Pedro Castillo Terrones, el maestro rural y candidato a la presidencia de la izquierda radical, ha sido finalmente proclamado nuevo presidente del Perú después de 43 días de prolongado e innecesario suspenso desde el día de la elección. La inédita demora del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en anunciarlo se debió a la impugnación de más de ochocientas actas de votación, además de una serie de pedidos de nulidad y apelaciones judiciales, presentados por el partido conservador Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. La hija mayor del dictador Alberto Fujimori, ve frustrado por tercera vez consecutiva su intento de ser la primera mujer en presidir el país.
Desde el 7 de junio, al día siguiente del balotaje que enfrentó a ambos aspirantes, luego de que se difundieran resultados preliminares favorables a Castillo por una estrecha ventaja de votos, Fujimori denunció “irregularidades” y aseguró que se había producido un “fraude sistemático”. Tras el anuncio oficial del triunfo de Castillo, Fujimori calificó la decisión del JNE de “ilegítima” y aceptó los resultados a regañadientes arguyendo que “es lo que manda la ley y la Constitución”, pero añadió que la verdad va a terminar de salir a la luz y que su defensa “recién comienza”. Incidentes violentos registrados en las últimas semanas en Lima, que incluyeron una frustrada toma del Palacio de Gobierno al peor estilo de lo ocurrido en Estados Unidos en enero, llevan a pensar que la oposición violenta a Castillo continuará. Lo dicho por nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa, hace casi dos semanas desde Madrid refuerza esa impresión: “Todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado”.
La preocupación principal ahora está puesta en el proceso de transición de mando. Pedro Castillo aún no ha adelantado quiénes integrarán su primer gabinete, aunque se da por descontada la presencia de figuras cercanas a Juntos por el Perú, partido de la izquierda menos extremista.
Su convocatoria necesita ser más amplia para merecer el respaldo inicial de las fuerzas políticas representadas en el parlamento y obtener la confianza de la clase empresarial. Es clave que el primer ministro sea una persona con credibilidad y capaz de sentarse a negociar con todas las bancadas en el Congreso, y de ofrecer un contrapeso a la improvisación e inexperiencia de Castillo
Una expectativa similar despierta la elección del próximo ministro o ministra de Economía, cuya misión es alcanzar la meta proyectada de un incremento del 10 por ciento del producto interno bruto en 2021 y un promedio de 4,5 por ciento de alza hasta en 2024. Si esa recuperación se concreta en los plazos previstos habrá mejor chance de combatir el otro gran problema con que se encuentra Castillo: el aumento de la informalidad laboral, que llegó a 77 por ciento, entre abril de 2020 y marzo de este año, afectando a más de 11 millones de trabajadores.
El único ministerio que parece tener ya un nuevo jefe es el de Salud, con el diputado Hernando Cevallos como ministro. De él dependerá que el proceso de vacunación mantenga su buen ritmo: un avance que atenúa pero no cura el dolor de ser el país con la mayor tasa de mortalidad por la covid del mundo con más de 195.000 muertos.
Como presidente, Castillo tendrá la enorme oportunidad de conducir un cambio responsable, pero debe reconocer la precaria legitimidad con que inicia su gestión y la urgencia de reconciliar a una sociedad que se encuentra dividida y desintegrada después de una campaña agotadora que normalizó prejuicios racistas y discursos agresivos.
Las reuniones de Castillo con diferentes actores políticos y algunas declaraciones significativas, como el pedido para que Julio Velarde continúe como director del Banco Central de Reserva, insinúan un desplazamiento hacia el centro que contrasta con su insistencia en ofrecer a sus bases partidarias la reescritura de la Constitución de 1993. Esa propuesta, imprescindible para los peruanos que llevan años reclamando nuevas políticas de Estado que les permita tener acceso a servicios básicos, provoca pánico en los sectores de clase media y alta, que ven en el discurso del maestro rural una amenaza directa al modelo neoliberal vigente. Para ese grupo, la posible instalación en el Perú de un proyecto socialista émulo de los modelos venezolano o cubano representa la más tormentosa pesadilla. Castillo debe ser enfático, dejar de lado las ambigüedades y liderar una reforma parcial de la Constitución con la que mayoría está de acuerdo en lugar de la escritura de una nueva Carta Magna.
En este punto dos corrientes de opinión entran en juego: la de quienes piensan que Castillo debe persistir en su plan radical original —promover un cambio social sin ceder a chantajes políticos conservadores en nombre de la “gobernabilidad— y la de quienes recomiendan un equilibrio entre la fidelidad a las promesas hechas a sus partidarios y la urgencia de resguardar la estabilidad política.
Parte de ese resguardo implica no solo cumplir el juramento democrático de no permanecer en el poder más allá de 2026, sino marginar de su entorno, ahora sí, al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, sentenciado por corrupción en 2019 por su gestión como gobernador de la región Junín, y supuestamente involucrado con una mafia vinculada con Perú Libre.
El próximo 28 de julio, el día de la juramentación presidencial, el Perú cumplirá 200 años como república independiente. El momento no puede ser más importante ni la postal más simbólica: un exlíder sindical que representa al Perú más olvidado, asumirá el mando. Su éxito como gobernante será el éxito del país entero.
Solo si don Pedro asume el desafío de gobernar para todos, incluido por supuesto el 49.8 por ciento que no apostó por él en la segunda vuelta, logrará escribir, con el lápiz, su símbolo de maestro, una página importante en la historia del Perú. De lo contrario, su ciclo presidencial, como ha ocurrido ya con sus antecesores, podría verse tempranamente interrumpido.
