ha tenido un impacto en los cambios de percepciones. Si bien es un hecho innegable que la criminalidad extranjera existe y es perjudicial, no se debe olvidar que esta también perjudica a las personas migrantes y extranjeras. Incluso llegando a perjudicar principalmente a esta población en el caso de algunas dinámicas delictivas en particular que vamos a señalar a continuación.
El aumento de la trata de personas
Con la llegada masiva de migrantes venezolanos a Perú, ha habido un aumento en la trata de personas. Grupos criminales se han aprovechado de la situación vulnerable de los migrantes para someterlos a condiciones de explotación sexual. Los casos de trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que son víctimas de explotación sexual y trabajo forzado han reportado aumentos considerables en el último año. Según cifras del Ministerio Publico, para el 2022, del total de víctimas extranjeras de trata en el país, el 85 % eran principalmente mujeres venezolanas.
El incremento del trabajo sexual callejero irregular también da cuenta de esta situación. Los casos de asesinatos de trabajadoras sexuales por integrantes de bandas delictivas permiten entender cómo estas organizaciones criminales han visto conveniente el cobro de cupos y el control territorial de espacios donde se ejerce esta práctica que existe en medio de niveles altísimos de informalidad.
Aumento de la delincuencia y la inseguridad
El flujo masivo de migrantes venezolanos ha llevado a un aumento en la delincuencia y la inseguridad en algunas áreas de Perú, pero no necesariamente porque, como señalan algunos sectores, existe una correlación directa entre migración y delito. En realidad, la presencia de amplios bolsones de población migrante, que a menudo carecen de redes de apoyo y conocimiento local, ha hecho que estos se conviertan en objetivos fáciles para los delincuentes. Han surgido casos de robos, extorsiones y otros actos delictivos contra los migrantes, lo que ha generado un clima de inseguridad en algunas comunidades. Esta afirmación no intenta opacar el hecho de que definitivamente existen personas migrantes inmiscuidas en actividades delictivas y redes criminales en el país, pero definitivamente no podemos basarnos en generalizaciones y/o sentidos comunes que intentar difundir los medios de comunicación. Por ejemplo, según el estudio El Fenómeno migratorio venezolano y la percepción de inseguridad en Lima Metropolitana realizado por el Ministerio Público y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las denuncias a personas venezolanas registradas en las dependencias policiales son mínimas respecto al total de denuncias (0.4% de 299,541 denuncias en 2020).
Tráfico de drogas y contrabando
La crisis migratoria también ha facilitado el tráfico de drogas y el contrabando en la región. Los grupos criminales han utilizado la desesperación de los migrantes venezolanos para reclutarlos como “mulas” para transportar drogas y bienes ilegales a través de las fronteras. Esta actividad ilícita ha contribuido a un aumento en la violencia y ha generado preocupaciones sobre la seguridad y la estabilidad en algunas áreas de Perú. Los traficantes de drogas a menudo buscan personas dispuestas a transportar drogas a través de las fronteras sin levantar sospechas. Estas personas pueden ser engañadas o coaccionadas para transportar drogas ocultas en sus pertenencias o en su cuerpo, ignorantes de los riesgos que esto conlleva.
Las mismas rutas migratorias utilizadas por los migrantes venezolanos para llegar a Perú pueden ser utilizadas por grupos criminales para el contrabando de bienes y mercancías ilegales. La odisea de miles de migrantes que cruzan el Tapón del Darién, por ejemplo, oculta como cientos de estos son aprovechados para suministrar servicios a lo largo de la cadena del narcotráfico que pueden ir desde la recolección de la hoja de coca hasta el transporte por fronteras de los derivados químicos de la misma como la cocaína.
A su vez, esto ha llevado a un incremento en las luchas territoriales entre grupos criminales y la competencia por el control de las rutas de tráfico de drogas que pueden generar situaciones peligrosas para los migrantes y las comunidades locales que residen en esas áreas. El caso de la frontera norte entre Tumbes y Huaquillas, y de las bandas criminales que se han organizado en torno al tráfico de personas allí, pero también el narcotráfico es prueba de ello.
Explotación infantil y mendicidad
La crisis migratoria ha llevado a un aumento en la explotación infantil y la mendicidad. Muchos niños migrantes venezolanos se han visto obligados a trabajar en condiciones peligrosas y de explotación para ayudar a sus familias a sobrevivir. Además, algunos migrantes han recurrido a la mendicidad como una forma de obtener ingresos, lo que ha llevado a un aumento en la presencia de niños y adultos mendigos en las calles de las principales ciudades de Perú.
En distintas ciudades del país como Tumbes, Piura y Lima, la policía y las autoridades locales han logrado desarticular a grupos de personas que explotaban laboralmente a menores de edad en situación de calle para que se dediquen al comercio ambulatorio y/o a pedir apoyo económico en las calles. En algunos de estos casos, también habría organizaciones criminales que estaban detrás de estas actividades.
La nueva caja de Pandora
La mayoría de los gobiernos de la región ha visto conveniente endurecer sus discursos y políticas para afrontar los nuevos fenómenos delictivos y criminales que, hasta cierto punto, podrían ser considerados derivados de la crisis migratoria que afronta Latinoamérica. No obstante, en muchos de estos casos, el enfoque ha ido dirigido principalmente a contener los flujos migratorios y/o propagar discursos securitistas y de “mano dura” que no resuelven los problemas de fondo.
Como hemos podido ver en las dinámicas delictivas y ejemplos que hemos señalado en este texto, las organizaciones criminales han visto un gran potencial para sus actividades en la crisis migratoria y de refugiados proveniente de Venezuela. Sobre todo, han demostrado una gran capacidad para adaptar sus actividades a los flujos migratorios, dinámicas fronterizas y espacios de informalidad. Las soluciones propuestas por gran parte de los gobiernos latinoamericanos, como la militarización de las fronteras, solamente han llevado a que las organizaciones criminales se fortalezcan al convertirse en la única alternativa disponible para la población migrante y refugiada que busca todo lo que parece negárseles de otra manera: un ingreso seguro a sus países de destino, así como inclusión económica y social. La explotación criminal de la crisis migratoria va ganando terreno ante la incapacidad de nuestros gobiernos de proponer soluciones tangibles. Es momento de cambiar.
Fuente: Revista Ideele N°310 Julio-Agosto 2023
