Las recientes modificaciones aprobadas por la Comisión de Constitución del Congreso para regular el financiamiento de campañas electorales han encendido el debate público. Aunque presentadas como medidas para “formalizar” y “transparentar” los aportes privados, estas decisiones pueden significar un paso atrás para la democracia peruana al priorizar los intereses de las élites económicas sobre el bienestar colectivo.
La trampa de los aportes privados: ¿quién controla las campañas?
Permitir que las empresas privadas aporten hasta 500 UIT por año a partidos políticos no es solo un cambio administrativo, sino una potencial herramienta de concentración de poder. En un país con grandes desigualdades económicas, esta medida consolida la influencia de los sectores económicamente más poderosos sobre el proceso electoral, dejando a los candidatos y movimientos políticos con menor acceso a recursos en desventaja.
La experiencia histórica y regional muestra que los aportes empresariales suelen estar condicionados a intereses particulares. ¿Qué garantías tiene el electorado de que las leyes y políticas no serán moldeadas para beneficiar a quienes financiaron las campañas? El riesgo de convertir a los partidos en plataformas al servicio de los intereses privados es una amenaza seria para una democracia representativa.
Aportes anónimos: el velo que oculta el poder
La inclusión de mecanismos para realizar aportes anónimos a través del Banco de la Nación genera inquietud. Aunque sus defensores argumentan que la confidencialidad evita presiones indebidas, la falta de transparencia debilita la rendición de cuentas. En una democracia sólida, es esencial que el origen de los fondos de campaña sea completamente público y auditable.
La confidencialidad de los aportes podría facilitar la infiltración de dinero ilícito y abrir espacios para la corrupción. Esto contradice los principios de transparencia que deben guiar el financiamiento político y erosiona la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Sanciones insuficientes: un incentivo para el incumplimiento
El nuevo esquema de sanciones es alarmante. Establecer que los partidos que no declaren aportes o falseen montos enfrenten únicamente sanciones administrativas, y no penales, debilita el marco normativo. Esta laxitud normativa fomenta un clima de impunidad, donde las irregularidades en el financiamiento de campañas no tendrán consecuencias significativas.
El impacto en la competencia electoral
Estas nuevas reglas exacerban las desigualdades en la competencia política. Los candidatos con acceso al financiamiento empresarial tendrán más recursos para campañas publicitarias y actividades proselitistas, mientras que los movimientos populares y los independientes enfrentarán barreras casi insuperables. Esto reduce la diversidad de opciones políticas y refuerza un sistema donde el éxito electoral depende más del dinero que de las ideas.
Un llamado a la reflexión
En lugar de promover una democracia más inclusiva y participativa, las nuevas reglas parecen diseñadas para consolidar un sistema político al servicio de las élites económicas. Es urgente repensar el modelo de financiamiento político para garantizar igualdad de condiciones, transparencia y rendición de cuentas.
Propuestas como el financiamiento público de campañas, límites estrictos al gasto electoral y auditorías ciudadanas son esenciales para preservar la integridad del sistema electoral. Sin estas reformas, el Perú corre el riesgo de retroceder hacia una democracia capturada por intereses privados, donde las decisiones políticas se tomen en función de los recursos y no del bien común
