Mañana, el sector del transporte en Perú se paralizará en una huelga que no solo busca visibilizar la creciente amenaza de la extorsión, sino también lanzar un llamado de alerta a toda la sociedad. Si bien en esta ocasión los transportistas han tomado la iniciativa, el fenómeno delictivo de la extorsión no se limita a ellos. Pequeños comerciantes, bodegueros y empresarios también son víctimas constantes de estas mafias que han encontrado en la vulnerabilidad económica de los sectores productivos una fuente lucrativa de ingreso ilícito.
Este nuevo tipo de extorsión no discrimina. Desde el transporte público y de carga, hasta los pequeños negocios de barrio, las bandas criminales operan exigiendo pagos a cambio de “protección” bajo amenazas de violencia o represalias. Y mientras los transportistas han decidido salir a las calles para protestar, la realidad es que el impacto de este delito afecta a toda la población. Por eso, este paro debería ser una llamada de atención no solo para el gobierno, sino también para la ciudadanía en su conjunto.
La permisibilidad y complacencia por parte de las autoridades han permitido que este flagelo se extienda. El estado ha mostrado una incapacidad evidente para enfrentar el problema, lo que ha llevado a que el crimen organizado tome fuerza y se asiente en diversas regiones del país, con Lima como epicentro de estas operaciones. Las protestas de los transportistas deben servir como un punto de partida para que toda la población se sume a esta lucha. No podemos dejar solos a los transportistas que hoy sienten en carne propia los efectos de la extorsión.
Es hora de que todos los sectores se unan en un frente común contra este delito. Las pequeñas empresas, los mercados locales y cada ciudadano que ve amenazada su seguridad o la de su negocio, deben entender que la lucha contra la extorsión no puede ser fragmentada. Si bien los transportistas alzan la voz ahora, la problemática afecta a todos y es momento de que las protestas sean contundentes y masivas, con el fin de presionar a los que tienen el poder de decisión.
El gobierno, los alcaldes distritales y el alcalde de Lima no pueden permanecer indiferentes. Es responsabilidad de las autoridades proteger a la ciudadanía, pero la inacción ha permitido que este delito importado eche raíces en el país. La pregunta ya no es si pueden o no hacer algo, sino si realmente quieren enfrentar el problema.
Es momento de dejar de lado la indiferencia y exigir una respuesta efectiva. El silencio y la falta de acción solo fortalecen a los delincuentes. Las marchas y protestas deben crecer, sumar voces, y ser lo suficientemente fuertes para obligar a la política a reaccionar, a que se adopten medidas reales y efectivas que frenen el avance de la extorsión en el país.
La seguridad no es solo una preocupación de los transportistas, es una responsabilidad compartida que afecta a todos. Si el crimen organizado se establece en el país, se corre el riesgo de que cualquier persona o sector económico se convierta en blanco de la extorsión. Es ahora cuando la sociedad debe unirse para evitar que el delito tome cuerpo y controle la vida económica y social del Perú.
Es urgente actuar, no solo para detener la extorsión en el transporte, sino para evitar que este delito se perpetúe y crezca.
